El derecho a no gustar a la Policía

PalmaUn lunes cualquiera, en un aula de una escuela de Primaria cualquiera, en un pueblo de Mallorca cualquiera, agentes cualesquiera de uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, enseñan a los niños las bondades de su trabajo. Algunos llevarán perros, para que puedan acariciarlos, otros les explicarán que su misión es protegerlos.

Primera clase práctica de disonancia cognitiva de alguno de los niños que han asistido a estas sesiones: la manifestación del pasado 26 de julio en Ciutat contra el modelo turístico. Allí, con los ojos como platos, ven en directo cómo todo aquello que les habían explicado aquellos agentes cargados de buenas intenciones y bromas para intentar meterlos en el bolsillo, se desvanece. Qué cosas tienen estos adultos.

Las imágenes grabadas con teléfono móvil de la agresión desproporcionada de la Policía Nacional contra un joven aficionado del Barça este domingo en las inmediaciones del campo del Elche nos recuerdan demasiado las cargas del mismo cuerpo policial español hace justo un mes en Palma. Más o menos, y vistas las imágenes, el patrón es inquietantemente similar: expresiones políticas perfectamente legítimas acaban provocando una respuesta policial que las imágenes difícilmente permiten justificar. Dicho de otra manera: ciudadanos tratados como una amenaza no por lo que hacen, sino por lo que representan.

En ambos casos, el de Elche y el de Palma, se han anunciado investigaciones internas por parte de las respectivas delegaciones del gobierno español. Hoy día –un mes después de los hechos– la Delegación del gobierno estatal en las Illes Balears todavía no ha hecho público ningún resultado en relación con estas pesquisas.

Los casos no son aislados y hacen pensar en una cultura policial que merece ser examinada y en indicios de un problema estructural. Se suceden los casos en que la maquinaria del Estado se pone en marcha para aleccionar a la gente que considera que se ha situado en la parte equivocada de la Historia. Llevar una estelada: mal. Ser crítico con el modelo turístico: mal. Tener un cierto posicionamiento político o ideológico: mal.

Breve recopilación no enciclopédica: las cargas del 1 de octubre de 2017 en Barcelona contra abuelas peligrosísimas que llevaban una papeleta en la mano. Las detenciones con grilletes a dos mujeres que habían hecho pintadas en cinco inmobiliarias de Santa Maria, registros y una actuación cuestionable. Las cargas de los antidisturbios contra el movimiento del 15-M en Palma el año 2011 y que dejaron una veintena de heridos. Los lanzamientos de gases lacrimógenos por parte de la Guardia Civil en Felanitx el año 2011, que llevaban por arma una quica disecada y un palio remendado. La intervención desproporcionada de la Policía Nacional y la Policía Local de Valencia contra los vecinos del barrio del Cabanyal el año 2010, que querían evitar el derribo de edificios de la barriada. Las persecuciones, detenciones y cargas durante la Primavera valenciana del año 2012, que denunciaba los recortes en la educación pública. En este último caso, el jefe superior de Policía llegó a referirse a los manifestantes como el enemigo. El enemigo eran alumnos menores de edad, o sea, niños, que pedían aulas en condiciones, calefacción o, simplemente, poder ir al váter de la escuela y encontrar allí papel higiénico.  

Y acabamos. Recordemos también el caso Confeti, que resuena también en este hilo: “No se causó ningún tipo de daño o perjuicio (...). Nadie formuló reclamaciones de ningún tipo. No se alteró la paz pública (...) y, sobre todo, no se ejecutó ningún acto de violencia de ningún tipo”, remarcaba la sentencia, que acabó con la absolución de todos los encausados, para los cuales la Fiscalía pedía 29 años de prisión. Y aquí el problema se agrava cuando la respuesta del Estado convierte protestas pacíficas en causas que se alargan durante años.  

Tenemos un grave problema social si los cuerpos y fuerzas de seguridad demasiado a menudo muestran signos de incapacidad para aplicar los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad ante manifestaciones o acciones pacíficas que, por lo que se desprende de múltiples actuaciones, les contrarían. Su función o actuación no puede variar en función de la simpatía hacia la expresión ideológica que presupone a la ciudadanía.  

Ya sabemos que el artículo 104 de la Constitución Española dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán por misión proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades y garantizar la seguridad ciudadana. También sabemos que la Ley orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad establece que estos deben actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, religión u opinión. Sabemos también que esta misma ley dice que deben mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. Y aquí está la grieta que permite justificar lo injustificable. Pero el debate no es si la actuación de la Policía, en general, nos gusta o no, sino que debe responder a unas obligaciones democráticas.  

A mí me puede molestar e incluso ofender que cada vez más policías luzcan pulseras con la bandera española, pero no puedo ni debo hacer nada. Por el mismo caso, a un agente le puede ofender que un aficionado del Barça lleve una estelada, y en un estado democrático y de derecho, tampoco debería poder hacer nada porque, en democracia, sentirse ofendido no habilita a nadie –y menos aún a quien ejerce la autoridad– a restringir derechos.  

La ciudadanía tiene derecho a no gustarle a la Policía. Tiene derecho a expresar ideas que la incomoden o contraríen, porque su función no es decidir qué opiniones son aceptables, sino garantizar que todas se puedan expresar dentro de los límites democráticos. 

Que los ecos grises de tiempos pasados no tan lejanos no enturbien los principios democráticos fijados por una Constitución, paradójicamente, tantas veces reivindicada.