Cala Castell: un intento de privatizar la costa

PalmaEl GOB ha presentado alegaciones contra la solicitud de concesión administrativa presentada por la empresa Menani SA para legalizar una terraza, una caseta guarda-bots y una escalera en Cala Castell (Pollença), a raíz del anuncio aparecido en el BOIB núm. 137 de 16 de octubre de 2025. La entidad alerta de que estas obras ya existen y provienen de antiguas concesiones extinguidas hace casi treinta años, lo que obliga legalmente a retirarlas del dominio público marítimo-terrestre.

Según la Ley de costas y su reglamento, una vez termina una concesión, la Administración debe decidir si mantiene o demole las instalaciones. En este caso, no consta ninguna decisión administrativa, lo que implica, por imperativo legal, que debía optar por la eliminación. Por tanto, no se puede tramitar ninguna nueva concesión sobre unas obras que debían haber sido retiradas.

El GOB también denuncia que la tramitación de esta concesión incumple el principio de concurrencia pública, ya que la ley obliga a convocar un concurso cuando se pretende autorizar el uso privativo del DPMT. Esta obligación ha sido confirmada reiteradamente por la jurisprudencia, incluida una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2021. -BK_SLT_LNA~ Además, las instalaciones existentes no cumplen la Ley de costas, ya que no son necesarias para ningún uso que requiera estar en dominio público y constituyen una privatización injustifica. También vulneran la normativa ambiental y urbanística, dado que se ubican en una Zona de Exclusión del PORN de la sierra de Tramuntana, donde cualquier edificación o uso residencial/lucrativo está absolutamente prohibido.

El proyecto presenta, además, graves defectos técnicos, como el uso de planos obsoletos, incoherencias cartográficas y la inclusión de una segunda caseta que nunca había sido autorizada. Las obras generan un impacto paisajístico severo, representan una privatización injustificada del litoral e incumplen la normativa urbanística del PGOU de Pollença y el Plan territorial de Mallorca. También es falso que las casitas tengan valor patrimonial alguno, ya que no disponen de ninguna declaración BIC y están construidas con materiales modernos.

Con todo, fuentes del GOB piden que no se otorgue la concesión solicitada por Menani SA y que se proceda a la demolición y retirada de todas las obras existentes en el DPMT y en sus servidumbres, para regresar al estado natural del litoral.

Fuentes de la entidad ecologista recuerdan que la costa es "un bien público que debe ser preservado para el disfrute de todos y que tolerar empleos ilegales consolida un modelo de degradación del litoral contrario a la ley y al interés general".