La caja de bombones pone las golondrinas bajo sospecha

PalmaUna caja de bombones con 20.000 euros y una tarjeta de visita. Este ‘regalo’ de un empresario de las conocidas golondrinas y que ya investiga la Policía Nacional ha puesto al descubierto el enorme negocio que mueven las excursiones turísticas del litoral y la pugna que existe en diversos puntos de la costa para conseguir una autorización administrativa, imprescindible para cargar y descargar turistas. Igualmente, la histórica dejadez administrativa en algunos puntos donde millones de personas suben y bajan de las embarcaciones, que se encuentran sobre dominio público en muchos casos. También con expedientes incompletos, autorizaciones que, según técnicos consultados, “no cuadran” y la mediación de ayuntamientos que, como es el caso de Son Servera, también acumulan sentencias judiciales en contra por haber consentido, por ejemplo, “la privatización de un embarcadero en terreno público”, según dice la sentencia.

El administrador de la empresa Naviliers Bennàssar, Antoni Bennàssar, confirmó a l’ARA Balears que él es el único administrador de la sociedad y que “jamás habría consentido” que su hermano se presentase a la Conselleria de la Mar i el Cicle de l’Aigua con una caja donde había dinero dentro, y la dejase a la directora general. De momento, lo que sí que ha provocado el caso de la caja de bombones es que se inicie una investigación en profundidad de los hechos, que incluso podría ir más allá. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a l’ARA Balears que la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional (UDEF) ha pedido a la Conselleria del Cicle de l’Aigua i la Mar “más documentación correspondiente a los expedientes de las operaciones en el pantalán de Cala Millor”.

La Policía revisó las cámaras de seguridad de la Conselleria para identificar a la persona que había introducido la caja de bombones y se llevó copias de las grabaciones. Los investigadores quieren comprobar las autorizaciones administrativas de las que disponen, y eso ha generado preocupación en la compañía y en el sector, muy importante en el negocio turístico isleño.

Dos millones de turistas

El sector de las excursiones marítimas turísticas en las Baleares –las populares golondrinas– mueve cada año cerca de dos millones de pasajeros y está en manos de una cuarentena de empresas que operan más de 60 embarcaciones, según datos oficiales. Es un sector plenamente integrado dentro del modelo turístico balear, con rutas que recorren calas, puertos y enclavamientos de alto valor paisajístico, especialmente en Mallorca y en el corredor Ibiza-Formentera. Esta actividad, según cálculos del sector, mueve más de 100 millones de euros cada año en las Islas, pero también tiene conflictos en que los intereses económicos chocan con la gestión pública con sombras y, sobre todo, dejadez histórica.

El funcionamiento del negocio depende de un elemento clave: el acceso al dominio público marítimo-terrestre. Las empresas necesitan autorizaciones para instalar casetas de venta de tiques, puntos de atraque y zonas de anclaje. Sin los permisos no pueden operar. Esto hace que cada concesión sea un activo de gran valor, especialmente en zonas de alta afluencia turística.

“Esta dependencia ha generado una competencia intensa, a veces con situaciones irregulares consentidas durante años, como puntos de venta en lugares de dominio público sin permiso y embarcaderos hechos por las empresas sin autorización. Mientras no hubiera mucho conflicto, el Estado miraba hacia otro lado”, dice un técnico conocedor de la situación que pide el anonimato.

El caso de Cala Millor –no es ni mucho menos el único– acumula un historial de enfrentamientos entre las empresas operadoras, con acuerdos privados con el Ayuntamiento de Son Servera para operar un pantalán en dominio público que la Justicia condenó y conflictos breves por una caseta de venta de tiques. “Estar colocado cerca del embarcadero es clave porque así vendes tú la excursión y no la competencia”, señala un técnico consultado por el ARA Balears. Por este motivo, Costas tuvo que mediar durante años entre la empresa Naviliers Bennàssar y Creuers Illa Balear, hasta el punto de decretar “la alternancia anual para ocupar el mejor punto de venta. Un año se ponía una empresa y al año siguiente, la otra”, explica una fuente empresarial.

Este acuerdo también acabó con enfrentamientos y con reproches entre las compañías que llegaron a la Administración. “Había una decisión salomónica, pero el cambio de delegado de Costas –cuando todavía las competencias eran estatales– provocó que se rompiera la alternancia y la competencia feroz volvió a estallar”, recuerda un técnico.

Todo ello pone al descubierto las tensiones entre las empresas que intentan atraer a los turistas a su embarcación. En algunos casos “ni tan solo se ponen de acuerdo en los horarios, porque lo más lógico sería que fueran complementarios”. “Pero según qué embarcaderos se dan situaciones ridículas de una barca esperando y presionando a la otra que también recoge a los clientes”, confirma Joan, extrabajador de una compañía del norte de Mallorca. Estas empresas se disputan los mismos espacios y “en los momentos intensos de temporada alta hay nervios”. “Mueven mucho dinero, más de lo que podemos imaginar, y eso se nota”, destaca Joan.

El expediente del pantalán de Cala Millor, consultado por el ARA Balears, confirma que “no cuadran los elementos autorizados en dominio público con los que se solicitaron”. “Un nuevo ejemplo de cómo ha funcionado de mal Costas. El problema viene de muy atrás”, lamenta el técnico.

Palma redibuja el negocio

En Palma se produce un cambio de rumbo del sector de las golondrinas. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de las Baleares decidió convocar un concurso público para gestionar la terminal de Tránsito Local –el muelle de las golondrinas–, una concesión que incluirá los amarres y dos puntos destinados al futuro Bus Náutico.

han sido sancionadas por comportamientos vinculados a su actividad. Residuos, música a todo volumen incluso dentro de espacios naturales y mucho alcohol.

La Autoridad Portuaria ha actuado contra esta realidad y el nuevo operador del espacio solo podrá acoger “embarcaciones de transporte de pasajeros (lista segunda). Las conocidas party boats serán excluidas”, explican fuentes de la Autoridad Portuaria sobre las bases del concurso. Además, el concesionario deberá asumir obligaciones nuevas: desde la programación de actividades culturales y familiares a medidas ambientales y la integración del servicio público de Bus Náutico.

Las cifras explican en parte este giro. Actualmente, en el muelle de Palma operan 18 embarcaciones con una facturación estimada conjunta que puede llegar a los 20 millones de euros anuales. En cambio, las tasas portuarias abonadas hasta ahora son muy reducidas en comparación con este volumen de negocio. El nuevo concurso fija una tasa de ocupación mínima de cerca de 192.000 euros anuales, además de un 4% sobre la actividad.

La reforma de la Autoridad Portuaria responde a “la necesidad de ordenar la actividad, mejorar la convivencia con los residentes y ajustar el retorno económico del dominio público”. Para el sector, el cambio abre incertidumbres. La concentración en un solo operador puede dejar fuera a empresas históricas y alterar completamente el mapa del negocio.

Los ‘party boats’, la cara más oscura

El fenómeno de las llamadas party boats –embarcaciones turísticas que combinan excursiones marítimas, música, alcohol y ambiente festivo– es la cara más oscura del negocio de las golondrinas. Se han consolidado los últimos años como una de las derivadas más controvertidas del turismo en las Baleares y a pesar de la lucha de algunas administraciones por combatir la venta de alcohol y, sobre todo, el ruido. Pero no se ha conseguido ni de lejos poner fin a este hecho.

Ibiza es el principal epicentro del fenómeno. Diversas empresas de party boats han sido sancionadas por comportamientos vinculados a su actividad. Residuos, música a todo volumen incluso dentro de espacios naturales y mucho alcohol.