Avícola Ballester emprenderá acciones legales contra las entidades animalistas que han denunciado la granja de Mirabò

ARDE y Satya Animal han pedido a la Conselleria de Salud que retire del mercado los huevos de esta explotación de Mirabò y que emita una alerta sanitaria

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La granja de Avícola Ballester en Manacor.
21/10/2026 - 15:55 h

ManacorAvícola Ballester presentará acciones legales contra ARDE y Satya Animal, las entidades que han denunciado ante la Fiscalía las condiciones de las gallinas de la explotación de Mirabò, en Manacor. La empresa rechaza las acusaciones y sostiene que no se ha acreditado que las imágenes difundidas por las entidades se hayan grabado en la granja. Según su versión, corresponde a las denunciantes demostrar su procedencia y la geolocalización.

La Consejería de Agricultura inspeccionó este martes la explotación, horas después de hacerse pública la denuncia de los animalistas. Fuentes de la empresa afirman que los inspectores también visitaron las otras dos granjas de la empresa y que “no encontraron nada anómalo” ni ningún incumplimiento. El Gobierno había confirmado que había enviado técnicos a Mirabò y que valoraría si las imágenes podían justificar la apertura de expedientes administrativos.

La empresa asegura que las imágenes no son “plausibles” como prueba de lo que ocurre en Mirabò y cuestiona el hecho de que se hayan obtenido de manera clandestina. Sostienen que, para entrar a las naves, hay que pasar por un punto de desinfección y ponerse ropa de protección, y afirman que una entrada sin respetar los protocolos podría comprometer la bioseguridad de la explotación.

ARDE y Satya Animal, en cambio, afirman que las imágenes se grabaron en las naves de Mirabò durante una investigación realizada en julio. Las entidades denuncian allí gallinas muertas en descomposición, animales heridos, huevos con ácaros y una presencia elevada de insectos. Han trasladado los hechos a la Fiscalía y a la Consejería. Con todo, fuentes de la empresa aseguran no tener constancia de que la denuncia haya llegado a la Fiscalía y consideran que las acusaciones forman parte de una campaña de presión vinculada al proyecto de Son Brau, que prevé construir dos naves con capacidad para 80.000 gallinas.

Retirada de los huevos del mercado

Mientras tanto, ARDE y Satya Animal han pedido a la Conselleria de Salud que retire del mercado los huevos de la explotación de Mirabò y que emita una alerta sanitaria por un posible riesgo de salmonela. Las entidades han hecho llegar este miércoles un escrito a la Dirección General de Salud Pública, acompañado del informe pericial veterinario que también han incorporado a la denuncia presentada ante la Fiscalía.

Los animalistas piden la retirada de los huevos de la granja de Mirabò.

Las dos organizaciones alertan de que en agosto de 2025 se detectó un brote de salmonela en una de las dos naves de la finca. Según explicó el consejero de Agricultura, Joan Simonet, entonces se autorizó que los huevos de aquella nave se destinasen a elaborar huevo líquido, mientras que la otra continuaba suministrándolos a supermercados. Las entidades consideran que existe un riesgo de que la bacteria se haya extendido de una nave a la otra. “Es altamente probable que la salmonela presente en una de las naves haya pasado a la otra” ha afirmado el portavoz de Satya Animal, Kike Gimeno.

El informe, redactado por la veterinaria Alba Nieto Palau, miembro del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, sostiene que la presencia de cadáveres en descomposición en contacto con animales vivos puede facilitar la transmisión de agentes infecciosos. También apunta que los ácaros y otros artrópodos pueden actuar como vectores de patógenos entre lotes de gallinas y comprometer la bioseguridad de la explotación. Según las entidades, las imágenes difundidas muestran, además, infestaciones de ácaros y cucarachas y la presencia de gatos en el entorno de las naves.

Gimeno ha reprochado a la directora general de Salud Pública que no haya ordenado la retirada de los huevos ni alertado a los consumidores. Las entidades sostienen que las condiciones documentadas conllevan un riesgo para la salud pública; la Consejería de Salud no ha comunicado, de momento, ninguna decisión sobre la petición.

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