Aspirantes a bombero acusan al Ayuntamiento de Palma de irregularidades en las oposiciones

PalmaUn grupo de 16 aspirantes al proceso selectivo para cubrir 26 plazas de bombero conductor del Ayuntamiento de Palma ha denunciado públicamente una "falta absoluta de transparencia", el incumplimiento reiterado de plazos y una "ausencia total de planificación" en una oposición que, según explican, se arrastra desde hace más de dos años, desde hace más de dos años.

Los aspirantes aseguran que el desarrollo del proceso vulnera directamente la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de enero de 2022, que establece que los criterios de valoración y corrección de las pruebas selectivas deben estar definidos y publicados antes de su realización, como garantía de los principios de igualdad, mérito. Según recuerdan, la misma sentencia advierte que la carencia de estos criterios constituye un "vicio sustancial" que puede comportar la nulidad de la prueba.

En este sentido, los aspirantes denuncian que en ningún momento se publicaron los criterios de corrección de las pruebas psicotécnicas y de personalidad. Afirman, además, que el propio tribunal calificador anunció por escrito, en una diligencia previa a las pruebas, que estos criterios y los puntos de corte se comunicarían antes del inicio de los ejercicios, una información que, según sostienen, "nunca fue facilitada".

Sin conocer las reglas del juego

Según el colectivo, este incumplimiento "agrava la falta de transparencia" y refuerza la vulneración de la doctrina del Tribunal Supremo, ya que los aspirantes realizaron pruebas eliminatorias "sin conocer las reglas de evaluación". También denuncian que el tribunal emitió aclaraciones sobre la entrevista personal cuando muchos candidatos ya lo habían hecho, lo que, a su juicio, supuso "alterar las reglas del juego una vez iniciada la evaluación".

Los aspirantes recuerdan que no es la primera vez que esta exigencia legal se aplica al mismo cuerpo de Bomberos de Palma. Mencionan una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma de 2022 que obligó al Ayuntamiento a repetir unas pruebas psicotécnicas porque no habían publicado previamente los criterios de corrección. En ese caso, explican, el aspirante afectado acabó siendo declarado "apto" y actualmente es bombero en activo.

También comparan el proceso con otras oposiciones recientes, como la convocatoria unificada de Policía Local, donde, según indican, se llegaron a publicar "hasta 14 páginas de criterios de valoración", lo que, a su juicio, demuestra que publicarlos "no sólo es obligatorio, sino perfectamente posible".

En cuanto a las pruebas psicotécnicas, denuncian que el test de personalidad y la entrevista personal se realizaron con cerca de un año de diferencia, lo que, según mantienen, "impide considerar la prueba como técnicamente válida". Sin embargo, afirman que el tribunal utilizó ambos resultados para emitir una calificación final de "no apto", sin justificar su fiabilidad ni aportar una motivación individualizada. Esta falta de información, aseguran, les impidió formular alegaciones de forma efectiva y les situó en una situación "de indefensión material".

Los 16 aspirantes explican que, a pesar de haber sido calificados como no aptos, continuaron haciendo otras pruebas —físicas, de herramientas y de fobias—, que superaron con resultado favorable, con el coste económico, físico y emocional que esto les supuso. Según denuncian, la comunicación oficial del "bueno apto" llegó con más de un año de retraso, y cuando pidieron explicaciones a los profesionales responsables de la evaluación psicológica, les indicaron que la planificación del calendario no era de su competencia.

Sin las fechas claras

Más de dos años después de la publicación de las bases, el proceso sigue, según relatan, "sin un calendario claro ni una planificación coherente", con cambios constantes y decisiones que llegan tarde y que generan una "grave inseguridad jurídica". Se añade, afirman, el perjuicio personal y profesional derivado de haber tenido que vivir durante años en una situación de incertidumbre que les ha impedido planificar su futuro laboral o preparar otras oposiciones.

Ante esta situación, los aspirantes reclaman la publicación inmediata de los criterios de evaluación que, según dicen, fueron anunciados pero nunca facilitados, además de la repetición de las pruebas con todas las garantías legales. Aseguran que no cuestionan "ni la exigencia ni el rigor" del proceso selectivo, sino "el incumplimiento de las reglas básicas de transparencia y publicidad", y lamentan haberse visto abocados a la vía judicial para corregir un error que, a su juicio, podría subsanarse en el ámbito administrativo. Los aspirantes describen que viven la situación con "desconcierto, impotencia y agotamiento" y se piden por qué deben llegar a los tribunales si "la ley está clara". Alertan de que una posible sentencia favorable en tres o cuatro años no compensaría el perjuicio personal, laboral y emocional que, aseguran, ya consideran irreversible.