Archivada la causa por maltrato animal contra la macrogranja avícola de Llucmajor

PalmaEl titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha archivado la causa por posible maltrato animal que se seguía contra la macrogranja avícola de Llucmajor, que fue denunciada el pasado año y donde las gallinas convivían con ratas, suciedad y cadáveres de otros animales. Según el auto de sobreseimiento, al que tuvo acceso Europa Press, las diligencias practicadas a lo largo de la investigación no acreditaron la comisión de ningún ilícito.

El juez hace referencia a un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ya otro de los servicios de Ganadería y Sanidad Animal, de los que "no se desprende existencia de hechos penalmente relevantes". Sin embargo, admite, la presencia de cadáveres de gallinas en varios estados de descomposición sí evidencia "deficiencias en la retirada diaria de los cadáveres y en las condiciones higiénicas sanitarias de la explotación".

Unas circunstancias que, recuerda, ya han sido objeto de varios expedientes sancionadores en el ámbito administrativo que calificaron los hechos como infracciones leves o graves. Los informes también hablan de la detección de roedores, vivos y fallecidos, y de unas medidas de bioseguridad que incumplen la normativa administrativa, circunstancias que el juez asegura que ya han sido subsanadas y que no han supuesto un "perjuicio efectivo grave" para la salud pública o el medio ambiente.

El magistrado, sin embargo, descarta que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de un delito de maltrato animal, dado que no se ha acreditado que la presencia de animales muertos fuera consecuencia de un maltrato "activo, doloso o con intención de causar un menoscabo grave a la integridad, salud o bienestar de las gallinas".

El porcentaje de mortalidad de la explotación, argumenta, se encuentra por debajo del límite considerado normal, el 1%, y, por tanto, se descarta que las muertes tampoco obedezcan a una enfermedad subyacente.

"La eventual permanencia de gallinas en condiciones inadecuadas, pese a ser reprochable desde el punto de vista administrativo y objeto de sanción por la autoridad competente, no llega al umbral de gravedad exigido", concluye el juez.

Recurso ante la Audiencia

La plataforma vecinal constituida contra la explotación, STOP Macrogranja Llucmajor. Sin Olor ni Moscas, ya ha recurrido contra el archivo en la Audiencia Provincial de Baleares. En el recurso de apelación, los vecinos entienden que el juez ha ordenado el sobreseimiento de la causa "sin haber practicado las más esenciales diligencias de investigación", lo que perjudica el derecho a la tutela judicial efectiva.

Así, sostienen que el hecho de que el magistrado no haya observado indicios de delito no quiere decir que no estén, sino que "ni siquiera se ha iniciado" la investigación, reclamando la práctica de varias diligencias. Algunas son la solicitud al Ayuntamiento de Llucmajor de la cédula urbanística de la explotación para esclarecer si las obras son conformes a ley, la comprobación de la posible existencia de diferentes plagas e infecciones, y las revisiones periódicas de las gallinas.

Los vecinos también lamentan que no se haya pedido prestar declaración como testigos a los denunciados, ni a los alcaldes de Llucmajor desde 2019, ni a los funcionarios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que se encargaron de los expedientes administrativos.

Impacto ambiental

La plataforma vecinal recuerda que, en el marco de la causa, se investigaba la posible comisión de delitos no sólo de maltrato animal, sino también de otros relacionados con el impacto ambiental, el vertido ilegal de residuos biológicos, el fraude y la ordenación del territorio. "No sólo hablamos de maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud de las personas", subrayan en el recurso judicial.

En caso de que la Audiencia Provincial desestime el recurso y el archivo adquiera firmeza, indicaron fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la administración autonómica debe reactivar el proceso administrativo para determinar si la empresa responsable de la explotación avícola debe ser sancionada por estos hechos.

Fueron las organizaciones Satya y ARDE que denunciaron ante la Fiscalía la macrogranja avícola, ubicada en el municipio mallorquín de Llucmajor, por supuestos delitos contra la salud pública y estafa. Ambas entidades de protección animal y medioambiental publicaron una investigación en abril del año pasado en la que constataron que el lugar presentaba una importante falta de higiene, con telarañas y una mezcla de polvo, tierra y plumas.

A raíz de la denuncia, inspectores del Gobierno y la Guardia Civil inspeccionaron las instalaciones y se ordenó el cierre de una de las naves de la explotación.

¿Qué más debe pasar?

Arde y Satya, en un comunicado publicado este jueves, sostuvieron que el sobreseimiento provisional de la causa "no borra las imágenes ni los hechos documentados" de cadáveres putrefactos y gallinas amontonadas. "¿Qué más debe ocurrir para que se castigue el maltrato animal? La convivencia de animales vivos con decenas de cuerpos en descomposición, la acumulación de suciedad extrema y los pájaros enfermos son hechos documentados y valorados por profesionales veterinarios", se pidieron.

Aunque han dicho que respetan la decisión judicial, los animalistas han llamado a "no normalizar situaciones que evidencian un patrón de abandono, insalubridad y sufrimiento animal" en una explotación que ya fue sancionada con casi 400.000 euros por vía administrativa. "Vamos a utilizar todas las vías legales y sociales a nuestro alcance para exigir responsabilidades, transparencia y cerrar una explotación que ha generado alarma vecinal, riesgos para la salud pública y, sobre todo, un perjuicio evidente para miles de animales", han dicho las entidades.