La amnistía urbanística llega a los grandes chalets: Sant Josep legaliza cuatro y tres piscinas
El municipio ibicenco ha tramitado una docena de casos en plena crisis de suficiencia hídrica
PalmaLa amnistía de edificaciones en suelo rústico impulsada hace dos años por el Gobierno continúa dejando al descubierto expedientes de gran envergadura en Ibiza. El caso más destacado es el que se encuentra actualmente en información pública en Sant Josep de sa Talaia, donde se tramita la legalización de cuatro viviendas unifamiliares, anexos y tres piscinas en suelo rústico protegido. En plena crisis hídrica, Sant Josep legaliza chalets con piscinas en suelos protegidos donde todas estas actividades estaban y están prohibidas.
La legalización extraordinaria ha permitido al promotor, el constructor J. Fontalba Casado, llevar a cabo esta iniciativa que tramita al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024, la norma conocida como Ley de amnistía urbanística.
ARA Balears ha localizado una docena de expedientes solo en el caso de Sant Josep, pero estos no son ni de lejos el conjunto de casos que se legalizan, ya que, solo cuando interviene la Dirección General de Recursos Hídricos, se publican de manera accesible. Los casos que se han podido identificar son aquellos que se han sometido al procedimiento de información pública ante la Dirección General de Recursos Hídricos, porque las edificaciones se encuentran afectadas por la normativa hidráulica –principalmente por la zona de seguridad del dominio público hidráulico, la zona de servidumbre o porque afectan zonas inundables– y, por tanto, requieren el informe preceptivo de este organismo.
La mayoría, con piscina
A pesar de ser ilegales y estar ubicados en suelo rústico protegido en la mayoría de los casos, los promotores no escatimaron detalles. El 73% de los expedientes de Sant Josep que tramita Recursos Hídrics corresponde a viviendas que tienen piscina. Las medidas de los edificios que se legalizan también confirman lo que hace unos días explicaba un experto en urbanismo –que pide el anonimato por motivos profesionales– a el ARA Balears: "No resuelven en absoluto el problema de la vivienda". La memoria técnica de una de las legalizaciones de Sant Josep hace referencia a 485,18 metros cuadrados de edificaciones y una piscina de 100 metros cuadrados, de manera que la superficie total objeto de legalización alcanza los 585,18 metros cuadrados de cemento.
Solo la punta del iceberg
El alcance de una de las normas estrella del Govern de Marga Prohens lo recogió el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB). En su primer balance sobre el impacto de la nueva regulación, correspondiente al primer semestre del 2025, el Col·legi informó que, desde la entrada en vigor del Decreto ley 3/2024 y posteriormente de la Ley 7/2024, se habían presentado a visado 1.040 proyectos de legalización extraordinaria, 571 de los cuales correspondían a viviendas.
El aumento ha sido constante. En la memoria anual presentada en mayo del 2026, el COAIB ya situaba en 1.697 los expedientes de legalización extraordinaria visados durante el 2025, una cifra que atribuye buena parte del crecimiento de la actividad constructiva registrado aquel año.
Por mucho que la normativa prohíbe que los chalets legalizados se puedan dedicar a la actividad turística, expertos y entidades ecologistas como el GOB han asegurado que muy probablemente pasarán a tener una actividad relacionada con el alquiler vacacional y el alquiler de temporada, y que en ningún caso estas edificaciones servirán para responder a la crisis de vivienda. En su momento, el Ejecutivo justificó la norma afirmando que eran situaciones irregulares enquistadas (las que todavía tienen un expediente en vigor no se pueden legalizar) y que había que tomar alguna decisión.