Los residentes de la antigua prisión, en el alcalde de Palma: “¿Dejará en la calle a 200 personas para hacer una rotonda?”

PalmaLa situación de los cerca de 200 residentes de la antigua prisión de Palma ha sido el punto destacado del pleno de Cort de este jueves. Varias personas que viven en el recinto abandonado han tomado la palabra, apoyada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para reclamar una solución antes de que se materialice el desalojo anunciado por el Ayuntamiento. La representante de la PAH, Àngela Pons, ha resumido el problema en una frase: "¿Dejará en la calle a 200 personas para hacer una rotonda?"

Silvino, uno de los residentes, lo ha planteado así: "¿Tengo que vivir bajo un puente? Estoy enfermo". Según ha dicho, si le echan, quedará directamente en la calle. "¿Qué hago ahora? ¿De qué viviré?", ha añadido, responsabilizando a los políticos de la situación.

Luisa, también habitante del recinto, ha explicado que se encuentra "en manos de los médicos" y que lleva ocho años inscrita en el Ibavi sin haber conseguido ningún piso. "No estamos aquí por gusto", remarcó, al tiempo que pidió al alcalde que "ponga la mano en el corazón". Reclamó una vivienda digna y asequible en una ciudad donde los precios del alquiler, según dijo, están "desorbitados".

Por su parte, Aurora ha relatado que últimamente ha buscado una habitación y sólo ha encontrado una por 1.200 euros mensuales, con la posibilidad de cocinar sólo dos días por semana. "Yo estoy en prisión y me ducho todos los días; a ver qué harán ahora con nosotros", lamentó.

La representante de la PAH ha reprochado al gobierno municipal que el desalojo, sin alternativa clara, puede acabar fomentando nuevas ocupaciones. "Hablamos de personas humanas", insistió, además de criticar que se haya dejado en la calle a cientos de personas sin una respuesta "sanitaria y residencial". También ha cuestionado la creación de una oficina antiempleo: "Os pagamos el sueldo no porque tenga que hacerse, sino porque no haga falta".

Protocolo de emergencia

El primer teniente de alcalde y concejal de Cort, Javier Bonet, ha explicado que llevan tres días buscando "soluciones de la vivienda de forma desesperada", después de que en un solo fin de semana se produjeran cuatro incendios en el recinto, posiblemente provocados. Ante esta situación, ha anunciado que en la junta de gobierno se activará un protocolo de emergencia.

Bonet ha hablado de ofrecer "habitaciones, habitáculos u otras fórmulas habitacionales" y abordarla como una "emergencia social", asunto que se tratará mañana en el Ayuntamiento con carácter de urgencia.

También ha detallado que se prepara un dispositivo especial de limpieza que podría ascender a unos 90.000 euros, una encomienda que se tramitará como contrato mayor y que, por tanto, deberá respetar los plazos administrativos.

"Vulnerar derechos fundamentales"

Durante su intervención en el pleno, Pons ha acusado al Ayuntamiento de Palma de vulnerar derechos fundamentales con la intención de desalojar a las personas que residen en la antigua prisión de Palma sin ofrecerles una alternativa residencial. La entidad ha criticado las palabras del alcalde, Jaime Martínez, sobre el desalojo del inmueble, ya que es "inaceptable" que, en un contexto de crisis de la vivienda, se expulsen a familias en situación de extrema vulnerabilidad que ocupan este recinto público abandonado en la carretera de Sóller.

Pons ha recordado que el acceso a una vivienda digna es un derecho básico que debe ser garantizado por la administración local, sobre todo para personas en exclusión social. PAH Mallorca también ha advertido que la falta de una alternativa residencial no sólo agrava la emergencia social de los afectados, sino que les sitúa en una situación de mayor precariedad e indefensión.

Según la organización, la actuación municipal en la antigua prisión de Palma por parte del Consistorio incumple su obligación de velar por los derechos humanos, constitucionales y autonómicos de cerca de 200 personas que ocupan el inmueble de propiedad municipal. Por ello, ha exigido la paralización del desalojo y ha pedido al Consistorio que, con medios propios o en colaboración con entidades sociales, impulse medidas que permitan la integración "llena" de las personas afectadas.