El Ayuntamiento de Palma aún espera respuesta de las instituciones a las que ha enviado comunicaciones oficiales para responder a la crisis provocada por el desalojo de la antigua prisión de Palma, donde hay censadas más de 200 personas. En la rueda de prensa de después de la Junta de gobierno, la portavoz, Mercedes Celeste, admitió que no cuentan con soluciones permanentes, pero remarcó que podrán dar "alojamiento temporal" a todos aquellos que se acojan voluntariamente al proceso de desalojo.

El desalojo de la prisión antigua de Palma ya ha comenzado y una gran carpa de la Policía Local de Palma situado en la puerta de atrás del centro penitenciario lo evidencia. Casi 200 personas, según cifras de Cort, tendrán que abandonar su casa en pocos días y el Ayuntamiento de Palma no les ha dado "ninguna solución" residencial, según han aseverado todas las personas con las que ha hablado el ARA Baleares. "La única opción que nos han dado es la calle", lamenta un joven que prefiere mantenerse en el anonimato.

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado el proceso de desalojo delantigua prisión de Palma y, la próxima semana echará a las casi 200 personas que viven allí. Así lo ha informado el primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet. A partir de este miércoles a las 7.00 horas de la mañana y hasta el viernes, la Policía Local junto con los servicios sociales empezarán a controlar los accesos a las instalaciones para identificar a sus habitantes y elaborar un nuevo censo actualizado. Todas las personas que no se identifiquen en el control de accesos no figurarán como residentes del antiguo centro penitenciario y, a partir del viernes, no podrán entrar de nuevo. El 27 de febrero se notificará a las personas identificadas anteriormente que deben desalojar el inmueble y se les dará un plazo de cinco días para que presenten alegaciones. Una vez que el período de alegaciones acabe, se les dará un plazo de cuatro días para que abandonen las instalaciones. "En caso de que haya resistencia se solicitará autorización en los juzgados", recalcó Bonet.

Cort quiere desahuciar aproximadamente 170 personas que viven en Son Regalo (El Molinar) unos terrenos cercanos a Son Bordoy, donde Pryconsa debe construir una promoción de 750 viviendas, que arrastran varias polémicas. La última, las notificaciones a las familias que viven en la zona ordenándoles que salgan de sus viviendas. Los residentes en Son Regalo no están afectados por la construcción de la nueva urbanización ni tampoco por las obras del vial que el Ayuntamiento de Palma quiere realizar para llegar. En Son Bordoy, que actualmente es propiedad de la empresa promotora, sólo viven de forma irregular unas 30 personas, niños incluidos, según han asegurado al ARA Baleares fuentes conocedoras del caso.

"El Ayuntamiento de Palma quiere dejar en la calle a decenas de familias de Son Bordoy en un momento de máxima emergencia, sin alternativa habitacional alguna, no para construir casas, ni calles, sino porque tapan las vistas de la nueva urbanización", ha asegurado al ARA Baleares un abogado de los afectados que pide el anonimato. Así, denuncian que Cort quiere desalojar a parte de los residentes de Son Bordoy que viven en parcelas que quedan fuera del terreno donde les populares pretenden construir 750 viviendas "solo por una cuestión de estética".

"Saturación", "gueto de viviendas protegidas" y perjuicios graves para los habitantes de El Molinar. Estas son algunas de las expresiones que el Partido Popular utilizó hace 16 años contra el mismo proyecto de Son Bordoy que hoy tramita como gobierno municipal. Corría el año 2010 y al amparo de la conocida Ley Carbonero (consejero de Vivienda del Gobierno de Francesc Antich) se tramitaba una reserva estratégica de suelo en Son Bordoy con el objetivo declarado de facilitar vivienda asequible. Sobre el papel, la iniciativa pretendía dar respuesta a la dificultad de acceso a vivienda en Palma. La sociedad civil y el Partido Popular criticaron esta recalificación de suelo por varios motivos. Los populares fueron muy duros y utilizaron los argumentos exactamente contrarios a los que ahora defienden.

En 1993 la Asociación Cultural Cristiana Gitana Balear solicitó al Ayuntamiento de Palma que le cediera Son Regalo Nuevo, una finca de titularidad municipal de aproximadamente 33.200 metros cuadrados, ubicada en el Molinar (Palma), con el objetivo de realizar actividades de promoción y para la actuación en materia de drogodependientes y su posterior reinserción. Cort aceptó la petición y el 10 de diciembre de 1993 el alcalde de Palma en ese momento, Joan Fageda (PP), y también el concejal municipal de Acción Social, Bartomeu Oliver, firmaron una cesión de uso del terreno a la que ha tenido acceso el ARA Baleares. Incluso, el equipo de gobierno de Fageda desalojó a un precarista que vivía en la finca de Son Regalo para cederla a la entidad. El particular que vivía irregularmente se opuso en reiteradas ocasiones a abandonarla e incluso pidió una prórroga al Ayuntamiento de Palma para estar más tiempo, además de proponer como alternativa dar a la entidad la finca de Son Fernando Nou (situada junto a Son Regalo), pero Cort lo rechazó.

Un atardecer de octubre, al empezar a oscurecer, la Policía Local se personó en Son Bordoy, un terreno inmenso situado en el barrio del Molinar donde viven aproximadamente 200 personas, entre ellas algunas con discapacidad, víctimas de violencia de género y menores de edad. "Vinieron dos furgonetas y me asusté. De repente pedí qué pasaba y me dieron un aviso de que teníamos 10 días para abandonar el terreno", cuenta Paco, un joven de 24 años, los mismos que lleva allí vivo y que está empadronado. Después de todo ese tiempo sin tener "ningún problema con nadie", según asegura, ahora vive con la incertidumbre de no saber qué pasará con su casa.

Una veintena de vecinos de Son Bordoy se reunieron este lunes ante Cort para exigir que les den "una alternativa residencial digna" tras recibir una orden de desalojo el pasado noviembre. "Llevo 28 años allí, con los hijos y los 11 nietos. A finales de noviembre vino la Policía Local de Palma y nos dijo que teníamos 10 días para irnos, pero no nos dieron ninguna solución y Cort tampoco ha hablado con nosotros. Sólo queremos una vivienda digna para vivir como personas", ha dicho Ángel.