El gobierno municipal del Partido Popular concedió la licencia urbanística para construir una gasolinera en la calle de Cabusso de la Ribera de Playa de Palma, en Can Pastilla, cuando los terrenos ya habían sido declarados zona inundable, según denuncia MÉS per Palma. La formación asegura que, además, en la documentación que ha podido examinar, no consta ningún informe de Recursos Hídricos que avale la actuación y reclama al gobierno de Jaime Martínez que explique con qué garantías se autorizó el proyecto.

El torrente que atraviesa Manacor forma parte inherente de la historia y las desgracias de la ciudad, e incluso hay una avenida entera que lleva su nombre. Una zona inundable 'de toda la vida' a la que los vecinos temen, de la misma manera que ya están acostumbrados y han aprendido a vivir con el riesgo, periódico, de una posible riada como la que ya dejó el desastre en septiembre de 1989, ahora hace 37 años. Lo que ha cogido por sorpresa ahora al Ayuntamiento es la comprobación de que el desvío hecho a propósito para fuera del núcleo urbano, entre 1994 y 2004, no funciona como es debido y deja un tercio de Manacor en zona de riesgo de inundación.

El gobierno español ha decidido pasar a la acción para eliminar la posibilidad, aunque parezca increíble, de que todavía hoy se puedan autorizar nuevas construcciones en zonas inundables. Tras la tragedia del País Valenciano, las comunidades autónomas como las Baleares y los ayuntamientos no han terminado de imponer un criterio estricto prohibiendo nuevas autorizaciones en zonas de riesgo, y por ello el ejecutivo estatal prepara un real decreto nuevo que endurece las reglas para construir en zonas expuestas a inundaciones. En concreto, fija un límite más claro y prohíbe los usos residenciales nuevos en las áreas de más peligrosidad, como las conocidas zonas de flujo preferente. El proyecto normativo, aún en fase de información pública, establece que en las zonas de flujo preferente no se podrán autorizar viviendas nuevas, ni siquiera en suelo ya urbanizado. Refuerza, por tanto, el principio de que el riesgo de inundación debe condicionar la ordenación del territorio.

"El alcalde de Palma tendrá que responder por los desastres que puedan venir después de construir en zonas inundables". Con esta advertencia, la portavoz de MÉS por Palma en Cort, Neus Truyol, ha cargado este jueves contra la estrategia del Ayuntamiento de Palma deeliminar la autorización previa de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern para agilizar la concesión de licencias urbanísticas.

El Parlament rechazó este martes, gracias a los votos en contra del PP y Vox, tomar en consideración una proposición de ley de la izquierda para prohibir la construcción y autorización de viviendas en áreas de prevención de riesgo, como zonas inundables, con riesgo de incendio, deslizamiento y erosión. El texto, impulsado por el PSIB, MÁS por Mallorca, Más por Menorca y Unidas Podemos, plantea limitaciones en la construcción en zonas inundables, prohíbe la conversión de locales comerciales en viviendas en estas áreas y también nuevas construcciones en zonas de flujo preferente.

El 36,5% de la población de Campos reside en áreas inundables, el mayor porcentaje de todas las Islas Baleares, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. También Marratxí, con un 33%, y Palma, con un 18,9%, superan de largo la media autonómica, ubicada en el 9,5%. En Sóller, el riesgo también es destacado: un 15,1% de sus habitantes vive en zonas susceptibles de sufrir inundaciones.