La interlocutoria de José Luis Calama contra el expresidente Zapatero es lo suficientemente contundente como para que, al menos, el mensaje de los suyos sea solo el que dicta la propia Justicia: esperar a que la investigación pueda probar los hechos que se le imputan. Que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La defensa pública de Patxi López y Mercedes Milá es una confianza ciega y poner la mano en el fuego por una figura que lo es todo entre los socialistas. La caída de un tótem, brújula moral y todas esas expresiones cursis y grandilocuentes, por otra parte, ciertas.

La Guardia Civil detuvo ayer a la junta de gobierno al completo del Ayuntamiento de Torredembarra, con el alcalde Daniel Masagué al frente, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, prevaricación y tráfico de influencias. La Guardia Civil también detuvo a los tenientes de alcalde, Francisca Felguera, Santiago Ardèvol, Elia Rodríguez y Pere Font, de CiU, José Oviedo, del PP, e Ignasi Duran, del Grupo de Independientes de Torredembarra (GIT).

Una caja de bombones con 20.000 euros y una tarjeta de visita. Este ‘regalo’ de un empresario de las conocidas golondrinas y que ya investiga la Policía Nacional ha puesto al descubierto el enorme negocio que mueven las excursiones turísticas del litoral y la pugna que hay en diversos puntos de la costa para conseguir una autorización administrativa, imprescindible para cargar y descargar turistas. Igualmente, la histórica dejadez administrativa en algunos puntos donde millones de personas suben y bajan de las embarcaciones, que se encuentran sobre dominio público en muchos casos. También con expedientes incompletos, autorizaciones que, según técnicos consultados, “no cuadran” y la mediación de ayuntamientos que, como es el caso de Son Servera, también acumulan sentencias judiciales en contra por haber consentido, por ejemplo, “la privatización de un embarcadero en terreno público”, según dice la sentencia.

Siempre se ha dicho que los bombones son un regalo seguro, que nunca fallan, que gustan a todo el mundo y que no comprometen mucho. Excepto, claro está, cuando dentro de la caja no hay bombones sino billetes. Entonces ya no es un detalle, es una declaración de intenciones. Y bastante vintage, por cierto.

El paso de Jaume Matas por la política autonómica será recordado durante décadas, no sólo por los casos de corrupción que le llevaron a la cárcel, sino por la condena económica a los ciudadanos de las Islas, que hoy en día todavía pagan la factura multimillonaria de sus manías. El Govern abonará los 2,7 millones de euros correspondientes a la última factura del Palma Arena en julio: esta infraestructura habrá costado 89,2 millones en total, casi el triple de lo previsto inicialmente, y más del doble de la cantidad de la licitación.

El PP considera que la confesión judicial de Víctor de Aldama confirma que el Gobierno presidido por Francina Armengol permitió que dinero público de los ciudadanos de Baleares acabara enriqueciendo la trama vinculada a José Luis Ábalos y Koldo García a través de la compra de mascarillas en pandemia.

El presidente Francesc Antich despidió en los años 90 con la promesa de un futuro progresista, pero Marga Prohens finaliza 2025 preocupada ante el auge de la extrema derecha. Por el camino, las Islas han sido uno de los ejemplos más flagrantes de la corrupción en el Estado. La entrada de Maria Antònia Munar (Unió Mallorquina) en prisión en el 2013 es una de las instantáneas imprescindibles para rememorar este primer cuarto de siglo. Han sido, además, 25 años de grandes movilizaciones: las últimas contra la saturación turística y los precios de la vivienda.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso hidrocarburos ha citado a declarar el 28 enero como testigos al menorquín Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart, quienes fueron jefes de gabinete de las exministros Teresa Ribera y Reyes Maroto, respectivamente. Así consta en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, del juez Santiago Pedraz. El juez ha citado el mismo día, pero como investigado, al empresario Claudio Rivas, quien los investigadores consideran al presunto líder de la trama de hidrocarburos vinculada a la compañía Villafuel. Además, el instructor ha vuelto a llamar como imputado al empresario Víctor de Aldama el pasado 29 de enero. El 30 de enero declararán a las empresarias imputadas Carmen Pano, quien dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.

El juez José Castro se hizo famoso en toda España cuando decidió sentarse por primera vez en el banquillo a un miembro de la Casa Real, la infanta Cristina. Once años después, ya jubilado, hace balance en el libro El caso Nóos. Toda la verdad del proceso que conmocionó a España, y mantiene que la hermana menor del rey tuvo una participación activa y se benefició de los delitos cometidos por Iñaki Urdangarin.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado este viernes un nuevo operativo relacionado con la trama de blanqueo de dinero del narcotráfico que fue desarticulada a principios de mes en Mallorca. Según ha podido saber Europa Press de fuentes de la investigación, ha habido varios detenidos y se han producido varios registros en distintos puntos de la isla. Los arrestos de este viernes se suman a los tres que se produjeron el pasado martes, cuando se capturaron a tres personas que habrían actuado como testaferros. La causa continúa secreta y en manos del Juzgado de Instrucción 7 de Palma.

Un hallazgo de casi 700 kilos de cocaína ha sido clave en la macrooperación contra el blanqueo en Mallorca que estalló este lunes con registros en distintos inmuebles de Mallorca y que ha enviado a prisión al abogado Gonzalo Márquez y al líder de la banda de motos United Tribuns, Stefan Milojevic.

Ciertamente, la corrupción es inadmisible: el dinero público es sagrado y no vale esto de que esta mala práctica es intrínseca a la naturaleza humana, también lo es el crimen y no la admitimos. Ahora bien, lo que también es cierto es que la corrupción no viene de ahora, ni mucho menos. Quizás incluso fue aún peor en el pasado. La razón es que hace exactamente seis siglos, una auditoría –sí, al parecer entonces ya hacían– descubrió que los responsables de la administración pública de Mallorca habían malversado, en 20 años, el presupuesto de seis ejercicios: el equivalente a unos 3.800 millones de euros de nuestros días. Fue, con toda probabilidad, el mayor caso de corrupción de la historia del Archipiélago.