Menorca consume un 35% más de agua de la que prevé el Plan hidrológico de las Baleares. Es, con diferencia, la isla que presenta un mayor desequilibrio entre la realidad actual y el caudal máximo de abastecimiento para usos urbanos y residenciales que, en teoría, debía soportar. El informe de la Alianza por el Agua que compara las extracciones con las cuotas establecidas por el Plan hidrológico lo deja muy claro. La situación se ha descontrolado, mucho más que en Mallorca (que solo supera lo previsto un 8,5%) y Ibiza (15,4%).

El Ayuntamiento de Esporles ha licitado por 97.948 euros las obras para perforar un pozo nuevo en Les Rotgetes con el objetivo de incrementar los recursos disponibles y reforzar el suministro de agua potable de esta urbanización y de la zona de Jardín de Flores.

Las Islas Baleares consumen 22 hectómetros cúbicos de agua más de los asignados por el plan hidrológico vigente para el consumo urbano y residencial en suelo rústico. Esto significa que el Archipiélago supera en un 8,5% el límite de extracción de agua procedente de los acuíferos en Mallorca, un 15,4% en Ibiza, un 35,5% en Menorca y un 70,8% en Formentera, según la Alianza por el Agua.

Deià ha comenzado este viernes a aplicar cortes de agua tres días por semana al hotel La Residència y a diversas zonas del municipio ante la falta de recursos para garantizar el suministro. La restricción afecta lunes, miércoles y viernes al sector de Llucalcari, l’Empeltada, las Cuevas de can Puigserver, la Cala y la zona de la carretera hacia Sóller.

El Gobierno ha aprobado un nuevo modelo de convenio para suministrar agua potable mediante camiones cisterna a los municipios de Mallorca que no están conectados a la red de abastecimiento en alta. Aunque la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua presenta la medida como una fórmula para garantizar el suministro, el documento no establece compromisos de consumo mínimo ni asegura a los ayuntamientos un volumen determinado de agua.

Cuando una familia de Palma aumenta el consumo de agua, también lo hace el precio que paga por cada metro cúbico. Es el principio sobre el cual se construye la tarifa de Emaya: los primeros bloques son más económicos y, a medida que el consumo crece, a partir de superar determinadas cantidades, cada tramo es más caro. La progresividad pretende incentivar el ahorro y penalizar los grandes consumos.

Cerca de 100.000 residentes de las Islas Baleares vivieron durante 2025 en zonas donde el agua de consumo fue declarada no apta al menos en algún momento del año. En concreto, se trata de 98.452 habitantes, una cifra que se eleva hasta los 145.027 si se añaden las personas que residen en las 22 zonas consideradas "en riesgo", es decir, con incumplimientos recurrentes que pueden acabar derivando en la declaración de no aptitud.

Las viviendas situadas en la parte más alta de las urbanizaciones de Les Rotgetes y Jardín de Flores abrían el grifo y, en algunos casos, no salía ni una gota de agua. Mientras tanto, otros domicilios de la zona llegaban a consumir hasta 8.000 litros de agua en un solo día. Esta es la situación que obligó al Ayuntamiento de Esporles a adoptar unas restricciones sin precedentes para garantizar el reparto de un recurso cada vez más escaso.

En el año 2000 llegaron a las Islas Baleares 10 millones de turistas. En el año 2026 ya llegarán 20 millones. Durante años, algunos responsables políticos intentaron hacernos creer que la saturación turística era solo una percepción. Hoy, sin embargo, casi nadie duda ya de que las Islas Baleares sufren un grave problema de masificación.

El Ayuntamiento de Sencelles llevará la situación del agua del municipio ante la Fiscalía de Medio Ambiente. El Consistorio ha anunciado esta medida drástica para que se investigue tanto el origen de la contaminación por químicos detectada en la red de Son Saletes –que ha obligado a declarar el agua no apta para el consumo humano– como las posibles omisiones administrativas acumuladas durante más de dos décadas. En paralelo, el equipo de gobierno ha exigido la suspensión inmediata y cautelar de los vertidos de la lavandería industrial Elis Mallorca (antigua Lavanderías Diana) hasta que se aclare si tiene relación con este episodio.

La tarifa de agua de Emaya aplicada desde hace años a los establecimientos hoteleros utiliza una técnica específica de cálculo que modifica la manera de aplicar la progresividad en el caso del sector turístico. El análisis de las tarifas vigentes, publicadas en el año 2016, realizado por un extrécnico de la compañía asegura que la metodología, "pensada para los hoteles de Playa de Palma" establece un sistema de recálculo del consumo "de dos en dos habitaciones", y genera una falsa división del gasto que consigue reducir de manera muy significativa lo que le correspondería pagar si se aplicase la progresividad.

La entidad ecologista Terraferida considera que el debate sobre el agua en Baleares no se puede limitar a la construcción de nuevas desaladoras, tal como plantea el Govern. Su portavoz, Jaume Adrover, sostiene que el problema es anterior: el modelo territorial ha permitido durante décadas que el crecimiento urbanístico disperso y las viviendas en suelo rústico hayan incrementado la presión sobre unos acuíferos que son un bien público. "No conozco ningún lugar del planeta donde se haga un consumo tan abusivo de agua como aquí a causa de los chalets en suelo rústico", afirma Adrover, que vincula esta situación con la expansión de la vivienda unifamiliar fuera de los núcleos urbanos.

Nunca las reservas de agua habían estado tan bajas en Menorca, solo al 34% de la capacidad, y la situación de prealerta empieza a alarmar a todos. La Administración ha llegado tarde para actuar y no ha escuchado a tiempo a especialistas como el ingeniero José Antonio Fayas, quien advertía desde hace tiempo que en la última década no se ha hecho prácticamente nada para dejar de sobreexplotar los acuíferos, poner un límite a las piscinas, encarecer el coste del agua y reaprovechar el agua regenerada que sale de las depuradoras.

Las Baleares afrontan un verano complicado en términos de abastecimiento de agua y, lo que es más preocupante, una carrera contra el tiempo para garantizar este recurso los próximos años. El problema ya no es solo si lloverá más o menos durante los próximos meses, sino si el sistema actual, al límite durante los meses de verano, será capaz de resistir mientras llegan las infraestructuras que han de reducir la dependencia de los acuíferos. Las Islas preparan una ofensiva de inversiones en desalinización, reutilización, redes de abastecimiento y saneamiento, pero buena parte de estas actuaciones aún se encuentra en fase de proyecto, licitación o ejecución.

Cuando el agua no basta, el margen de maniobra se acaba. Es el límite más elemental que tiene cualquier sociedad. Y las Islas Baleares han comenzado este verano más cerca de este límite que los últimos años. Las reservas hídricas han vuelto a bajar. Menorca registra los peores niveles. Casi medio centenar de municipios –47 de los 67 que hay– entraron en verano en situación de alerta o prealerta por sequía. El mismo Gobierno admite que el cambio climático hará más largas las sequías, más irregulares las lluvias y más difícil la recarga de los acuíferos. No son pronósticos catastrofistas, son datos oficiales.

Las reservas de agua han tocado fondo como nunca en Menorca. La isla ha terminado el mes de junio con las reservas hídricas solo al 34% de su capacidad, la misma situación que ya tenía en agosto del año pasado. En los registros de la Conselleria de la Mar no se recuerda un nivel tan bajo al menos en los últimos 10 años.

Las Baleares han iniciado el verano con una situación muy complicada en términos de reservas hídricas. Los datos del mes de junio preocupan al Ejecutivo, y es natural. Las reservas subterráneas, principal fuente hoy en día del suministro, han vuelto a bajar a las puertas del verano y la falta de lluvias durante las últimas semanas ha agravado una situación que ya venía marcada por la presión sobre los acuíferos. Aunque no se habla de una emergencia generalizada, los datos oficiales dibujan un escenario cada vez más ajustado.

La crisis del agua en el Pla de Mallorca vive un nuevo capítulo en materia de ahorro ante la falta de recursos hídricos que sufre la comarca. El Ayuntamiento de Algaida aprobó ayer una moción del equipo de gobierno del PSIB mediante la cual el pleno reclama al Consell de Mallorca que se deje de emplear "con carácter de urgencia" agua de los acuíferos del municipio para llevar a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento de la carretera de Manacor (Ma-15). La moción fue aprobada por unanimidad entre todos los partidos presentes en el pleno, PSIB, PP y MÉS per Algaida.

La situación de los recursos hídricos en el Pla de Mallorca se ha vuelto especialmente delicada después de que la Mancomunidad haya detectado en las últimas semanas “episodios de consumo extraordinario” que han superado la capacidad habitual de producción de los pozos de la comarca y han provocado una presión creciente sobre los acuíferos subterráneos.