El grupo ecologista GOB ha asegurado este miércoles que el proyecto de ley agraria que tramita el Gobierno incentiva las operaciones inmobiliarias, "atropella" la ordenación territorial de cada isla y pretende pasar por encima de la normativa ambiental básica, cosa que considera inconstitucional. Representantes del GOB de Mallorca y Menorca y del GEN-GOB de Ibiza se han reunido este miércoles con el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, para expresar el rechazo al proyecto de ley agraria y presentar propuestas "encaminadas a garantizar la viabilidad económica del campesinado, reforzar la protección del suelo agrario y avanzar hacia un modelo de producción de alimentos sostenible y arraigado al territorio".

El GOB ha presentado alegaciones contra el proyecto de nuevas instalaciones náuticas del Club Náutico de Can Picafort y pide a Ports-IB que no lo apruebe en la configuración que tiene actualmente. La entidad ecologista considera que la propuesta, con 79 amarres, 5 pantalanes y cerca de 70 anclajes sobre el fondo marino, no ofrece suficientes garantías ambientales.

La campaña Salvem Portopí ha iniciado una recogida de firmas para intentar ganar apoyo ciudadano contra los usos industriales que la Autoridad Portuaria de Baleares prevé concentrar en el entorno del Castillo de San Carlos. ARCA, el GOB, Palma XXI y Fridays for Future reclaman que esta franja del puerto se destine, en cambio, a un parque cultural, patrimonial y ambiental que integre el puerto histórico de Portopí, la torre de Señales y el castillo.

El Ayuntamiento de Palma ha defendido el Plan de Gestión Sostenible del Agua ante las críticas del GOB, que ha cuestionado las previsiones de disponibilidad hídrica futura y ha asegurado que con los datos de consumo hídrico que maneja el documento no se podrá abastecer las 10.000 viviendas que Cort ha proyectado construir. En contra, el concejal y portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzá, ha asegurado este miércoles que el plan está pensado para garantizar que Ciutat disponga de agua suficiente ante el crecimiento poblacional previsto y ha censurado la voluntad de la entidad ecologista de querer "manipular" la información en todo el plan.

Llorenç Galmés admite que Mallorca "ha llegado al límite y no puede crecer más", pero no modificará los principales instrumentos de planificación territorial y turística que tiene el Consell para frenar este crecimiento. Esta es la contradicción que GOB y Terraferida han señalado después de reunirse este jueves con el presidente insular en el palacio Real. Las entidades han salido con una conclusión clara: "La sensación es la misma que tuvimos con Marga Prohens".

Durante tres horas, la presidenta del Gobierno, Margalida Prohens, y los representantes del GOB y Terraferida han abordado el clamor que este verano se ha sentido en las calles para pedir límites al modelo de consumo de territorio y saturación turística de las Islas Baleares. Prohens ha recibido a las dos entidades ecologistas este martes por la tarde en el Consolat de Mar, después de unos meses marcados por las movilizaciones sociales masivas.

Después de un verano marcado por las movilizaciones sociales contra el modelo turístico, el GOB y Terraferida ya tienen fecha para trasladar personalmente sus reivindicaciones a la presidenta del Gobierno, Margalida Prohens. La jefa del Ejecutivo recibirá a los representantes de las entidades ecologistas el martes 22 de septiembre a las 18 horas.

El Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) alerta de que la ley del litoral impulsada por el Gobierno de Marga Prohens puede abrir la puerta a perpetuar ilegalidades urbanísticas en la costa. La entidad profesional advierte de que la conservación de los usos existentes, las declaraciones responsables y el nuevo registro de patrimonio litoral podrían amparar construcciones y actividades implantadas ilegalmente.

El GOB ha denunciado “graves irregularidades” en los servicios de temporada de Cala Major, donde este verano se ofrecen dos hamacas y una sombrilla por hasta 125 euros al día en una modalidad que la entidad ecologista considera que no se ajusta a las tarifas previstas en la documentación de la autorización.

El GOB ha presentado ante la Fiscalía de las Baleares una denuncia para que se investigue la contaminación por químicos sintéticos conocidos como 'químicos eternos' (PFAS) detectada en la red de abastecimiento de Son Saletes, en Sencelles. Esta situación obligó al Ayuntamiento el mes de julio a declarar el agua no apta para el consumo humano tras detectar concentraciones de estos químicos superiores a los valores admisibles. La población afectada no puede usar esta agua para beber, cocinar, preparar alimentos o biberones, lavar frutas y verduras ni elaborar hielo y debe recurrir a fuentes alternativas de agua potable, han recordado los ecologistas.

Tres semanas, este es el tiempo que hace que el GOB pidió una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para saber si están dispuestos a escuchar el clamor de las 70.000 personas que, según las cifras de los organizadores, se manifestaron en Palma el 26-J en contra de los efectos perversos de la saturación y la turistificación sobre la vida de los residentes. El encuentro se pidió justo un día después, el 27 de julio, pero el Ejecutivo ha ignorado la solicitud de la entidad ecologista. "No hemos recibido ninguna respuesta ni una", aseguran fuentes del GOB.

El GOB Mallorca cerrará la finca de La Trapa entre los días 12 y 13 de agosto como medida preventiva para proteger este espacio de la sierra de Tramuntana ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes con motivo del eclipse solar.

El consejero de Turismo, Jaume Bauzà, ha hecho referencia este miércoles a la queja del GOB y Terraferida, que pidieron una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, el 27 de julio y todavía no han recibido ningún tipo de respuesta. "Las agendas son complicadas", ha señalado en un acto en la biblioteca de Can Sales, además de señalar que se atenderá a las entidades en algún momento, según ha informado Europa Press.

Los arrestos de dos activistas acusadas de hacer pintadas contra cinco inmobiliarias de Santa María han elevado la tensión a las puertas de la manifestación contra la masificación turística convocada para este domingo 26-J en Palma. El GOB considera que la actuación contra las dos mujeres fue "desproporcionada" y advierte que el caso "enciende más los ánimos", a pesar de dejar claro que las pintadas no deberían haberse hecho.

El GOB continúa calentando motores para la manifestación contra la masificación turística de este domingo, 26 de julio, a las 19 horas. En una publicación en las redes sociales, la entidad ecologista ha publicado un listado de razones por las cuales animan a la población a asistir a la concentración para mostrar el desacuerdo con el modelo turístico y económico isleño y las consecuencias que tiene para los residentes.

El Gobierno ha intentado este lunes rebajar la tensión abierta en torno al Trenc después de la multitudinaria cadena humana de la semana pasada. El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, se ha reunido con el GOB y ha asegurado a la entidad ecologista que "no se desprotegerá ni un solo metro cuadrado" del Parque Natural del Trenc-Salobrar de Campos.

El GOB ha presentado una serie de alegaciones al proyecto de la macrogranja de gallinas que se ubicaría en la zona de Son Brau, en las que se reclama que la declaración de impacto ambiental no sea "favorable" hasta que no se aporte una evaluación "adecuada" sobre las repercusiones sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) de na Borges.

La batalla por el futuro del Parque Natural de Es Trenc y su entorno tiene nombres concretos. Particulares y empresas que hace años intentan evitar que se consolide una franja de protección alrededor de este espacio protegido, tal como consagró el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en 2023. Uno es el campo de polo de Sa Barralina, impulsado por la sociedad Es Figueral Gran, que presentó uno de los cuatro recursos judiciales contra el plan de ordenación de Es Trenc de 2023. Como los otros propietarios, no querían que el ámbito del parque, ya delimitado en 2017 con la Ley que lo declaró, se ampliase aunque fuera sencillamente como área de influencia. Porque entonces consideraban que perdían oportunidades de llevar a cabo actividades, como pueden ser aparcamientos y, hasta en algunos casos, restauración. Son el meollo del conflicto que ahora mismo gira alrededor del parque natural, después de que el Govern se haya reservado la posibilidad de modificarlo directamente.

Las entidades ecologistas GOB y Terraferida, promotoras de la manifestación contra el turismo masivo del 26 de julio en Palma, se han desmarcado este miércoles del manual publicado este pasado martes por la plataforma Menos Turismo, Más vida a través de sus perfiles en las redes sociales.

La multitudinaria cadena humana que el domingo se formó en la playa del Trenc (Mallorca) para exigir la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos de las Islas tuvo un protagonista inesperado. La alcaldesa del municipio de Campos, Francisca Porquer (PP), irrumpió en la lectura del manifiesto e intentó hacer declaraciones críticas con la protesta. Un comportamiento que ha lamentado, incluso, la presidenta Marga Prohens. "Estaba en un acto por la esclerosis múltiple y ya llevaba el bikini; si no, no habría ido", justifica en declaraciones a ARA Balears, en las que rechaza las acusaciones de boicot. "Mi intención no fue provocar, sino escuchar", asegura.