El PP hace un sprint preelectoral e intenta cambiar 70 normas de golpe

PalmaCarrera contra reloj del PP para sacar adelante el número máximo posible de modificaciones legislativas antes de las elecciones. Su principal escollo es la lentitud de la tramitación de las leyes en el Parlament. Para evitarlo, se ha inventado algunas soluciones: un abuso de la figura del decreto ley que el pasado viernes criticó el Tribunal Constitucional en una sentencia, y el relleno de las iniciativas legislativas con enmiendas que no tienen nada que ver. Pero con la tramitación de la ley de aceleración de proyectos estratégicos los populares se han pasado de frenada: han presentado 88 enmiendas que afectan hasta 70 normas diferentes, la mayoría, sin relación con los proyectos estratégicos. Además, han introducido algunos de los acuerdos con Vox contra el catalán y la inmigración.

El volumen de enmiendas y la diversidad de cuestiones que abarcan ha indignado tanto a la oposición como a los letrados del Parlament, que se han quejado a los grupos. Según ha contabilizado el ARA Balears, las enmiendas del PP afectan a 67 leyes, decretos ley y decretos legislativos, y tres órdenes de consellers. De 88, 72 no tienen que ver con el objeto de la ley. A ellas hay que sumar las de Vox, que ha presentado 12 y ninguna es sobre proyectos estratégicos. Fuentes del Govern explican que negocian con la extrema derecha para conseguir aprobar tantas enmiendas como sea posible. Por ahora, sin embargo, solo han formalizado un acuerdo sobre medidas que eliminan el requisito de catalán en determinados cargos de la función pública y para docentes en lugares de muy difícil cobertura, para rebajar el nivel de exigencia para obtener el título en el instituto, para restringir las ayudas a los recién llegados y para crear la Oficina Antiocupación. El PP formaliza así cuatro de los acuerdos que cerró con Vox a cambio de los presupuestos de 2025.

Reformas profundas

Fuentes del Gobierno admiten que la tramitación como proyecto de ley del Decreto de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos ha servido para introducir iniciativas que no se hubieran podido aprobar en el plazo y la forma legales. Es el caso de la segunda ley de simplificación administrativa. El vicepresidente primero y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, había anunciado su intención de llevarla adelante, pero va tarde. Por ello, la hará mediante una enmienda a la ley de aceleración de proyectos que consiste en 43 artículos y una disposición adicional, todos sobre simplificación administrativa. El PP no se esconde. De hecho, también ha presentado una enmienda para modificar el título del proyecto de ley, que ahora tiene 35 artículos, y pasará de decirse ‘proyecto de ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Islas Baleares’ a añadir: ‘Y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas’. Fuentes del Ejecutivo explican que la tramitación de esta segunda ley de simplificación se hubiera alargado hasta el final de la legislatura, y no tenían garantías de que saliera adelante. Así, ganan margen de maniobra.

En este sentido, el PP también ha presentado enmiendas que afectan a la fiscalidad, modifican la normativa en materia de vivienda y turismo y, hasta incluso, hacen una reforma estructural de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB). En paralelo, plantean que se reserve un número determinado de plazas de Policía Local para los exmilitares. Una propuesta que también ha hecho Vox, aunque los partidos aseguran que no la han pactado. "Esto no es legislar por la puerta de atrás, como se ha dicho", asegura una fuente del Ejecutivo. "Es una práctica establecida, se hacía la pasada legislatura, y si la izquierda pone trabas es porque nos intenta penalizar", añade.

Los partidos de la izquierda del arco parlamentario protestaron desde el primer momento por lo que consideran un exceso de enmiendas extemporáneas por parte del PP. Entre otras cuestiones, porque dificulta la fiscalización de la acción legislativa del Gobierno: aunque pueden transaccionar las enmiendas, la izquierda pierde poder de análisis y negociación sobre enmiendas de cuestiones tan diversas.

En un primer momento, los grupos se apuntaron al carro del PP y presentaron sus propias enmiendas sin relación con el objeto de la ley. Pero finalmente, MÉS per Mallorca pidió su retirada en un escrito dirigido a la Mesa. Después de que los letrados del Parlament le dieran la razón, el PSIB ha retirado por iniciativa propia una parte de sus enmiendas, y Més per Menorca también ha renunciado a las suyas. Además, la formación liderada por Lluís Apesteguia ha advertido al PP que, si no retira las enmiendas no relacionadas con el objeto de la ley, prevé impugnarlas al Constitucional.