El PP generaliza el uso de la declaración responsable

PalmaEl Gobierno aprovecha la tramitación del decreto ley de impulso a proyectos estratégicos en el Parlament para generalizar la figura de la declaración responsable, fórmula que permite a ciudadanos y empresarios asegurar que cumplen con la legalidad sin tener que esperar la licencia preceptiva. Con las enmiendas presentadas este jueves al decreto ley, el grupo parlamentario popular amplía en gran medida el uso de esta figura.

Si se aprueba la actual redacción, el uso de declaraciones responsables se aplicará a todos los procedimientos iniciados a instancia de la persona interesada en las administraciones públicas de Baleares y el sector público instrumental, siempre que se presenten acompañadas de una certificación documental acreditada. Esta certificación será un documento que aportará una serie de entidades habilitadas, desde colegios profesionales a empresas homologadas.

Las entidades certificadoras garantizarán que la documentación se corresponde con la realidad. Pueden hacerlo los colegios profesionales dentro del ámbito de sus competencias, las cámaras de comercio dentro de su ámbito territorial, los organismos de certificación administrativa y entidades reguladas por normativa sectorial, además de otras entidades y personas jurídicas que cumplan los requisitos de solvencia y eficacia.

El Gobierno de Marga Prohens defiende que este mecanismo busca el equilibrio entre la agilidad administrativa y la garantía de cumplimiento legal. Pero partidos de la oposición y varias organizaciones señalan que existen materias delicadas, como el urbanismo, donde existe peligro de perder el control y el rigor, especialmente en actividades como la construcción en suelo rústico y en otras de impacto ambiental.

Importación de residuos durante 10 años

Entre las enmiendas del PP también aparece la importación de residuos de las Pitiusas hacia Mallorca. Según la redacción de la propuesta, el convenio entre las instituciones insulares para quemar los residuos en Mallorca va a durar hasta diez años.

Por otra parte, las enmiendas de los populares proponen que un 20% de las plazas de la Policía Local puedan ocuparlas militares con cinco años de experiencia. Eso sí, siempre que los ayuntamientos lo consideren oportuno en sus respectivas convocatorias de plazas.

MÁS apuesta por la vivienda

Las enmiendas de MÉS por Mallorca proponen una prestación para las personas que no puedan acceder a una vivienda pública a causa de la Administración. La formación ecosoberanista también apuesta por duplicar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para dedicarlo a agricultura, ganadería, pesca, industria y artesanía, así como a la amortización de la oferta turística obsoleta, el acceso a la vivienda y el aprendizaje y el impulso del uso social del catalán.

En cuanto al catalán, MÁS por Mallorca quiere recuperar los artículos que el PP derogó de la Ley de comercio de Pere Sampol para garantizar la no discriminación de los catalanohablantes en las tiendas. Propone medidas para que las leyes de salud y de función pública faciliten el aprendizaje del catalán a los recién llegados y garantizar el uso de la lengua catalana por parte de la administración y los funcionarios.

En cuanto a la educación, se propone crear un precio máximo o tarifas reguladas para las actividades complementarias de los centros educativos públicos y concertados fuera de las horas lectivas del primer ciclo de Infantil. También se incluye que la administración educativa regule el servicio de transporte escolar y del transporte discrecional para actividades escolares.

Calidad de los proyectos

El PSIB propone a sus enmiendas que los proyectos estratégicos, que implican aceleración y exención respecto a mucha normativa, "deben tener un grado suficiente de concreción y maduración". En caso contrario, debería valorarse la situación para detener el procedimiento si es necesario.

A juicio de los socialistas, los proyectos estratégicos no se pueden ubicar en cualquier suelo, tal y como proponen los populares (incluso, en zonas protegidas), sino que "sólo se pueden situar en suelo clasificado como urbano o urbanizable, siempre que la actividad del proyecto se incluya dentro de los usos permitidos". En caso contrario, deberá justificarse el emplazamiento, según recoge la subsanación del PSIB.

Los socialistas también han aprovechado las enmiendas para realizar aportaciones no específicas respecto al decreto ley. Piden que el Gobierno inicie "en un período máximo de seis meses, de forma coordinada con los consejos insulares, la tramitación de un plan de ordenación marina y del litoral para cada isla", ya que consideran una carencia importante no disponer de estos instrumentos, básicos para la "sostenibilidad, resbilencia climática, capacidad de carga, compati".