Marga Prohens: “Si el lema es ‘El Trenc no se toca’, yo me sumo”

PalmaEl verano vuelve a poner a Marga Prohens (Campos, 1982) ante el principal reto de su mandato: la saturación turística. Dos años después de que prometiera medidas “valientes” de contención, la calle vuelve a movilizarse. Atiende a ARA Balears en su despacho en el Consolat, donde defiende la gestión del Ejecutivo.

Falta menos de un año para las elecciones. ¿Qué es más urgente dejar hecho?

— Urgentes son muchísimas cosas. En estos tres años, hemos bajado todos los impuestos autonómicos que se pueden bajar, hemos eliminado el de Sucesiones y Donaciones; hemos hecho gratuita toda la etapa educativa 0-3, hemos aprobado una Ley de conciliación, inversiones históricas para la mejora del transporte, aprobado leyes de vivienda y de simplificación administrativa. Hemos hecho exactamente aquello que dijimos que haríamos. Queda mucho por hacer.

Se ha convocado una concentración en El Trenc. ¿Podéis garantizar que no se tocará?

— Si la manifestación se convoca bajo el lema 'El Trenc no se toca', yo me sumo. El Trenc no se toca. Respeto las movilizaciones que se hacen de manera pacífica. Lo que pasa es que precisamente esta no se hace sobre algo que haya hecho o tenga intención de hacer este Gobierno. Lo digo claramente: el Trenc no se toca.

Si no se quiere tocar, ¿con qué objetivo se modifica la ley para hacer más fácil cambiar su protección?

— Con el mismo objetivo que el Pacto de izquierdas modificó esta ley para el resto de 12 espacios naturales protegidos. Lo que hacemos es que la regulación de El Trenc también se modifique por decreto. No se hace a espaldas de nadie. Se entendió la pasada legislatura, y nosotros lo compartimos, que debemos tener más agilidad administrativa para la modificación de los planes de gestión. No hay nada que salvar, porque El Trenc está salvado.

Pronto se hará una nueva manifestación contra la masificación. Se prometieron medidas, pero no se han notado.

— Me gustaría ir a los datos, porque desmontan este relato. El discurso del miedo de la izquierda no se ha cumplido. Manifestaciones hemos tenido cada verano. Las respeto, pero es menos respetable que aquellos que provocaron esta situación vayan. Hace ocho años, nadie hablaba de saturación: el PSIB solo hablaba de “sensación” de saturación. He sido la primera presidenta que, sentada en el Govern, que es lo complicado, he dicho que habíamos llegado al límite. No solo lo he dicho, sino que hemos puesto medidas en marcha, y está claro que se notan. Pero también se notan las 115.000 plazas creadas por el Pacto los ocho años anteriores.

¿Por qué no retiráis estas plazas?

— ¿Qué hemos hecho nosotros? Crecimiento cero en plazas turísticas. Un Decreto de contención turística en el que prohibimos nuevos pisos turísticos en todos los municipios. Ahora, para dar una plaza de alta, tienes que dar una de baja. Este es el techo. Hay decrecimiento en pisos turísticos, en oferta ilegal y en estancias turísticas. Hay 60.000 plazas menos de pisos de alquiler turístico ilegal. Gracias al decreto, a unas sanciones del todo coercitivas y a acuerdos con las grandes plataformas.

El turismo ya no solo va a hoteles, sino a chalets de lujo. Se sabe que son plazas turísticas encubiertas: ¿por qué no se limita su construcción?

— Si hay plazas turísticas ilegales, hay un servicio para que las puedas denunciar, con sanciones que llegan hasta los 500.000 euros. Ningún gobierno anterior se había atrevido a ponerlas. Aquí, en un determinado momento, la decisión fue poner fin al todo incluido, y eso nos trajo otro modelo. Por eso tenemos tanto debate en el Pacto por la sostenibilidad: cualquier decisión tiene consecuencias. Debemos alejarnos de la presión y la prisa que puedan tener determinados sectores para pensar las cosas.

Habéis criticado la ampliación de Aena, porque hará que venga más gente. En cambio, flexibilizáis y favorecéis la construcción.

— Esto es falso. Lo que es un 'facto', como dirían los jóvenes, es que hay una obra faraónica en el aeropuerto de Ibiza y nos hemos enterado por los medios de comunicación. Aena no se ha molestado en levantar el teléfono. Lo mismo pasa en el aeropuerto de Palma. En cuanto al territorio, hemos aprobado una regularización extraordinaria de viviendas ya hechas, contra las cuales no se puede actuar judicialmente, porque el delito ha prescrito. Después, también necesitamos más vivienda. El crecimiento demográfico desbocado lo necesita, pero no porque venga más gente, sino por la que ya vive aquí. No hay vivienda a precio limitado o protegido para personas que no acrediten años de residencia legal aquí. La compra de vivienda para no residentes, a pesar de que todavía sea un reto, ha disminuido un 33% desde el principio de la legislatura.

¿Por qué no limitáis el precio del alquiler?

— Porque no funciona. Encargamos un informe: no solo nos dijo que no funcionaba, sino que advirtió del efecto rebote de aplicar la medida, que dura dos años. ¿Qué pasará cuando acabe esta limitación? Vemos territorios que lo han implementado, como Cataluña. ¿Qué hace el presidente Salvador Illa? Cumple con el PSOE y limita los precios, pero, igualmente, en los debates de política general habla de ‘construir, construir y construir’.

Este informe fue muy cuestionado por otros expertos.

— Si funcionara, lo habría limitado. Nosotros lo hemos limitado de otra manera. Cualquier vivienda nueva que se construya gracias a las leyes del Gobierno debe ser a precio limitado. Tenemos 5.000 nuevas viviendas a precio limitado que se están construyendo a raíz del primer Decreto ley de vivienda. En Palma, gracias a la Ley de proyectos residenciales estratégicos, tenemos 5.000 nuevas viviendas en tramitación. Todas salen con dos premisas: para la gente de aquí y un 30 o 50% por debajo del precio del mercado.

Construir en Palma tiene un problema: falta agua, y la nueva desaladora puede no ser suficiente.

— La clave es la desaladora. Pero insisto: no se trata de construcción para más población. Cuando ponemos la limitación y la prioridad balear al acceso a la vivienda es porque sabemos que no es porque venga gente nueva, sino para la gente que ya vive aquí.

Está en contra de la regularización de muchos migrantes que ya viven aquí.

— El Tribunal Supremo dijo que entra en colisión con el derecho europeo. El mantra de que ‘sin embargo, ya están aquí’ no es cierto. Ahora comenzarán las reagrupaciones familiares. Lo que puedo garantizar es el efecto llamada de esta política en un territorio como el nuestro, limitado. El crecimiento demográfico está totalmente desbordado. La inmigración también supone una merma de nuestra identidad. Yo siempre he dicho: inmigración regular vinculada a un contrato de trabajo, con un compromiso de integración, de respetar nuestras leyes, nuestras lenguas y tradiciones y la igualdad entre hombres y mujeres.

¿El efecto llamada no es el modelo económico? La gente viene porque tiene trabajo.

— El objetivo del Pacto por la sostenibilidad es la transformación de modelo económico intensivo en mano de obra. Nuestras Islas ya no dan más de sí. Esto no se transforma de un día para otro. El proyecto de mejora del ParcBit, la revolución administrativa de menos impuestos y burocracia, la Ley de aceleración de proyectos estratégicos, no pensada para los turísticos, van en esta dirección.

La importación de residuos de Ibiza es inminente. ¿Qué sentido ambiental tiene?

— ¿Y qué hacemos con Ca na Putxa? ¿Hacemos otro vertedero? Debemos aspirar a unas Islas con vertederos cero. Lo que no podemos hacer es decir que esto es un problema de Ibiza: soy la presidenta de todas las islas. Ibiza tiene un problema medioambiental de primer orden. Vemos los incendios que se producen cada año en los vertederos de Menorca y Ca na Putxa. Tenemos una planta de tratamiento en Mallorca que puede asumir estos residuos. Después de tantos años de gobiernos progresistas en Formentera, quien ha clausurado el vertedero ha sido mi gobierno. ¿Para estos no hay cadena humana?

¿Cuando el vertedero de Menorca llegue al límite también recibiremos la basura?

— Menorca está en otra situación. No se ha planteado.

Esta legislatura se han abierto cientos de plazas públicas sin el requisito de catalán. Si no se defiende la lengua, ¿cómo puede sobrevivir?

— Ningún gobierno la ha defendido más que el mío. Para defender la lengua propia han caído techos de gasto, presupuestos y han caído leyes. No es solo lo que se ha hecho, sino lo que se ha evitado. Siempre priorizaré la gestión a la ideología: que haya cinco oncólogos en Ibiza, que haya uno de sexto, y ya les daré las herramientas para que puedan aprender catalán cuando estén aquí. Que los alumnos de Formentera puedan tener un profesor de Matemáticas y ya, para consolidar la plaza, le exigiremos el catalán.

¿Vox dará apoyo a las leyes de costas y agraria?

— Hemos tenido un acuerdo de legislatura que Vox rompió unilateralmente en todas las comunidades. A partir de aquí, hemos ido negociando ley a ley. La ley de costas la hemos ido hablando. Confío en el apoyo de Vox, pero también de otros partidos. La Ley estatal de costas, hecha en un despacho de la M-30 de Madrid, es un ataque directo a nuestro litoral. Por primera vez tenemos una ley propia. En cuanto a la ley agraria, está hecha con el sector y puede tener un amplio apoyo.

Habéis equiparado la regulación de los xibius a la Ley estatal de costas, más laxa.

— Era una anomalía no hacerlo, en este caso. Quiero desmentir que sea una modificación hecha por el Trenc. Para otras partes del territorio, como Muro, era injusta y perjudicial. Nos lo han hecho saber.

¿Cerraréis el acceso a la sierra de Tramontana por el eclipse del 12 de agosto?

— No descartamos nada. Son decisiones técnicas, pero se tomarán las que hagan falta en cada lugar. No hemos cogido el eclipse como un tema turístico, sino como la gestión de una emergencia. Sabemos que el día 12 de agosto es un momento de máximo índice de presión humana.

La última encuesta electoral os deja a las puertas de la mayoría absoluta.

— Hace cuatro años pedí una mayoría para poder gobernar en solitario. Demostramos que era posible. Ahora pido una mayoría absoluta de estabilidad, para no tener que estar en una situación de bloqueo como la que vemos en Andalucía, de ruido o de decisiones que no siempre se toman aquí.

Francina Armengol finalmente no se presentará a las autonómicas.

— Les ha costado tres años asumir los resultados electorales. Francina Armengol no se presenta, pero no se va, y dicta quiénes serán sus sucesores. No han hecho autocrítica. Se va forzada por unos resultados autonómicos, generales y europeos, y porque está rodeada de casos de corrupción. Ya ha dicho que quiere quedar aforada en el Congreso. No es cosa baladí.