Entra en vigor la ley que recalifica automáticamente suelo rústico para realizar miles de pisos
Los ecologistas y la oposición de izquierdas critican que la norma de obtención de suelo es una de las principales agresiones territoriales de la democracia
PalmaLa Ley 4/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en las Islas Baleares ha entrado en vigor este jueves. La norma que permite recalificar de forma automática cientos de hectáreas de suelo rústico para hacer pisos y que intensifica la presión sobre el suelo urbanizable se ha publicado en el BOIB a primera hora.
Los especialistas se muestran sorprendidos de que la publicación y la entrada en vigor sean el mismo día, ya que normalmente pasan al menos 24 horas entre la inclusión en el BOIB y el inicio de la vigencia. En cualquier caso, la redacción de la norma recoge literalmente los acuerdos a los que llegaron el PP y Vox, y que suponen abrir la puerta a la construcción de edificios en el suelo rústico. En el caso de las poblaciones de más de 20.000 habitantes, no tendrán que esperar a agotar el suelo urbano y urbanizable, que es el que marcaba la normativa vigente hasta ahora. De esta manera, Palma, Calvià, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Inca, Alcudia, Ibiza, Santa Eulalia del Río, San José de Sa Atalaya, Ciutadella, y Mahón podrán decidir si quieren aplicar este modelo y llenar las Áreas de Transición —suelo rústico que rodea los núcleos principales—.
La norma ha provocado mucha indignación entre la oposición política, los colectivos ecologistas y los vecinos de diferentes áreas rurales, principalmente de Palma, que han alzado la voz para pedir que se repense una medida que consideran macrourbanizadora y que, según especialistas como el portavoz del GOB en la Ponencia técnica de urbanismo planificación y potencia la especulación y el impacto ambiental negativo sobre un territorio castigado.
Para que se pueda implantar esta norma en Palma, será necesario que Vox vote a favor, ya que la ley prevé un filtro municipal para su aplicación. Pero hace sólo unas semanas, el portavoz del partido de extrema derecha en Palma, Fulgencio Coll, dijo que lo lógico era agotar primero el suelo urbanizable y el urbano antes de consumir extensiones de rústico que tienen un importante valor territorial y patrimonial. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, no podrá sacar adelante la aplicación de esta norma sin Vox.
La ley generará, según las voces críticas y los cálculos elaborados por el ARA Baleares, más de un millón de plazas residenciales, si se tiene en cuenta que, además de poder urbanizar directamente el suelo rústico, se podrá intensificar en un 45% los suelos urbanizables de los municipios de más de 10.000 habitantes.
Proyectos residenciales estratégicos
Para llevar a cabo actuaciones recalificadoras, la ley incorpora la figura de los proyectos residenciales estratégicos, una herramienta administrativa para acelerar aprobaciones integrando planificación, reparcelación y urbanización en un único trámite. Según el Govern, esto es vital para "paliar el problema de la vivienda", como ha defendido el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.
Estos proyectos no se podrán realizar en todos los suelos rústicos, sino únicamente en aquellos en contacto con suelo urbano y urbanizable. Además, todos los pisos que se realicen en áreas de transición deben ser de régimen de protección -vivienda pública o de precio limitado. Este porcentaje podrá reducirse al 75% si se justifica una inviabilidad económica reconocida por el Ayuntamiento.
En los proyectos desarrollados sobre suelo urbano o urbanizable en municipios de más de 10.000 habitantes debe reservarse como mínimo el 50% de la edificabilidad residencial para viviendas con algún régimen de protección pública o de precio limitado. El resto de edificabilidad se podrá destinar a viviendas libres, donde los promotores esperan hacer uno gran negocio.
Para el GOB, se trata de una "destrucción definitiva del suelo rústico". La entidad arremete contra la ley porque facilita una liberalización del suelo que "pone en peligro el territorio, los recursos naturales y la resiliencia climática", así como la desregulación total en materia urbanística. La izquierda ya ha anunciado que llevará la ley al Tribunal Constitucional.