El Ayuntamiento de Palma ha dado de baja del padrón a más de 200 personas sin hogar

PalmaElAyuntamiento de Palma ha dado de baja del padrón municipal unas 240 personas sin hogar después de iniciar, en el último cuatrimestre de 2025, un proceso de revisión del registro de habitantes de Ciutat. La gestión del caso ha desatado una fuerte polémica por tratarse de una cuestión que afecta a derechos básicos y, especialmente, después de que se cuestionaran las explicaciones iniciales de la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Roca, que incluso el Consistorio ha contradicho.

En un primer momento, la concejala había asegurado que los listados provenían de la Cruz Roja y que ese tipo de intercambio de información era habitual. Sin embargo, posteriormente se ha sabido que la petición de datos partió del Ayuntamiento. Fuentes de la ONG han confirmado a este diario, tal y como avanzó Cadena Ser, que la petición provino del Consistorio y que ésta era la primera vez que les habían pedido este tipo de información. En ningún mandato anterior se pidieron este tipo de listados, detallaron fuentes de la entidad.

Cort, de hecho, en una nota enviada este jueves tarde, contradice la primera versión de Roca y explican que "el 18 de septiembre de 2025, Cruz Roja remitió, a solicitud de los técnicos de los Servicios Sociales municipales, una revisión del listado de personas en situación de vulnerabilidad empadronadas en domicilio ficticio". En esta comunicación, la entidad identificó diferentes situaciones e incluyó a personas con las que no se había mantenido contacto durante más de seis meses, por lo que no se podía verificar si continuaban en situación de calle o residiendo en el municipio, ni tampoco asegurar que cumplieran los requisitos para este tipo de empadronamiento.

El Ayuntamiento asegura que la revisión de determinados empadronamientos de personas en situación de vulnerabilidad responde al cumplimiento de la normativa vigente y se realiza siguiendo los criterios técnicos establecidos por los servicios sociales municipales. Cort defiende que este protocolo regula el procedimiento de empadronamiento de personas vulnerables en situación de calle y su seguimiento periódico, y establece que cualquier cambio de situación –cambio de domicilio, salida de centros de acogida, traslado a otra comunidad o municipio, regularización de vivienda o habitación, etc.– debe derivar en la baja del padrado, con el objetivo de mantener el padrón municipal de 2020 del Instituto Nacional de Estadística.

El Consistorio destaca que el protocolo establece que la Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES) de Cruz Roja, como entidad responsable de este colectivo, actualizará semestralmente el listado de personas atendidas que siguen en situación de calle. "Hay que señalar que, hasta la fecha, este procedimiento no se estaba aplicando, por lo que se incumplía lo previsto en la normativa vigente", explican fuentes del Ayuntamiento.

Cort asegura también que el inicio del procedimiento no implica la baja automática del padrón y, en caso de acreditarse que las personas todavía residen en el municipio o son atendidas por Servicios Sociales u otras entidades, el expediente queda archivado.

"Quiere decir dejarla sin derechos"

Según el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, eliminar a una persona del padrón municipal implica dejarla sin acceso a derechos básicos. "No es un simple trámite administrativo, significa dejarla sin derechos, sin acceso al médico, ayudas sociales o, incluso, a la escolarización", remarcó.

Ducrós sostiene que Roca mintió en el pleno municipal de enero, cuando aseguró que era habitual que Cruz Roja enviara listas de personas que no había podido localizar durante seis meses. Sin embargo, según la ONG, esta práctica nunca se había aplicado en el caso de personas en situación de emergencia social, lo que ha intensificado la polémica sobre la gestión del padrón.

"Borradas para la Administración"

Para Ducrós, "lo que ha hecho el Ajuntament de Palma con más de 200 personas sin hogar es, literalmente, borrarlas para la Administración pública. Personas que pasan a no existir a ojos de la Administración pública y que quedan aún más desprotegidas".

"Estamos ante una mala praxis muy grave de la concejala de Bienestar Social, una gestión que se ceba, precisamente, con quien más ayuda necesita", ha dicho Ducrós. Según ha explicado, "la señora Roca ha mentido a la ciudadanía sobre el origen de esta decisión y, por responsabilidad política, los socialistas de Palma exigimos al alcalde que la destituya, porque no puede continuar al frente de un área fundamental para los vecinos".

Por su parte, este viernes el PSOE ha exigido al alcalde que pida perdón a Cruz Roja y las entidades del tercer sector por sus ataques sistemáticos. El secretario general de la agrupación socialista de Palma, Iago Negueruela, considera que se encuentran "ante un alcalde censor que va en contra de los derechos de los vulnerables, de la gente que carece de recursos y de las entidades que los representan".

Como respuesta, Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma ha registrado una moción para paralizar las bajas del padrón municipal, que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a personas sin hogar, migrantes o ciudadanía con graves dificultades residenciales. La formación también ha pedido la dimisión de Lourdes Roca, a quien responsabiliza políticamente de mentir a la ciudadanía de Palma. "El Gobierno municipal no puede emplear el padrón como una herramienta para expulsar administrativamente a personas vulnerables. La concejala Lourdes Roca ha mentido y, en consecuencia, debe dimitir", ha exigido Lucía Muñoz, la portavoz de Podemos Palma.

Unidas Podemos quiere detener las bajas del padrón

Unidas Podemos ha alertado también de que la pérdida del empadronamiento puede tener consecuencias muy graves. En el caso de las personas migrantes, puede interrumpir el cómputo del tiempo de residencia necesario para iniciar procesos de regularización administrativa. Para personas sin hogar o en situación de exclusión residencial, la baja del padrón implica dificultades para acceder a servicios básicos y prestaciones sociales. La formación también ha denunciado que muchas de las personas afectadas no reciben notificaciones efectivas de los expedientes abiertos, precisamente, debido a su situación de sinhogarismo o precariedad, lo que puede generar situaciones de indefensión administrativa.

Ante esta situación, la moción presentada por Unidas Podem propone paralizar de inmediato todos los expedientes de baja que afecten a personas en situación de vulnerabilidad hasta que se garantice plenamente el derecho a una notificación efectiva ya la defensa administrativa. También reclama reforzar los protocolos municipales de empadronamiento social, mantener su empadronamiento en direcciones administrativas para personas sin domicilio fijo y establecer mecanismos de coordinación estables con las entidades sociales.