Las cifras de los recortes del Govern al catalán

PalmaPresionado por Vox, el Gobierno de Marga Prohens ha ido reduciendo paulatinamente la presencia del catalán en el ámbito de la administración pública. Lo ha hecho, como insisten los populares, de forma quirúrgica. Argumentan que eliminar el requisito de catalán para los sanitarios y para acceder a determinados cargos de la Administración responde a una necesidad de ocupar plazas de muy difícil cobertura. También insistieron en que las cesiones a Vox en materia educativa tienen unos efectos prácticos mínimos, porque se mantiene el Decreto de mínimos y la Ley de normalización lingüística para priorizar el catalán en la enseñanza. Pero el caso es que estas medidas favorecen que cada vez se hable menos la propia lengua y más el castellano. Y la cifra de plazas afectadas aumenta.

895 sanitarios sin catalán

Son las nuevas incorporaciones en el IB-Salut desde que se fulminó la exigencia

En cuanto Prohens llegó a la presidencia del Govern, eliminó el requisito de catalán para acceder a las plazas del ámbito sanitario. Lo hizo un 28 de agosto a través de un decreto ley urgente, aunque después lo convalidó el Parlament. Desde entonces, conocer la lengua propia ha pasado a ser un mérito. Esta medida está recogida en el pacto que Prohens suscribió con Vox para ser investida. Pero, en realidad, lleva la firma del PP, porque ya se había comprometido a salir adelante en campaña.

La consejera de Salud, Manuela García, argumentó que el catalán, como la vivienda, era un factor que jugaba en contra de la captación y fidelización de profesionales sanitarios en las Islas. "Probablemente, no sea el principal elemento disuasorio, pero lo es", aseguró. En una entrevista realizada en septiembre del 2023 por el ARA Baleares, García aseguró que "todos los sanitarios" saben decir "levanta el brazo" y "saca la lengua" a los pacientes "sin ninguna dificultad". "El 50% de los profesionales que se han presentado en las oposiciones no tenían el nivel requerido del idioma, pero sí la sensibilidad de querer entender al paciente", aseguró.

Según los datos facilitados por el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut), 895 profesionales sanitarios se han incorporado a trabajar desde entonces sin el requisito. Se trata de médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería. Los celadores, a los que también se rebajará o eliminará el requisito tras el pacto suscrito esta semana entre el PP y Vox, no son personal sanitario. En paralelo, la Conselleria ofrece desde febrero de 2024 cursos de catalán inicial para personal sanitario. Se trata de clases voluntarias y gratuitas. Según informa el IB-Salut, desde entonces, 652 sanitarios se han apuntado a estos cursos.

¿Qué parte del total representa esto? Según los datos que la Dirección General de Función Pública dio a conocer, en 2024 (cuyo último año hay cifras) había 14.774 trabajadores sanitarios en la red pública, 7.206 de los cuales tenían plaza fija. En la legislatura anterior se eximía a los interinos de presentar el título de catalán, pero se les daba un plazo de unos dos años para que lo aportaran. Con la actual normativa, esta demanda se elimina. En relación al total, los 895 sanitarios que han entrado a trabajar sin acreditar que entienden el catalán representa, aproximadamente, un 6% del grueso de los sanitarios del IB-Salut. Sin embargo, a medida que se convoquen plazas nuevas esta cifra se irá ampliando.

877 plazas de docentes

El Govern permite eliminar el requisito de catalán en lugares de muy difícil cobertura

El PP y Vox han acordado esta semana eliminar el requisito de catalán en las plazas de oposición para docentes en puestos de muy difícil cobertura. Lo harán a través de enmiendas a la ley de aceleración de proyectos estratégicos, para dar cumplimiento al Pacto de presupuestos de 2025.

¿Cuántos docentes podrían llegar a obtener una plaza vitalicia sin saber catalán? El conseller de Educación, Antoni Vera, respondió que se desconoce el número exacto de plazas a las que esto afectará el próximo curso. Fuentes del Ejecutivo explican que será necesario determinar con un acuerdo del Consejo de Gobierno cuáles son:_"No se hará con todas las de difícil cobertura", insisten. Sin embargo, tal y como informa Jaume Cladera, este curso el departamento ha calificado 877 plazas como de muy difícil cobertura: 549 en Ibiza, 186 en Formentera, 138 en Menorca y 4 en Mallorca. A principios del curso, había 14.177 docentes en activo en el sistema público balear. De éstos, 644 son interinos que no han acreditado el conocimiento de catalán, pero han obtenido la plaza porque estaba vacante. La diferencia es que, ahora, el Govern abre la puerta a que cientos de profesores puedan convertirse en funcionarios sin conocer la lengua vehicular de los centros públicos. Sin embargo, Vera aclaró el pasado martes que no podrán escoger un centro definitivo hasta que no presenten el título, así que, si no lo hacen, rotarán de centro cada año.

Esta decisión se suma al Plan de segregación lingüística que el PP y Vox pactaron en 2024. Consiste en permitir que los centros puedan decidir en qué lengua se imparten determinadas asignaturas. Este curso participan 20 centros, todos concertados, con 5.800 alumnos en total, mientras que el año pasado fueron once, con 2.322 alumnos. Los dos partidos también han anunciado esta semana que se bajará la nota de catalán necesaria en el instituto para obtener los certificados B2 y C1, y se permitirá que también lo puedan obtener los alumnos que cursen un año en el extranjero.

Trabajadores de la Administración

Hay 250 plazas en las que se rebajará o eliminará el requisito de catalán

El Govern también eliminará el requisito de catalán en la función pública en dos supuestos. Por un lado, en el personal deficitario de servicios generales. Según fuentes del Ejecutivo, este procedimiento se iniciaría sólo en caso de que la convocatoria de plazas quedara desierta o sin un número mínimo de aspirantes. Por otra parte, esta excepción sólo se aplicaría a aquellas plazas que no sean cara al público. ¿A qué tipo de trabajadores podría afectar? Las mismas fuentes informan que, en ocasiones, cuesta fichar a arquitectos y otros perfiles especializados.

Por otra parte, también se exceptuarían las categorías siete y ocho del personal laboral del Gobierno: son trabajos relacionados con cuestiones como el mantenimiento, la limpieza, los celadores y la jardinería. Según explica el Ejecutivo, existen cerca de 250 trabajadores de estas categorías del total de 750 trabajadores de personal laboral. Actualmente, además, existen entre 40 y 50 vacantes en las que se podría eliminar el requisito.

Estas medidas se añaden a una iniciativa que el Gobierno aprobó en mayo del 2025 en la misma línea. A través de la Ley de capitalidad, el Ejecutivo blindó a 145 trabajadores estabilizados que no habían acreditado el nivel de catalán que se les requería para mantener la plaza. Mediante decreto ley, dobló de dos a cuatro años el plazo para que estos funcionarios presentaran la titulación exigida en las bases de la convocatoria. Sin embargo, transcurridos los dos años extra, estos trabajadores no se quedarán sin plaza aunque no tengan el nivel de lengua requerido. La normativa pasará de echarlos (como decían las bases de la plaza a la que accedieron) a sólo impedirles "participar en los procedimientos de promoción interna o de provisión, ordinarios o extraordinarios, hasta que se alcance el nivel de catalán exigido".

Discriminación lingüística

El IEB documenta 119 denuncias por discriminación lingüística

Prohens eliminó a la Dirección General de Política Lingüística de su organigrama. Tampoco hizo referencia alguna, en el decreto de competencias y estructura orgánica básica de las diez conselleries, a la normalización del catalán ni a la promoción y defensa de los derechos lingüísticos. En este escenario, desguazó la Oficina de Derechos Lingüísticos y se comprometió a impulsar en su lugar la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística de Vox. Por último, la extrema derecha acabó renunciando a esta oficina y el Instituto de Estudios Baleáricos ha asumido las funciones de la Oficina de Derechos Lingüísticos. Según datos de este departamento, esta legislatura se han registrado 119 denuncias por discriminación lingüística, un 72,7% menos que la anterior legislatura, cuando fueron 437. Pero, en cambio, Plataforma por la Lengua ha documentado 235 reclamaciones este mandato, casi el doble que el recuento del Govern. De ese total, 105 quejas fueron por situaciones vividas en la Administración.