La priorización de los residentes está de moda

Un tiempo a esta parte la priorización de los residentes está de moda. Hace pocos días la presidenta del Govern anunció una ayuda por la compra de la primera vivienda a residentes en Baleares por un mínimo de cinco años. Pero ésta no es la primera medida del Gobierno en este sentido, este mismo criterio de 5 años de residencia ya lo podemos encontrar aplicado en las Viviendas de Precio Limitado (HPL), Viviendas de Protección Oficial del Ibavi, en los avales de la Nova Hipoteca Jove y en el acceso al programa de Alquiler seguro. Aparte de encontrar condiciones similares en promociones de ayuntamientos en las Islas.

Lo interesante es que una parte de la izquierda empieza a comulgar con este tipo de medidas que han sido impulsadas inicialmente por el gobierno del PP con apoyo de Vox. Se reclama la protección de los residentes frente a procesos de expulsión masivos, como el que provoca la gentrificación. Sin embargo, esta condición de residencialidad aplicada a políticas sociales o de vivienda excluye a una parte muy importante de población que vive desde hace poco en Baleares, muchos de ellos con condiciones materiales mucho peores que los de la mayoría de residentes.

Así las cosas, hay una pregunta que sobrevuela esta cuestión: ¿es esa priorización de los residentes moralmente aceptable? ¿Debe tener más derecho de acceso a un bien una persona por el hecho de haber vivido más tiempo en un sitio? ¿O quizás todo esto es una forma de nativismo encubierto? El nativismo, por principio, considera que los autóctonos tienen prioridad sobre los recién llegados.

Paradójicamente, una parte importante de la izquierda también levanta esta bandera, la de "los locales primero". Si genuinamente no se parte de una concepción nativista, justificar la priorización de los residentes de larga duración supone un reto. En cualquier caso, la crisis residencial, como tantas otras, nos lleva a todos a forzar nuestros principios morales ya pensar excepciones ad hoc para darle una respuesta. Aquí una lista de argumentos que he oído decir a activistas y políticos sin utilizar el nativismo como justificación:

En primer lugar, existe el posible derecho a permanecer: las personas que hace más tiempo que viven en un lugar tendrían una vinculación, una red social hecha, que hace que tendría más coste para ellas moverse a otro lugar. El punto más débil de este argumento sería que de entrada no es evidente hasta qué punto pesa moralmente más priorizar el arraigo de una persona a la posible mala situación económica de otra que lleva poco tiempo en un lugar.

En segundo lugar, hay quien considera que proteger a los residentes es clave para asegurar la continuidad de servicios básicos: en un contexto de expulsión en la periferia o fuera de trabajadores necesarios para mantener los servicios básicos priorizarlos en la distribución de vivienda es imprescindible. En cualquier caso, con este argumento, los 5 años de residencia no siempre resolverían qué hacer con los trabajadores que vienen de fuera y que también sostienen servicios considerados esenciales.

En tercer lugar, el mérito fiscal: aquellos que han contribuido más tiempo a las arcas públicas deben tener más acceso a los bienes de la comunidad, especialmente si provienen del sector público. Éste tiene el peligro de acabar priorizando a los mayores sobre los más jóvenes. Salvo que ese mérito fuera traspasable de padres a hijos, pero entonces esto incurriría en un argumento nativista.

Y, por último, otro argumento que he oído mucho es el de la preservación de la identidad de la comunidad: proteger la cultura y la identidad local frente a la asimilación o de la homogeneización sería un valor a proteger en sí mismo. Así, la priorización de los residentes en el mercado de la vivienda sería una forma de proteger sus rasgos culturales. El principal problema de este razonamiento es que discriminar en el acceso a un servicio o por motivos culturales choca con elementos muy básicos de nuestra cultura política. Por tanto, utilizar el criterio de la residencia mínima como sustituto de la de "portador de una cultura determinada" puede ser más socialmente aceptable, pero resulta problemático si se mira más de cerca.

Todos los argumentos que he expuesto aquí pueden ser criticables desde diferentes perspectivas ideológicas, como ocurre siempre que se declara que tal cosa u otra es 'importante' o 'valiosa'. Pero, como mínimo, éstos tienen la virtud de no apelar al origen de las personas para negarlos o priorizarlos ante lo que podemos considerar un derecho, como es la vivienda. Y esto es importante, ya que utilizar el nativismo para justificar una política pública que puede llegar a tener sentido puede llevarnos, en el futuro, a ver con buenos ojos verdaderas inmoralidades. Por eso es primordial elegir bien nuestras ideas evaluando sus asunciones y sus implicaciones.

El caso es que ante la escasez de vivienda tenemos muchísimas opciones como sociedad, pero para reducirlo sólo a dos: no hacer nada y que el criterio de distribución de la escasez sea el del mercado, es decir, el del mejor postor, o que introduzcamos otras fórmulas que encuentren un equilibrio entre todo lo que considera. Nos hace falta, por tanto, seguir pensando cómo hacer que las intuiciones morales que tenemos los isleños, como la que "no está bien que nos veamos obligados a abandonar nuestra casa", puedan ser expresados ​​y traducidos a políticas públicas sin incurrir en discriminaciones intolerables.