El olvido de la historia como arma de imposición

La respuesta de los dos grandes partidos españoles, entonces UCD y PSOE, en el golpe de estado del 23-F, fue la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) de junio de 1982. El presidente del gobierno era Leopoldo Calvo-Sotelo. Con la aprobación de la ley se pretendía modular y apaciguar el proceso autonómico, priorizar las normas estatales sobre las autonómicas y cerrar la vía rápida del artículo 151 de la Constitución a regiones no históricas, entre otras cuestiones. Un año después, el Tribunal Constitucional anulaba 14 de los 38 artículos de la ley y declaraba inconstitucional el principio de prevalencia estatal.

Andalucía, el 28 de febrero de 1980, había realizado un referéndum para incorporarse a la 'vía rápida' de las nacionalidades históricas. La consulta era colofón de un creciente sentimiento andalusista, impulsado principalmente por el Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz ('Andalucía como nacionalidad'), que había conducido a grandes movilizaciones populares que reivindicaban la reforma agraria y el autogobierno. PSOE y PCE se habían alineado con esta corriente, mientras que la derecha promulgaba el voto de abstención. Aún así, el abanico completo de partidos había firmado el Pacto de Antequera, donde se comprometían a "la mayor autonomía posible en el menor tiempo".

Los grandes partidos estatales habían intuido el peligro: mayor autonomía implicaba menos Estado; y, más andalucismo, menos españolismo. El Poder (en mayúsculas) temía todo lo que pudiera oler a federalismo. El nuevo Estado se estaba edificando sobre una falacia, negando la existencia de la nación castellana, intencionadamente se confundía una parte con el todo, como cuña del 'sentimiento imperial'. Esta ausencia se había tapado políticamente con el 'café para todos'. A su vez, se convertía la capital del Estado en un primus inter padres que actuaba como entidad centralizadora. La inutilidad del Senado (pensado como cámara territorial) es la muestra más fehaciente de la escasa voluntad federal al mainstream español.

El 'café para todos', en vez de fomentar el sentimiento de pertenencia a una entidad propia superior, arraigada a la historia, se convertiría en fuente de odio hacia las nacionalidades existentes, en un ejercicio de hipocresía política que perseguía transmutar la idea de singularidad a privilegio. La Constitución no sólo insistía en 'nacionalidades y regiones', sino que establecía dos vías autonómicas: 'rápida' (art. 151, para nacionalidades históricas) y 'lenta' (art. 143). La singularidad política, no como elemento folclórico, está absolutamente reconocida en la Carta Magna y matizada en el sentido de que: "Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento..." (art. 14).

Este exordio es a cuenta del surrealismo al que se ha llegado, en el que las cosas no se valoran y todo lo común y concreto no existe; el mundo navega entre la espuma de un relato omnipresente, donde el olvido es una característica consustancial. Adictos al algodón de azúcar, de la mano del absurdo como norma, se ha pasado a la postrealidad. Tanto es así, que ahora los votos de Extremadura y Aragón viajan por un tubo de correo neumático directamente de la urna en la sede de la calle de Génova. La 'casa común' de la izquierda corre el peligro de que se empiece por el tejado. La excusa para decir no es que el dinero de la nueva financiación es que trae la efigie de un Oriol... Definitivamente, la política española supera al mejor de los guiones de José Luis Cuerda.

No se ha llegado aquí de un día a otro, es el resultado de un largo camino de desmemoria y suplantación. El revés que supuso la sentencia del Constitucional sobre la LOAPA dio pie a una lenta estrategia con el objetivo de mantener un poder centralizado. La principal resistencia venía de las nacionalidades históricas; sin embargo, el germen de la singularidad estaba más extendido. La realidad se parecía a las capas de una cebolla: nacionalidades, la periferia y la 'olvidada' nación castellana (que está suplantada por lo que algunos comentaristas llaman 'Madrid DF' y que Josep Melià, en Destino, a finales de la dictadura, había llamado 'Irrealmadrid').

En la periferia están las Islas Baleares, con una personalidad edificada en un corpus político definido por una lengua propia, una historia y un tronco cultural común con los demás países catalanes, y por el mar Mediterráneo. Lo suficientemente potente para generar un sentido de singularidad soberana. Por ejemplo, en Mallorca, un mallorquinismo político centenario, lo suficientemente sólido para gobernar más de la mitad de los años que llevamos de este siglo. Esto representa una fortaleza definitoria y, a su vez, objeto del olvido que se ha querido imponer. No es de extrañar, pues, la manía de la derecha con la lengua, la escuela y el territorio, que entienden como espacio de negocio.

Una última reflexión, hecha al gordo, la izquierda en su conjunto ha gobernado cuando la corriente dominante del PSOE se ha situado abiertamente en una línea política más 'arraigada en el país'. Lo suficientemente significativo. Recuerdo perfectamente las reticencias internas que había en el partido en la coalición. Corría el año 1999, el Primer Pacto de Progreso. Se impuso la cordura. No en vano, en Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria y Canarias, parte de la periferia, existen partidos propios que, en un momento u otro, han gobernado. En el momento actual, este hecho adquiere aún más importancia.

La imprescindible reunificación de la izquierda situada en el umbral más al oeste del mapa político institucional hierve. El 'provincia en provincia' ha hecho fortuna estas últimas semanas. Sumar quiere cambiar de piel, aunque no sabemos si de talante. Y Podemos se agarra al frasco de las esencias. En este contexto, MÉS, referente del nacionalismo progresista, tendrá una doble responsabilidad: evitar la guerra de codos e impulsar un proceso abierto de participación que, en su caso, deberá concluir en algún tipo de primarias.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo si el 'café para todos' era, o no, una fórmula sibilina para poner al País Vasco y Catalunya ante el muro de las lapidaciones y propiciar la homogeneidad que deseaba el Poder (en mayúsculas).