No construir ni un metro cuadrado más
La crisis de la vivienda se ha convertido en el plato único del menú político y, en parte, es bueno que sea así, porque las políticas de vivienda también son políticas medioambientales y políticas culturales, y, en definitiva, apuntan directamente a la cuestión de siempre, que no es otra que la del modelo económico. Insistimos en el hecho de que tampoco es negativo que un caso particular, el del desahucio de Maricarmen, haya causado una indignación ciudadana masiva que se ha traducido en movilizaciones cívicas y en una presión política que ha obligado incluso al gobierno de España a improvisar (o intentar improvisar) legislación en forma de decreto antidesahucios y antiespeculación. La atención que ha tenido el caso de Maricarmen no implica de ninguna manera desatención por los miles de personas que sufren también la injusticia de perder el lugar donde viven, o de no poder acceder a la vivienda, a causa de un mercado fuera de control. Muy al contrario, las incluye y las representa.
La envergadura que ha tomado el debate sobre la vivienda ha obligado a los políticos a posicionarse. También a los gobernantes de las Baleares, que se mantienen impávidos en su credo: contra los problemas de vivienda, bajar impuestos, construir en todas partes y facilitarlo al máximo. En definitiva, todo el constructo legislativo que el Gobierno de Marga Prohens ha llevado adelante en estos tres años y pico de legislatura: simplificación administrativa y desprotección casi integral del territorio. Naturalmente, el hecho de que entre los patrocinadores de los dos partidos de extrema derecha que están en el gobierno, el PP y Vox, y entre sus mismas cúpulas directivas abunden los constructores y los empresarios inmobiliarios no tiene nada que ver con este afán por construir mucho y más deprisa que nunca.
Desregular y construir sin medida, lejos de aportar una solución a la crisis o, cuando menos, paliarla en algún aspecto, no hará otra cosa que agravarla de manera exponencial. Sería algo comparable a reconocer que en las Baleares existe un problema de turistificación y masificación (directamente relacionado, por otra parte, con el problema de la vivienda) y pretender “combatirlo” haciendo venir cada año un millón más de turistas, y ampliando el aeropuerto para que puedan venir muchos más todavía (es una suposición, porque ningún gobierno mínimamente responsable sería capaz de hacer esto). Sería, qué sé yo, como anunciar que hay un problema de seguridad ciudadana y afrontarlo condecorando a dos policías condenados, uno por torturas contra un detenido y otro por acoso homófobo contra una compañera: es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Palma, como hemos sabido gracias a una información de Kiko Mestre en Diario de Mallorca.
Volvamos, sin embargo, a la crisis de la vivienda, que se ha convertido en una urgencia de alcance internacional. Algunos países en Europa van más avanzados que otros: en la comunista y bolivariana Francia, por ejemplo, se ha implementado la ley de clima y resiliencia, que fija como objetivo la Cero Artificialización Neta (ZAN). Esto significa: regenerar y rehabilitar los espacios ya construidos, reciclar barrios, no construir ni un metro cuadrado más en rústico ni en la periferia de las ciudades, sino trabajar sobre el parque inmobiliario ya existente. Y sobre todo, seguir la máxima acuñada por los arquitectos Anne Lacaton y Jean-Philippe Vasal: ‘Ne jamais démolir’, no derribar nunca. Reaprovechar, reciclar, volver a construir sobre aquello ya construido. Cuidar la naturaleza, cuidar a las personas, castigar a los especuladores. Este es el futuro.