Más nivel, diputados
Me gustaría pensar que hubo un tiempo en el que el Parlamento servía para algo más que para aplaudir a los propios y abuchear a los demás. Un lugar en el que el Gobierno rendía cuentas y la oposición fiscalizaba. Si ese tiempo existió, hace rato que ha terminado. Hoy el debate parlamentario es, sobre todo, un intercambio de discursos pensados para la gradería.
El sistema de preguntas y respuestas ha sido pervertido hasta el punto de que la oposición reconoce plantear cuestiones amplias como trampas para pillar a contrapié al consejero de turno, y los que gobiernan se limitan a contestar lo que quieren. Da vergüenza ver consejeros leer como robots (quién sabe si por primera vez) los argumentarios escritos por los asesores. Se levantan, se recolocan la corbata, ajustan el micro y sueltan un reguero de vaguedades y de "y tú más" que no va a ninguna parte. Un "y tú más", por cierto, que no tiene sentido después de tres años en el poder.
La retribución bruta anual de un diputado raso de las Islas Baleares sobrepasa los 62.000 euros. El sueldo mínimo interprofesional es de algo más de 17.000. Muchas personas, que sobreviven con apenas 1.200 euros mensuales, también les han votado. Aunque al ciudadano medio no le importe demasiado lo que ocurra en el Parlament, los diputados deberían pensar cada vez que ocupan su escaño que deben elevar el nivel y cumplir con sus obligaciones.
Las preguntas deben ser claras y directas. Y las respuestas, en ningún caso, leídas punto por punto. Esto nos lleva a cómo los aparatos de los partidos eligen quien conforma sus listas y nos obliga a replantearnos si no deberían cumplir unos requisitos para ser servidores públicos.
He visto diputados pedir en comisiones por competencias de otras administraciones o ser incapaces de defender las propias por puro desconocimiento. No planteo que el Parlament sea una balsa de aceite, pero sí un nivel discursivo por encima de los lugares comunes, las frases hechas, los reproches más obvios y la inercia.
La oposición debe aprovechar sus conocimientos de la Administración después de haber gobernado para exigir respuestas (en lugar de entregar las elecciones del 2027) y los gobernantes darlas claramente. También sería una buena forma de combatir los populismos y la desinformación. Y tampoco parece una exigencia desmedida para representantes públicos que cobran más de 62.000 euros al año.