Difamar al pobre
Pilar López es la mujer desahuciada que irrumpió en el Parlamento el pasado martes, 6 de octubre para hacerle saber a la presidenta Prohens en persona que se sentía decepcionada y abandonada (son las palabras que utilizó): haber votado al PP no le había servido para no perder la vivienda donde había vivido durante los últimos 15 años, después de haber cotizado 40 y de haber trabajado sobre todo en la hostelería, como camarera de piso. Ya había acudido, días atrás, al pleno del Ayuntamiento de Palma para hacer sentir su protesta. Pilar López pasó el reciente y monstruoso verano viviendo dentro de su coche, el único espacio que la separaba de dormir al raso. Es –como Maricarmen, muerta esta semana, como Olga y Javier, dos vecinos de Hospitalet de Llobregat que se han suicidado– una víctima de la avaricia, de la especulación y de un mercado fuera de control que ve la vivienda como una mercancía que proporciona dinero fácil y abundante. No lo es: la vivienda –insistamos tanto como sea necesario— es un derecho básico y también un derecho constitucional, y como por eso mismo es superior al derecho a la propiedad o a la ley de la oferta y la demanda.
Pilar López se habría sentido igualmente decepcionada y abandonada aunque hubiera votado a otras siglas políticas, porque a todos los partidos la crisis de la vivienda les ha pillado desprevenidos y ya convertida en una emergencia. De hecho, se trata de una emergencia global y, por ello, la Unión Europea también trabaja para intervenir el mercado inmobiliario con medidas como las limitaciones de los precios de los alquileres y de venta, las restricciones del alquiler turístico y la obstrucción a la acumulación de pisos y casas en manos de empresas o de instituciones. Para tener una idea, en el conjunto de Europa, entre 2010 y 2022, los precios de la vivienda subieron un 47% de media (en algunos países, sin embargo, el aumento llega hasta el 200%) y hoy en día la población que no tiene un hogar donde vivir en Europa es de 1,2 millones de personas, de las cuales alrededor de 400.000 son niños. Esto, insistimos también, dentro de Europa. En el lugar al que quieren llegar miles y miles de inmigrantes porque tienen entendido (con razón) que se vive mucho mejor que en sus países. Pero donde sin embargo –y aquí está la trampa– la hegemonía del rico, sin más argumento que el de tener más dinero que los demás, vuelve a ser cada día más extendida y asfixiante. Las llamadas sociedades del bienestar retroceden, o caen, en favor del resurgimiento de un capitalismo desregulado, como si hubiéramos saltado del siglo XIX al XXI sin haber pasado por el XX.
A Pilar López, Marga Prohens le dio un abrazo falso y le dijo que no se dejase utilizar. La ciudadana quiso dejar claro, en declaraciones a la prensa, que hablaba por boca propia y no en beneficio partidista. Un rato después fue difamada en el Telenotícies Migdia de IB3, donde se dio la noticia de la irrupción de Pilar López en el Parlamento, acompañada de un dato sin contrastar según el cual esta mujer habría recibido ayudas del Ayuntamiento de Palma. La intención era clara: presentarla como una aprovechada, una desaprensiva que pretende vivir de dar lástima. Es la doctrina PP con las víctimas: ensalzar a las que convienen a los propios intereses y sembrar la duda, o directamente difamar o insultar, a las que no les convienen tanto. Lo han hecho en casos de terrorismo, de accidentes ferroviarios, de masacres militares y de catástrofes naturales. Lo harán —ya lo hacen— con las víctimas de la crisis de la vivienda. Al fin y al cabo, como dijo el portavoz de Marga Prohens, no les cabe en la cabeza que los mallorquines no puedan tener una segunda residencia. La aporofobia es el odio al pobre, y la difamación, una de las muchas formas que puede tomar este odio.