Derechos sociales frente al odio: el fracaso del escudo invisible de Galmés

La geopolítica global tiene la capacidad de sacudir la realidad más cotidiana de nuestros hogares. Las consecuencias derivadas de la injusta guerra de Irán que sufrimos en este 2026 no son abstracciones; se traducen en una presión inflacionista asfixiante, en la subida de precios de la cesta de la compra y en la dificultad para llenar el depósito de combustible. Ante esta vulnerabilidad sobrevenida, la ciudadanía tiene derecho a esperar que sus instituciones actúen como red de seguridad. El ejemplo más claro fue el Gobierno de España, que aplicó medidas como la reducción durante 6 meses, a los carburantes y a la energía. Pero la realidad del Consell de Mallorca nos demuestra que, en lugar de un escudo protector, lo que tenemos es un muro de propaganda, descarga de responsabilidades y concesiones ideológicas intolerables.Hace meses que oímos los grandes titulares del presidente Llorenç Galmés. Se nos prometió la movilización de un escudo social histórico, que en el caso del IMAS estaba dotado con 9 millones de euros para mitigar los efectos de esta crisis económica. Hoy en día, ¿cuál es la realidad? El contador para los ciudadanos está a cero. En lugar de gestionar y ejecutar directamente la ayuda, el Consell ha optado por descargar el trabajo y la responsabilidad sobre los hombros de los Ayuntamientos. Una decisión tomada de manera unilateral, sin hablar con los alcaldes y alcaldesas, dando por hecho que asumirán una nueva carga burocrática cuando los servicios sociales municipales ya están desbordados con su día a día. Hoy, las administraciones locales se encuentran que deben gestionar esta papeleta sin saber cuánto, qué ni cómo.Pero si esta dejadez de funciones ya es grave, el precio político pagado es aún más preocupante: el Partido Popular ha comprado al dedillo el discurso de la "prioridad nacional" de Vox y ha impuesto a los municipios un requisito de cinco años de residencia para poder acceder a unas ayudas que deberían ser de emergencia.Con este odio, este racismo y esta xenofobia que desprende Vox, el gobierno de Galmés parece no ver que está resquebrajando la cohesión social de Mallorca. Vox no oculta que quiere dejar fuera a las personas migrantes, y esto ya es bastante grave. Pero el problema es aún mayor: este filtro acaba dejando fuera a cualquier persona que atraviese una situación de vulnerabilidad si no cumple un requisito tan arbitrario como haber residido cinco años seguidos en la isla. En definitiva, convierten un derecho social en un privilegio reservado solo a algunos.Quedan fuera las personas que trabajan y sostienen servicios esenciales, pero que no han podido arraigar suficiente tiempo por culpa de la precariedad, del coste de la vida o de la inestabilidad residencial. Quedan fuera las familias que han tenido que empezar de cero y que, a pesar de hacer un esfuerzo enorme para salir adelante, continúan atrapadas en situaciones de pobreza sobrevenida. Y quedan fuera también todas aquellas personas que necesitan un apoyo puntual para no caer todavía más abajo, pero que topan con un filtro administrativo que no responde a ningún criterio de justicia social. Para el gobierno de Galmés, la necesidad ya no es suficiente: antes hay que pasar un filtro ideológico.La crueldad de esta imposición llega a su extremo con los colectivos que más sufren. Esta medida deja completamente desamparadas a muchas personas en situación de sinhogarismo o con trayectorias vitales marcadas por la inestabilidad, la ruptura y la exclusión. Personas que han quedado fuera del sistema por múltiples motivos y que, precisamente por ello, deberían encontrar en la administración una mano tendida y no una nueva barrera. Con este filtro ideológico impuesto por el Consell, es materialmente imposible que muchas de ellas cumplan el requisito de los cinco años de residencia continuada. Este escudo social no protege a quien más lo necesita: precisamente deja fuera a aquellos para los cuales debería existir.El gobierno de Galmés se ha convertido en un rehén voluntario de la exclusión. Para mantener la estabilidad del despacho, prefieren traspasar la presión a los ayuntamientos y aplicar filtros identitarios a la vulnerabilidad antes que plantar cara a su socio de gobierno. Condicionar el apoyo económico en tiempos de crisis a un recuento de años es vaciar de contenido el concepto de dignidad humana.Gobernar exige altura de miras, respeto institucional y humanidad. El escudo social de Galmés ha resultado ser una ficción propagandística que se ha deshecho al primer dictado de la extrema derecha. Necesitamos que se rectifique, que se escuche a los municipios y que se pongan los recursos a disposición de la gente sin exclusiones. Ante la crueldad de su prioridad nacional, respondemos con firmeza: políticas sociales; ante su prioridad nacional, derechos sociales siempre.