Crisis hídrica o crisis de gobernanza?

El pasado sábado se publicó la nueva Ley 4/2026 de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, donde se rebajan los controles de suficiencia hídrica sobre el planeamiento urbanístico. Es un paso más en la reducción de controles y favorecer más el crecimiento urbanístico iniciado con los decretos de simplificación administrativa y de actuaciones urgentes aprobados durante los últimos dos años. Estas normativas se han aprobado cuando sufríamos una de las sequías más fuertes que recordábamos y en la que el desarrollo urbanístico es el principal responsable de la sobreexplotación de los acuíferos, que llegan al 91% en Ibiza y al 94% en Formentera de los consumos de agua totales, y hasta el 70% en Mallorca y Menorca. La isla de Ibiza es un buen ejemplo de esta tendencia. El año 1996 el uso principal era el agrícola (54%) y en menor porcentaje, los usos urbanos y residenciales (45%). Treinta años después, la agricultura casi ha desaparecido y sus consumos ya solo suponen un 7% del total. En cambio, el urbanismo no se detiene.

Como resultado, Formentera tiene su acuífero en mal estado, en Ibiza ya se ha llegado a 13 de los 16 acuíferos en mal estado. En el caso de Menorca ya se llega a 4 de los 6 acuíferos sobreexplotados o contaminados y en Mallorca la mitad están deteriorados. Aun así, se continúa creciendo, a costa de perder la calidad del agua del grifo, o de sufrir cortes de suministro, como el verano pasado en muchos pueblos de las Islas. Si extendemos este análisis a las depuradoras el escenario es igualmente malo. Continuamos viendo depuradoras sobrepasadas, como la nueva depuradora de Palma, aún sin construir desde hace más de veinte años, o un alcantarillado obsoleto que provoca el vertido de aguas residuales mal depuradas al mar. Esta temporada ya ha sido noticia el cierre de playas en la bahía de Portmany por un vertido de aguas fecales.

Por todo ello, ante la crisis hídrica que sufren las Illes Balears se debería parar cualquier tipo de crecimiento urbanístico que no tenga garantizada el agua y no hacer lo contrario. Más aún cuando nos encontramos con una incapacidad de las administraciones de mejorar las infraestructuras hídricas al mismo ritmo que el crecimiento urbanístico. Y no vale utilizar la crisis de la vivienda como coartada para crecer más y desactivar los controles ambientales. Nos encontramos un Govern que, lamentablemente, está fracasando en la gestión hídrica. En las dos últimas legislaturas progresistas se avanzó en la protección del territorio, pero no se aceleró la mejora de las infraestructuras hídricas. En cambio, esta legislatura se han dado pasos positivos incrementando la inversión y dotando de más personal, pero estas medidas son inútiles si a la vez se continúa abriendo la puerta a urbanizar más.

Ante esto, hace falta urgentemente una gobernanza del agua orientada al interés general, que haga contrapeso a los intereses particulares de constructores, promotores y fondos de inversión. Las instituciones responsables deberían escuchar a la sociedad, limitar el crecimiento, reducir las demandas hídricas y cerrar el ciclo del agua. Así lo demandaron recientemente la mayoría de los sectores de la sociedad de la isla de Eivissa en la mesa de diálogo del agua promovida por la Alianza. En cambio, se continúa promoviendo más construcción y más desaladoras sin consenso. En definitiva, hace falta una gobernanza más democrática donde cuestiones críticas en nuestras islas, como el agua y el territorio, se decidan con participación y transparencia, tal como ya establece la Directiva Europea de Agua aprobada en el año 2000.

Este junio el papa León XIV ha visitado España y llama la atención que el máximo representante de la Iglesia, institución históricamente conservadora, inste a las fuerzas políticas a salir de la polarización y reivindicar valores básicos como la solidaridad. Este papa continúa la tarea de su antecesor Francisco, que destacó por su defensa del medio ambiente. Sus palabras nos recuerdan lo que ya han dicho otros líderes de ideologías aparentemente lejanas, como el expresidente de Uruguay Pepe Mujica, que ya advirtió que la crisis ecológica es una crisis de gobernanza. Pueden sonar a palabras vacías, pero la solución para unas islas frágiles y masificadas como las nuestras también exige actuar con una ética social y ecológica. Nuestros gobernantes deberían tomar nota de lo que líderes tan diferentes coinciden: que hay derechos básicos que no deberían entrar en el juego político, como el derecho a una vivienda digna, la regularización de los emigrantes y, en el caso que nos ocupa, la protección del territorio y la recuperación de los acuíferos.