El agua impone el límite al crecimiento de las Baleares

Cuando el agua no basta, el margen de maniobra se acaba. Es el límite más elemental que tiene cualquier sociedad. Y las Islas Baleares han comenzado este verano más cerca de este límite que los últimos años. Las reservas hídricas han vuelto a bajar. Menorca registra los peores niveles. Casi medio centenar de municipios –47 de los 67 que hay– entraron en verano en situación de alerta o prealerta por sequía. El mismo Gobierno admite que el cambio climático hará más largas las sequías, más irregulares las lluvias y más difícil la recarga de los acuíferos. No son pronósticos catastrofistas, son datos oficiales.

Pero mientras la oferta de agua disminuye, la demanda aumenta. Crece la población, crece el número de visitantes y continúan aprobándose nuevos desarrollos urbanísticos. El Gobierno, de hecho, pretende incrementar hasta un 45% la edificabilidad de los suelos que se declaren estratégicos para facilitar la construcción de vivienda. Lo justifican con la grave crisis residencial, pero no responden a una pregunta esencial: ¿de dónde saldrá el agua?

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La respuesta, hoy, no existe. Las desaladoras y las inversiones anunciadas son necesarias, pero no resolverán el problema inmediato. Las nuevas infraestructuras tardarán todavía años en estar plenamente operativas. Durante este tiempo, los números no salen. Solo hay dos posibilidades: continuar exprimiendo cada vez más los acuíferos, con el riesgo de agotarlos y degradarlos definitivamente, o aceptar que el crecimiento también tiene límites físicos. Y es aquí donde el debate político continúa siendo nulo o demasiado tímido. Se habla mucho de producir más agua, pero muy poco de consumir menos. Se habla de nuevas infraestructuras, pero casi nunca de fijar topes al crecimiento. Se quiere construir más vivienda sin afrontar que cada nuevo residente, cada nueva plaza turística y cada nueva piscina incrementan una presión que ahora ya es difícil de sostener.

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Gestionar un recurso escaso también implica tomar decisiones incómodas. Hay que reducir los consumos más elevados, reforzar los controles sobre los grandes usuarios y asumir que se debe garantizar el acceso universal al agua imprescindible, pero se debe hacer pagar mucho más caro el consumo abusivo. No es una medida popular, como tampoco lo es hablar de límites al turismo, al crecimiento urbanístico y al aumento continuo de población. Pero gobernar consiste en afrontar los problemas antes de que se conviertan en irreversibles.

Las Baleares han construido un modelo que siempre ha presupuestado que, ante cualquier necesidad, sería posible continuar creciendo. El agua nos recuerda que no es así. El agua, ahora mismo y de la manera más elocuente, es el recurso que marca la frontera entre lo que es viable y lo que es más que evidente que ha dejado de serlo.