De los retrocesos al catalán al tiro a la paloma: aprobada la Ley ómnibus en medio de un caos parlamentario
La norma del Gobierno sale adelante con un pacto con Vox y apoyos puntuales del PSIB
PalmaEl Parlament ha aprobado este martes la Ley ómnibus después de un proceso accidentado en el Parlament que ha puesto a la izquierda en pie de guerra y ha provocado, incluso, las quejas de los letrados. La norma se comenzó a tramitar como ley de proyectos estratégicos pero, en un giro de guion, el PP modificó el título para introducir una setentena de enmiendas propias sobre temas que no tenían nada que ver y, de paso, dar cumplimiento a los pactos con Vox pendientes de oficializar. La oposición en bloque ha denunciado el "desgavell", pero mientras MÉS per Mallorca y Més per Menorca se han negado a participar, el PSIB sí que ha pactado algunas enmiendas con el PP sobre el sector del taxi y la integración de la Agencia Tributaria (ATIB). El caos legislativo se ha mantenido hasta el último minuto, en que los diputados no comprendían los bloques de las votaciones y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha tenido que hacer un receso para aclararse y, finalmente, se ha tenido que recurrir al voto nominal.
El alcance de la Ley òmnibus, construida con una suma de enmiendas sobre el proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos, afecta a una cincuentena de leyes de diversos ámbitos. Desde recuperar el tiro al pichón hasta reservar plazas de Policía Local a exmilitares; pasando por la eliminación del requisito de catalán para determinados docentes, dejar a los recién llegados fuera de determinadas ayudas públicas (como la Renta Social Garantizada) y facilitar el traslado de toneladas de residuos desde Eivissa a Mallorca. Los temas que toca la ley son tantos que el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha denunciado que ni siquiera los diputados del PP y Vox sabían qué estaban votando en comisión parlamentaria.
"Ha sido una vulneración constante del derecho del Parlament", ha dicho, y ha anunciado que recurrirán la ley al Tribunal Constitucional tanto por el procedimiento parlamentario como por las medidas que se aprueban y que "recortan derechos" a la ciudadanía. "Si en el TC ven este vídeo no solo nos darán la razón, sino un fuerte abrazo", ha dicho en referencia a la grabación de la sesión parlamentaria. Mientras que el menorquinista Josep Castells, que también impugnará la ley, ha acusado al PP de repetir el "desbarajuste" que ya se produjo durante la tramitación de la Ley de simplificación administrativa. "La norma ha sido retorcer, desnaturalizar, pervertir el procedimiento legislativo previsto en el reglamento", ha criticado, además de insistir en que no ha habido "ningún tipo de diálogo" con los grupos parlamentarios: "El diálogo se habrá producido en el despacho". También el diputado no adscrito (ex de Vox) Agustín Buades ha denunciado una tramitación "esperpéntica" de la norma: "Había unas cien transacciones, fueron tres horas esperpénticas". Durante las votaciones, tanto Buades como la también no adscrita Idoia Ribas han pedido que se votaran los artículos por separado, pero Le Senne se ha negado por considerar que eso dilataba excesivamente el pleno.
La diputada del PSIB, Amanda Fernández, se ha alineado con MÉS por Mallorca y Més per Menorca y ha denunciado la modificación de leyes que "no tienen nada que ver" con el objeto de la norma. Ha denunciado especialmente los retrocesos en materia lingüística y la modificación del reglamento del Consell Escolar de les Illes Balears para favorecer "un proyecto estratégico" de una universidad privada. Con todo, la socialista ha sido acusada por parte de los ecosoberanistas de contribuir al caos normativo pactando algunas enmiendas con el PP, lo que Fernández ha defendido argumentando la "urgencia" de las medidas.
Costa dice que se "moderniza" la Administración
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido el texto, inicialmente previsto para agilizar trámites administrativos a iniciativas ciudadanas y empresariales. Costa ha insistido en que la norma permitirá acelerar proyectos estratégicos y "modernizar" la administración autonómica, reducir burocracia y agilizar inversiones e infraestructuras. De hecho, una de las enmiendas del PP es tan extensa que casi representa una ley entera: la segunda ley de simplificación administrativa. Como explicó el ARA Balears, el Govern, consciente de que no tendría tiempo de acabarla antes de que finalice la legislatura, la ha introducido en una enmienda que tiene 43 artículos y una disposición adicional. También ha presentado tres enmiendas más de modificación de la primera Ley de simplificación.
El vicepresidente también ha defendido las enmiendas que se han aprobado para dar cumplimiento a los acuerdos con Vox a cambio de la aprobación de los presupuestos del 2025. Aunque se elimina el requisito de catalán para docentes en lugar de muy difícil cobertura (que podrán obtener plaza de funcionarios) y también en determinados puestos de la función pública, Costa ha asegurado que "no se modifica la Ley de normalización lingüística". Con todo, juristas consultados por el ARA Balears consideran que la norma sí que se ve afectada por estas enmiendas. El vicepresidente primero también ha defendido la exigencia de tres años de residencia legal para acceder a determinadas prestaciones de la renta social garantizada (una exigencia de Vox para dejar fuera a los inmigrantes recién llegados), la aplicación de una moratoria para nuevos parques solares en suelo rústico hasta que se apruebe una nueva ordenación territorial y el refuerzo de las infraestructuras hídricas.
En materia de vivienda, el vicepresidente primero ha anunciado la tramitación preferente para viviendas protegidas, la ampliación de proyectos residenciales estratégicos hasta el 2027 y las nuevas posibilidades de construir vivienda pública en suelos urbanizables turísticos. También ha defendido las ayudas fiscales por nacimiento y adopción (propuestas por Vox), las rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en actos jurídicos documentados para jóvenes y colectivos vulnerables, además de incentivos para los propietarios que congelen el precio del alquiler.
Vox saca pecho de sus éxitos
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha presumido de las medidas que ha logrado aprobar con el apoyo del PP, especialmente en lo que respecta a lengua y la creación de una oficina Antiocupación. Con todo, Cañadas ha lanzado un dardo contra el PP por "haberse ido corriendo al PSIB" para aprobar algunas enmiendas a las que Vox no quiso dar apoyo, como las que despliegan el decreto anticrisis del Govern, las referidas a la ATIB y las que regulan el sector del taxi frente a las VTC, además de una enmienda para endurecer sanciones contra la oferta turística ilegal.