La empresa del Plan general de Palma reclama 350.000 euros a Cort en el juicio contra la rescisión del contrato

PalmaDos años después de que el Ayuntamiento de Palma rescindiera el contrato de Territorios y Ciudad para redactar el Plan de Ordenación Detallada (POD), el conflicto continúa abierto en los tribunales. La empresa reclama a Cort 348.794,91 euros, IVA incluido, por trabajos que asegura que ejecutó y no ha cobrado. La compañía calcula que la sentencia sobre la resolución contractual podría llegar durante el primer trimestre de 2027.

“Estamos en litigio. El Ayuntamiento resolvió el contrato, nosotros presentamos una demanda y Cort ya la ha contestado”, explica Sebastián Olmedo, socio de Territorios y Ciudad y director jurídico de los trabajos de revisión del Plan general de Palma. Según señala, el procedimiento se encuentra pendiente de que el tribunal determine las pruebas que admite antes de dictar sentencia. La empresa espera que esta decisión se produzca durante el otoño.

El departamento de Urbanismo anunció en abril de 2024 que rescindía el contrato por “incumplimientos reiterados y constantes”. El concejal Óscar Fidalgo acusó entonces a la empresa de incumplir sistemáticamente los plazos y de haber entregado una documentación “deficiente” e “incompleta” que, según los técnicos municipales, no podía servir como borrador para someterlo a exposición pública. Fidalgo también anunció que los servicios municipales asumirían la redacción del POD.

Territorios y Ciudad niega estos incumplimientos y atribuye la ruptura al cambio de gobierno municipal. “Todo fue bien hasta que se produjo el cambio de gobierno. Nosotros interpretamos que buscaron una excusa”, afirma Olmedo. La compañía considera que el PP discrepaba de una parte del planeamiento aprobado durante la anterior legislatura y que esta oposición política acabó afectando la relación contractual.

“En un escenario de buena voluntad y de entendimiento se podría haber arreglado”, sostiene el responsable de la empresa. “Nosotros recibíamos las patadas que iban dirigidas a otros”, añade, en referencia a las críticas del nuevo gobierno municipal contra el planeamiento impulsado por el anterior equipo de Cort.

Dos planes en lugar de uno

Territorios y Ciudad firmó en septiembre de 2019 el contrato de asistencia técnica para elaborar el nuevo planeamiento urbanístico de Palma, adjudicado por 972.422 euros. La empresa señala que los pliegos se habían redactado de acuerdo con la Ley de ordenación y uso del suelo de 2014 y preveían la elaboración de un único instrumento de planeamiento general.

Cuando se firmó el contrato, sin embargo, ya estaba en vigor la Ley de urbanismo de las Illes Balears de 2017, que diferenciaba entre dos instrumentos: el Plan general, de carácter estructural, y el Plan de ordenación detallada. La compañía asegura que asumió la elaboración de ambos documentos, aunque los pliegos no preveían expresamente esta división.

El Plan general regula el modelo urbanístico estructural de la ciudad, mientras que el POD concreta aspectos como la edificabilidad, la protección del patrimonio, las expropiaciones necesarias para construir equipamientos o determinados usos de los locales.

Según la versión de la empresa, las primeras fases del contrato se ejecutaron dentro de los plazos establecidos, fueron validadas por la Oficina municipal del Plan general y fueron abonadas por el Ayuntamiento. La tramitación se complicó durante la tercera fase, cuando ya no fue posible continuar tramitando simultáneamente el Plan general y el POD debido a los cambios derivados de las alegaciones presentadas.

El anterior equipo de gobierno decidió dar prioridad al Plan general, como instrumento estructural que definía el modelo de ciudad. Esta parte del planeamiento se aprobó definitivamente el 28 de abril de 2023. Posteriormente, la empresa entregó el texto refundido del Plan general y un nuevo documento del POD para que fuera sometido nuevamente a información pública.

Cuatro conceptos pendientes

La propuesta de liquidación presentada por Territorios y Ciudad en enero de 2025 fija en 348.794,91 euros, IVA incluido, la cantidad que la empresa reclama a Cort. La suma corresponde a trabajos de las últimas fases del Plan general y a documentación que la compañía considera que el Ayuntamiento le encargó al margen del contrato inicial.

Entre estos trabajos, la empresa incluye un nuevo Plan de ordenación detallada, que tuvo que adaptar porque los cambios introducidos obligaban a someterlo nuevamente a información pública, y la documentación necesaria para reiniciar la evaluación ambiental del planeamiento. Territorios y Ciudad asegura que entregó todos estos trabajos, pero que Cort no los ha abonado.

“Nosotros hemos cumplido incluso con más profundidad de lo que exigían el reglamento y el contrato”, asegura Olmedo. La compañía sostiene que comunicó al Ayuntamiento de Palma todas estas circunstancias y que mantuvo en todo momento la voluntad de completar el encargo.

“Una puñalada por la espalda”

Olmedo asegura que Cort no quiere liquidar ahora los trabajos porque la resolución del contrato está pendiente de la decisión de los tribunales. “Para nosotros fue una puñalada por la espalda. Podría haber hecho tambalear la empresa”, afirma.

El responsable de Territorios y Ciudad remarca, no obstante, que la compañía ha continuado ganando concursos y trabajando para administraciones gobernadas por partidos diferentes. Entre otros proyectos, ha participado en la revisión del Plan de ordenación del territorio de Andalucía y actualmente trabaja con el Consell de Mallorca en el planeamiento urbanístico de Selva.

La empresa asegura que no mantiene ningún contacto con el Ayuntamiento de Palma. También apunta que el gerente de Urbanismo que había llegado con el nuevo gobierno municipal dimitió a finales de 2025, aunque no establece una relación directa entre esta salida y el procedimiento judicial.

Olmedo defiende que, si los tribunales anulan la resolución acordada por Cort, se deberá determinar en qué situación jurídica queda el contrato. Territorios y Ciudad considera que podría continuar vigente, aunque las consecuencias concretas dependerán del contenido de la sentencia.

El Ayuntamiento había justificado la rescisión en la calidad insuficiente de los documentos y en los retrasos acumulados. La empresa, en cambio, sostiene que entregó el trabajo, que las fases fueron validadas y que una parte de las nuevas exigencias excedía el objeto inicial del contrato. Dos años después de aquel enfrentamiento, la liquidación del encargo y el futuro del POD continúan pendientes de la decisión judicial.

Cort no ha respondido a las preguntas planteadas por el ARA Balears sobre el tema para obtener su versión.