El Gobierno unifica el protocolo de actuación en los centros educativos ante fenómenos meteorológicos extremos
La nueva guía establece niveles de alerta y criterios comunes para escuelas e institutos, regula la recogida de alumnos en emergencias y refuerza la coordinación con los servicios de emergencia y las familias
PalmaEl Govern ha presentat aquest dimecres una nova guia d’actuació per als centres educatius que estableix com s’han de gestionar les situacions derivades de fenòmens meteorològics adversos com plogudes intenses, episodis de danes, onades de calor, vent fort i inundacions. El document ha estat presentat per la consellera de Presidència, Coordinació de l’Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Estarellas, i el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera. Segons han explicat, la nova eina neix amb la voluntat d’homogeneïtzar criteris i donar més seguretat als equips directius davant situacions d’emergència.
El protocol s’ha elaborat a partir de les situacions viscudes durant les danes que van afectar Eivissa la tardor passada, que van evidenciar la necessitat de concretar millor alguns procediments, especialment en la gestió de les sortides de l’alumnat quan hi ha suspensió de classes.
En aquest sentit, el text estableix que els alumnes no podran abandonar el centre sense una autorització expressa. El conseller Antoni Vera ha remarcat que és comprensible la preocupació de les famílies en moments crítics, però ha insistit que els centres educatius estan preparats per ser espais segurs i de protecció.
Nivells d’alerta i instruccions clares
El sistema fija diferentes escenarios de actuación según el nivel de alerta meteorológica. En situación de nivel amarillo (IG0), cuando el riesgo es moderado pero existente, los centros reciben indicaciones para limitar actividades al exterior y aplicar medidas preventivas. Cuando se llega al nivel naranja (IG1), el riesgo aumenta y se refuerzan las restricciones y la vigilancia, siempre siguiendo las instrucciones que se transmiten desde la administración educativa. En el caso del nivel rojo (IG2), se decreta la suspensión de la actividad lectiva. Si la situación llega al nivel más grave (IG3), se trata de emergencias excepcionales que pueden requerir intervención a escala superior.
El protocolo también regula qué se debe hacer en función del momento en que llega la alerta. Si es fuera del horario escolar, el personal recibe la instrucción de no desplazarse al centro y se adaptan las actividades en consecuencia. En cambio, si la situación se produce mientras hay actividad lectiva, el centro debe comunicar su situación al 112 y organizar la permanencia segura del alumnado hasta que se pueda garantizar la recogida o evacuación. Los docentes, según el documento, deben quedarse en los centros hasta que todos los alumnos se hayan atendido o trasladado con seguridad.
La guía incorpora medidas concretas de actuación, como la reorganización de los alumnos en espacios protegidos dentro de los centros, posibles evacuaciones internas hacia zonas seguras, el corte de suministros si es necesario y el control estricto de las entradas y salidas. También se refuerza la comunicación con las familias y con los servicios de emergencia, con canales oficiales como el Gest-IB, el 112 y los sistemas institucionales de aviso. Además, el documento incluye fichas específicas para cada tipo de fenómeno meteorológico, con pautas adaptadas a lluvias, tormentas, viento, frío o calor extremo.
Formación y coordinación institucional
Según ha explicado la consellera Estarellas, cerca de 900 docentes ya han recibido formación en gestión de emergencias, una línea que se continuará ampliando durante el próximo curso. El sistema también refuerza la coordinación entre los centros educativos, la Conselleria y la Dirección General de Emergencias e Interior, que es quien determina los niveles de alerta y traslada las instrucciones al resto de organismos.
El protocolo no solo regula la respuesta inmediata, sino también la prevención y el retorno a la normalidad. En esta última fase, se incluyen recomendaciones para revisar instalaciones, comprobar servicios esenciales y registrar posibles incidencias. Con esta nueva herramienta, el Gobierno quiere dotar a los centros de un marco más claro y operativo para actuar ante episodios meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos, reducir improvisaciones y reforzar la seguridad de la comunidad educativa.