El caso Roldán deja la escuela atrapada en un conflicto sin salida

PalmaLa legislación vigente permite que un docente condenado por acoso a menores continúe ejerciendo en las aulas cuando ya ha cumplido la pena. Es la situación actual, a la espera de que el gobierno de España concrete el texto de la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) para impedir estos casos, con la duda aún abierta sobre si se aplicará con carácter retroactivo. El debate se ha acelerado a raíz del caso de Miquel Roldán, profesor interino condenado en 2024 a un año de prisión por haber acosado a un exalumno. La ley no prevé casos como el de Roldán y ha podido volver a ejercer.

El caso del docente ha puesto al sistema educativo contra las cuerdaspor una legislación que obliga a centros y Administración a gestionar situaciones límite sin herramientas claras de intervención. Con la Conselleria condicionada por las resoluciones judiciales y las familias movilizadas en protesta, la escuela se ha convertido en el escenario de un conflicto que ya trasciende el caso concreto. Ahora, con la reforma de la Lopivi en el horizonte, el debate se ensancha más allá del CEIP Son Pisá, donde ejerce Roldán: hasta dónde debe llegar la protección de los derechos individuales cuando entran en tensión con la seguridad y la confianza dentro de las aulas. El centro recupera el día a día, pero la herida continúa abierta. Y queda una pregunta suspendida, que planea sobre todo el sistema: ¿qué pasará la próxima vez que Roldán cambie de centro?

Según se explica en la sentencia judicial, Miquel Roldán comenzó a jugar a pádel con la víctima en el año 2020, después de haberlo conocido el curso 2016-2017. En septiembre de 2021, el menor rompió la relación por pérdida de confianza a raíz de mensajes e invitaciones personales, y Roldán inició conductas de acoso para averiguar el motivo: le enviaba mensajes, asistía a sus torneos, se presentó en el domicilio del padre con advertencias y amenazas, y también acudió al instituto. Fue necesaria la intervención policial, y agentes escoltaron a la víctima durante semanas al entrar y salir del centro.

Desde que Roldán volvió a ejercer la docencia a finales de 2024, ha habido confusión sobre el delito que cometió: ha sido condenado por acoso a menores, no por acoso sexual. El catedrático de Derecho Penal de la UIB, Eduard Ramon, lo aclara: el Código Penal define el delito de acoso en el artículo 172 ter como un conjunto de conductas insistentes y reiteradas, en que la repetición es clave. A diferencia del acoso sexual, puede no requerir una conducta única especialmente grave, sino una persistencia en acciones como buscar proximidad física, perseguir o vigilar a la víctima.

Familias enfadadas

La reincorporación de Roldán a las aulas ha generado rechazo: familias movilizadas, centros tensionados y, en los casos más extremos –como en el CEIP Maria Antònia Salvà (donde años atrás ya había tenido problemas con alumnos) y ahora en el CEIP Son Pisà–, niños que han dejado de ir a clase para evitar coincidir con él. Mientras tanto, la Conselleria de Educación intenta gestionar la situación sin margen legal: con los derechos restablecidos y la pena cumplida, Roldán no puede ser apartado de las aulas. 

En los centros donde ha trabajado, la inquietud se ha instalado desde el primer momento. “La sintonía general siempre ha sido de preocupación”, explica Verónica Fillol, portavoz de la Apima del CEIP Son Pisà, que describe cómo las familias se han organizado para contener la tensión: “Hay familias que han hecho de muro de contención con las otras: gente muy exaltada y gente muy calmada. El hecho de poder reunirnos nos ha ayudado a darnos apoyo; los unos calmaban a los otros”. 

El conflicto, sin embargo, ha tenido un impacto directo en el día a día: “Psicológicamente, para mucha gente ha sido muy duro: si llevo al niño a la escuela, lo paso mal, y si no lo llevo, no puedo trabajar y no llego a fin de mes”. A esto, se añade la dificultad de gestionarlo con los niños: “Los niños hablan entre ellos y, si tres tienen miedo, esto se esparce”

¿La escuela, un espacio seguro?

La incomprensión ante la respuesta institucional es compartida. “No se entiende que la Conselleria no pueda actuar. Sí, él tiene derecho a la reinserción, pero no ha cumplido una pena social. La gente no se ha olvidado de él, todo es muy reciente”, apunta Fillol. Una madre del centro coincide: “Nos preocupa llevar a los niños a un espacio que no consideramos seguro”. La tensión, dice, también se traslada a los alumnos: “Un niño no sabe qué es exactamente el acoso, pero sí que capta que hay una persona que ha hecho cosas mal con menores, y después no saben cómo deben actuar, si deben evitarla, y nos lo piden”. Y concluye: “En una escuela privada esto sería impensable, y te hace pensar que la pública tiene que aguantarlo todo. Que todo lo malo nos pasa a nosotros”.

“La Conselleria tiene poco margen de actuación, porque cuando hay una sentencia que determina que una persona no está inhabilitada, no la puede inhabilitar por vía administrativa”, explican fuentes próximas al Departamento de Inspección Educativa (DIE). “Es comprensible que las familias consideren que esta persona no debería estar con alumnos. Sin embargo, la Conselleria no puede aplicar una sanción si no hay una resolución judicial que lo permita. La Administración tiene las manos muy atadas”, añaden.

Las mismas fuentes ponen el foco en el hecho de que, a pesar del impacto mediático del caso Roldán, es habitual que los inspectores tengan que intervenir en conflictos iguales o más graves. “Hoy en día, situaciones como la de Roldán están muy vigiladas. De vez en cuando aparecen acusaciones en el ámbito de Secundaria y Formación Profesional relacionadas con acoso sexual o presiones inadecuadas. Antes, muchos de estos casos quedaban ocultos; ahora se denuncian y hay protocolos que se activan de manera inmediata”, explican.

Ir a clase es un derecho y una obligación

La protesta de las familias ha abierto el debate sobre los límites legales del absentismo escolar. “Los menores tienen derecho y obligación de ir a la escuela. Imaginemos que pasan dos meses sin asistir: esto no está justificado”, señala Ramon, en relación con los alumnos que han faltado cerca de dos semanas lectivas a clase en Son Pisà, y antes, en el Maria Antònia Salvà. Fuentes de Inspección defienden que “es comprensible” la reacción de las familias, pero subrayan que no se ha activado el protocolo de absentismo crónico porque no se ha llegado a los umbrales mínimos. “No es una decisión política ni discrecional. El centro educativo está obligado a actuar cuando se superan los días mínimos. Lo que queda claro es que el concepto ‘huelga de familias’ no existe”, explican.

Por ahora, los alumnos de 4º de Primaria del CEIP Son Pisà –el grupo asignado a Roldán como tutor– mantienen la protesta, que en un primer momento secundó el 60% del alumnado del centro. La huelga ‘oficial’ comenzó el 23 de abril, y si las ausencias llegan a la mitad de los días lectivos del mes, el centro deberá activar obligatoriamente el protocolo de absentismo crónico, que da paso a toda una serie de actuaciones para garantizar el regreso a las aulas. Será así porque, oficialmente, no hay ningún impedimento para que los alumnos vayan a clase.

El papel de los sindicatos

El caso Roldán ha implicado a los sindicatos, divididos entre la defensa de los derechos de los menores y las críticas a la gestión de la Conselleria. SIAU ha sido especialmente crítico con la Administración y votó en contra en las mesas paritarias entre representantes de los trabajadores y la Conselleria convocadas a principios de curso para impulsar una evaluación psicológica del docente, al considerar que Educación quería trasladar la responsabilidad a las organizaciones sindicales. La medida se validó, pero no se llegó a aplicar porque Roldán se cogió una baja y, posteriormente, Educación retiró la vigilancia médica obligatoria tras el recurso judicial del docente. “Era ilegal”, resume SIAU.

El sindicato defiende que es posible compatibilizar los derechos de todas las partes y reclama una reunión conjunta con la Conselleria, el docente, las familias y el profesorado para desbloquear el conflicto, que atribuye a la inacción institucional. “Es positivo que haya opiniones contrapuestas, pero hay líneas rojas que no se pueden traspasar. Todo el mundo tiene derecho a discrepar, pero siempre desde el respeto y la sensatez”, defiende.

Manos firmadas

La Consejería de Educación, por su parte, ha dispuesto de poco margen para evitar el conflicto, más allá de reuniones con las familias, los sindicatos y con Roldán, el envío de maestros para supervisarlo, intentar tranquilizar a los padres y las ofertas de recolocación laboral que el docente ha rechazado siempre. Recientemente, al ser preguntada sobre diferentes cuestiones vinculadas a Roldán y a la huelga de las familias –que ya se alargaba varios días–, la Consejería respondió de manera breve o generalizada: “Se trata de una cuestión delicada sobre la que se está haciendo un seguimiento continuado. A estas alturas no hay ninguna decisión adoptada”.

Todo ello el mismo día en que el gobierno español anunció la voluntad de modificar la Lopivi para impedir, entre otras cuestiones, que docentes condenados por delitos contra menores puedan ejercer. Hay que recordar que ya en febrero de 2025 la misma Consejería había pedido al Estado, precisamente, este cambio legislativo. Ahora, una vez se ha anunciado oficialmente, el consejero de Educación, Antoni Vera, ha lamentado que la reforma no llegará a tiempo para el curso que viene.u