Indignación ecologista porque el Gobierno puede desproteger Es Trenc por decreto

PalmaSuenan tambores de guerra en el sector ecologista de Mallorca. El Govern de Marga Prohens, después de encadenar desregulaciones y desprotecciones ambientales, ahora se ha atrevido con uno de los grandes símbolos del ecologismo balear: el Trenc.

La Ley ómnibus aprobada por el Ejecutivo incluye una modificación discreta pero de gran trascendencia política y territorial: la posibilidad de que las normas del Parque Natural Maritimoterrestre del Trenc-Salobrar de Campos se puedan modificar mediante decreto del Consell de Govern, sin necesidad de volver al Parlament. Es decir, Prohens se otorga la potestad de modificar cualquier aspecto de la protección del Parque Natural decretada durante el Govern del Pacte el año 2017.

La modificación ocupa solo unas líneas en la nueva ley, pero es bastante explícita. Bajo el título de ‘Deslegalización’, la nueva disposición establece que “el Consejo de Gobierno, mediante decreto, puede modificar las normas previstas en esta ley”. Hasta ahora, cualquier alteración de este marco normativo requería una modificación legislativa y una votación en el Parlamento. A partir de ahora, será suficiente un acuerdo del Consejo de Gobierno.

“La discusión no es si mañana se construirá en el Trenc. La discusión es por qué el Gobierno ha decidido quitarse de encima el control parlamentario que existía hasta ahora”, explica Jaume Adrover, portavoz de Terraferida, la primera entidad que alzó la voz al ver cómo una ley, que supuestamente se ha diseñado para favorecer proyectos empresariales estratégicos, acaba siendo “un instrumento para continuar desregulando y desprotegiendo, siempre a escondidas y por detrás”, remacha Adrover.

Según Terraferida, el problema no es una actuación concreta sobre el Trenc, sino el hecho de que “el Gobierno se haya atribuido la capacidad de modificar la regulación del parque sin necesidad de volver al Parlamento”. La entidad sostiene que, si el Ejecutivo no tiene previsto alterar su protección, “resulta difícil explicar por qué ha considerado necesario introducir esta facultad”.

En la misma línea se ha expresado la oposición. “Si no quieres tocar el Trenc, o cualquier otro espacio natural, no haces una ley para modificar otra, rebajando los requisitos para poder intervenir. Es evidente que no lo hacen para incrementar su protección”, ha dicho el portavoz de MÉSper Mallorca, Lluís Apesteguia.

El cambio ha encendido las alarmas entre las entidades conservacionistas. No tanto porque exista a estas alturas ningún proyecto concreto sobre el Trenc, como porque el Gobierno se ha reservado una herramienta que hasta ahora no tenía. La pregunta de los ecologistas y la oposición es: “Si el Ejecutivo asegura que no tiene intención de modificar la protección del parque, ¿por qué considera necesario atribuirse esta facultad?”, pide la vicepresidenta del GOB Mallorca, Tonina Siquier.

El GOB considera que la decisión del Gobierno de alterar el sistema de garantías vigente ya es un motivo de preocupación. El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha negado que la Ley ómnibus haya desregulado el Parque Natural del Trenc, como critican la oposición y los ecologistas. “Dicen mentiras”, afirma Costa, e insiste en que se ha adaptado el funcionamiento del parque natural al del resto de territorios protegidos.

“Si todos los parques naturales de las Islas se modifican por decreto, ¿podemos afirmar que todos están desprotegidos?”, se ha preguntado el vicepresidente. “Lo único que estaba regulado por ley, y solo se podía modificar por ley y por el Parlament, era este, y se ha decidido que sea como los otros, incluido el de Cabrera”, ha añadido. “No se ha desprotegido nada”, ha insistido. También ha asegurado que el Gobierno, por ahora, descarta instalar nuevos chiringuitos y otros servicios de playa vetados.

El trasfondo del Trenc

La sensibilidad que despierta cualquier cambio sobre el Trenc no es casual. La declaración de Parque Natural impulsada por el Pacte el 2017 provocó una dura contestación por parte de algunos sectores económicos vinculados a la zona. Las limitaciones impuestas por la norma del Pacte a los chiringuitos y a otros servicios de temporada generaron un conflicto que nunca se ha acabado de cerrar. “Los responsables de bares y restaurantes, los que llevaban los conocidos como chiringuitos, son muy insistentes y refunfuñan ante cualquier cambio que les limite el negocio. En general, no les interesa otra cosa que no sea facturar, y no olvidan”, comenta un funcionario que vivió de cerca el conflicto durante el tiempo del Pacte y que pide el anonimato.

Esta legislatura, sectores del PP también han defendido más flexibilidad en cuanto a estos usos. Por eso, dentro del movimiento ecologista hay quien interpreta la reforma no como una decisión aislada, sino como un nuevo capítulo de un conflicto que hace años que dura y que ahora ha culminado con la eliminación del control parlamentario sobre la ley de este emblemático Parque Natural. “Se sienten muy fuertes, supongo, muy impunes, y piensan que ahora es el momento de ir más allá y preparar el terreno. Los ecologistas no dejaremos que nadie vuelva a poner un pie dentro del Trenc para hacer allí nada que no sea respetarlo”, avisa Tonina Siquier.

Rebajar la LECO

La Ley ómnibus también modifica la Ley de espacios de relevancia ambiental (LECO), una de las principales normas de protección ambiental de las Islas. Es aquí donde los ecologistas sitúan una parte importante de sus preocupaciones.

Según las entidades conservacionistas, las reformas introducidas por el Gobierno comparten una misma filosofía: sustituir prohibiciones y limitaciones taxativas por regímenes de excepciones y autorizaciones. Aquello que antes quedaba directamente excluido pasa ahora a depender de determinadas justificaciones administrativas, declaraciones de interés o decisiones políticas.

El Gobierno rechaza esta lectura y defiende que los cambios tienen como objetivo simplificar procedimientos y evitar trabas burocráticas innecesarias. Pero Terraferida y el GOB sostienen que el resultado práctico es una mayor capacidad de intervención sobre suelos y espacios que hasta ahora gozaban de un blindaje más elevado. La preocupación no es tanto una modificación concreta como la suma de todas.

Proyectos estratégicos en suelo protegido

El tercer elemento que explica la inquietud de los ecologistas es la nueva regulación de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), el hermano gemelo de la ley que aprobó recientemente el Parlament y que ya está en vigor. La figura se presenta como una herramienta para agilizar infraestructuras, equipamientos e inversiones consideradas prioritarias. Pero también permite que, bajo determinadas circunstancias, estos proyectos puedan ubicarse en suelo rústico protegido. Un nuevo paso que amenaza los suelos conocidos como Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP) y las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), las joyas del territorio balear.

El Gobierno reitera que continuarán existiendo controles ambientales, limitaciones específicas y condicionantes derivados de la normativa estatal y europea. Los ecologistas, en cambio, ven una nueva grieta y advierten que defenderán El Trenc con acciones legales y movilizaciones si es necesario.

El Gobierno rebaja las restricciones para abrir negocios en el dominio público marítimo

Entre las disposiciones de la Ley ómnibus, hay una que elimina las restricciones que había impulsado el Gobierno (el exconsejero del PP Gabriel Company) para limitar la implantación de establecimientos de restauración en el dominio público marítimo-terrestre.

La modificación sustituye íntegramente el artículo 18 de la orden del 2013, que regulaba las instalaciones de temporada en las playas, y deja sin efecto las limitaciones que hasta ahora imponía la Comunidad Autónoma. Los establecimientos desmontables destinados a la venta de comidas y bebidas no podían superar los 20 metros cuadrados y debían mantener una separación mínima de 100 metros respecto a otros establecimientos similares. En el caso de los fijos, la superficie máxima autorizada era de 150 metros cuadrados, solo 100 de los cuales podían corresponder a espacios cerrados. Además, debían situarse a una distancia mínima de 200 metros de otros negocios de características similares.

La regulación balear iba todavía más allá. Para calcular las distancias, no solo se tenían en cuenta las concesiones situadas encima de la arena. También se consideraban los bares y restaurantes dentro de la zona de servidumbre de protección, fuera del dominio público, pero en primera línea de costa. Esto permitía denegar nuevas concesiones cuando ya existía una oferta equivalente en el entorno, que era la filosofía de la Ley de costas: “Que solo haya dentro de dominio público las instalaciones imprescindibles que no pueden encontrarse en otro lugar”. Un establecimiento podía cumplir la normativa estatal de costas y, aun así, no obtener autorización porque a menos de 100 o 200 metros había un negocio similar.

La nueva redacción elimina estas limitaciones de la normativa autonómica. A partir de ahora, las dimensiones, las distancias mínimas y los límites de ocupación quedarán regulados exclusivamente por la legislación estatal de costas. La consecuencia es que desaparecen las restricciones que las Baleares habían decidido imponer para proteger el dominio público marítimo-terrestre, más exigentes que las de carácter estatal.