Los vecinos de Palma llevan a los tribunales la ordenanza cívica: "El objetivo es tumbarla"

La Federación de Asociaciones de Vecinos, junto con Palma XXI, llevan a los tribunales la ordenanza cívica de Palma con "el objetivo de tumbarla", según la presidenta de la Federación, Maribel Alcázar. Para ello, los colectivos vecinales han interpuesto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Provincial contra la legislación aprobada recientemente en Cort con el apoyo del PP y Vox.

Alcázar explica que para cargar contra la normativa, los colectivos vecinales han seguido un planeamiento "muy parecido" al que recurrieron hace años para tumbar la ordenanza cívica del ex alcalde de Palma, Mateu Isern. "Hemos elegido el mismo camino", recalca.

Los colectivos vecinales han interpuesto el recurso porque la normativa "tiene defectos significativos como la falta de informes y las duplicidades con otras normativas y, además, es una copia y aferra de la que ya se presentó en 2015 y también se ha tramitado mal", según expone Alcázar. Asimismo, añade que la normativa también presentaba defectos en el proceso de exposición pública y recalca que no cuenta con todos los informes necesarios de organismos como la Dirección General de Tráfico y la Delegación de Gobierno.

En el mismo sentido, insiste en que "ya hay ordenanzas suficientes" y reprocha que algunas "sin embargo, no se cumplen". Por eso, propone que los aspectos nuevos que deban regularse se incluyan en las normas que ya existen mediante la incorporación de artículos. "Y así no habrá que montar todo este espectáculo que se utilizará cuando convenga, porque no pondrán a un policía detrás de cada ciudadano", reprocha.

Además, añade que la legislación "da toda la responsabilidad al ciudadano de forma individual, como si no hubiera otros". Para ejemplificar este hecho, Alcázar pone sobre la mesa la problemática del ruido en determinados barrios de Palma como Santa Catalina. "¿El problema es que la gente hace ruido o que se dan licencias para poner música hasta las cuatro o las cinco de la madrugada en zonas residenciales?", pide.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior de Cort, Mercedes Celeste ha explicado que el Ayuntamiento "no debe preocuparse" por si el recurso que han interpuesto los colectivos vecinales "prospera o no", sino que Cort debe tratar de "aplicarla". Por otra parte, ha subrayado que el consistorio palmesano debe saber "qué es lo que dice la ordenanza que no gusta a según quién".

Celeste ha añadido que la normativa es una "herramienta útil para poner mejoras en el civismo y para tener una convivencia más amable y más cómoda". Pero, Alcázar apunta que "el civismo se fomenta con la educación y mediante inversiones en los recursos socioeducativos", entre otros sistemas.