La UCO revela que Armengol habló con Koldo por el material sanitario, pero acabó delegando la gestión a un director general

PalmaLa presidenta del Congreso y expresidenta del Gobierno, Francina Armengol, delegó la gestión de la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19 al director de gestión del Servicio de Salud de las Baleares, Manuel Palomino, según el informe de la UCO de la Guardia Civil. La UCO ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que investiga posibles irregularidades en la relación de las administraciones con la trama del empresario Víctor de Aldama un informe sobre las gestiones que hicieron a través de Koldo García, quien entonces era el asesor de José Luis Ábalos, para vender material sanitario a las Baleares.

Según el documento, cuando Koldo se le presentó por teléfono como asesor de Ábalos, ella lo derivó a Manuel Palomino, de la misma manera que hizo meses después con la consejera de Salud, Patrícia Gómez, cuando el grupo Aldama quería participar en los controles de pasajeros en los aeropuertos. De hecho, la parte principal del informe de la UCO está dedicado a las gestiones para poder contratar y poner en marcha los controles de PCR en los aeropuertos, una tarea que finalmente asumió directamente el Gobierno.

Armengol se dirigió directamente a Koldo para pedirle ayuda para conseguir mascarillas, a lo que él dijo que los proveedores le harían precio de coste. El informe incluye también la reclamación en marzo de 2023 del Gobierno a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, porque las mascarillas no cumplían los requisitos exigidos. Igualmente explica cómo en octubre de 2024 la Administración balear declaró la nulidad de la adjudicación de las mascarillas cuatro años antes o que implicaría que el contrato administrativo "sería inválido desde su origen, considerándolo inexistente a efectos legales, de la misma manera que implicaría que las partes han de restituir lo que se haya recibido en virtud de este, circunstancia cuya ejecución se desconoce".

En el informe, la UCO hizo hincapié en el "dominio" de Koldo García en el Ministerio de Transportes que "utilizaría en favor" de Aldama y cita por ejemplo que Armengol acudió al entonces asesor en junio de 2020 porque no conseguía contactar con el ministro.

La UCO interpreta que, gracias a la intermediación de Koldo, la expresidenta balear consiguió hablar con Ábalos "con la intención de solucionar un problema" posiblemente relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros. Y en este "rol" de Koldo García en "favor de las empresas" vinculadas a Aldama, destacan también los investigadores como el asesor consiguió que el jefe de gabinete de Ábalos contactase con los trabajadores de una empresa relacionada con el comisionista, presuntamente para cerrar una venta de pruebas PCR, algo que no acabó por concretarse.

Con todo, la aparición de la expresidenta en el documento se limita a un contacto inicial con Koldo García el 25 de abril de 2020, en el contexto de las primeras gestiones para la adquisición de material sanitario en plena pandemia. Este contacto es relevante porque marca el punto de entrada institucional de las operaciones en las Islas Baleares, pero el informe no recoge ningún mensaje posterior ni ninguna actuación que la vincule con el desarrollo concreto de las adjudicaciones.

Armengol no dio órdenes

Fuentes de la Presidencia del Congreso han valorado que el informe de la UCO "confirma que Armengol nunca dio instrucciones para contratar ninguna empresa" y que "siempre, sin excepción, las decisiones las tomaron los técnicos. Asimismo, han puesto de manifiesto que queda acreditado que la presidenta del Congreso no conocía a Koldo cuando se presentó como asesor del Ministerio ni tuvo relación con el señor Aldama, al que no conoce.

También han subrayado que la UCO no pone en cuestión el contrato de las mascarillas que ofreció Koldo y que fue derivado al Servicio de Salud para su análisis técnico. Las fuentes han recalcado que el informe confirma que los técnicos rechazaron tres ofertas de la presunta trama que no consideraron útiles sin ninguna presión política y que se reclamó a la empresa de mascarillas la diferencia de precio por categoría de producto. Han destacado asimismo que el informe dedica 107 de sus 190 páginas a un contrato de PCRs que nunca se hizo.

Por su parte, la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha afirmado que el informe “confirma plenamente todo lo que he ido explicando durante estos dos años. El Govern de les Illes Balears actuó siempre de forma valiente, transparente y comprometida con el interés general de la ciudadanía de las Baleares”, ha dicho una vez conocido el contenido del informe. En opinión de Armengol, “ni cuando se compró material sanitario, ni cuando se descartó, fue por ninguna orden política. Muy al contrario, siempre se compró o se descartó la compra de material sanitario de acuerdo con criterios absolutamente técnicos de los técnicos del Servicio de Salud. También se confirma plenamente que nunca, ni yo ni nadie de mi Govern, dio una orden política para contratar con una empresa o con otra”.

La secretaria general de los socialistas ha añadido que “se confirma plenamente que todo se hizo siguiendo la normativa existente, con la legalidad existente, amparada la compra por emergencia por el Real Decreto Ley que aprobamos en Baleares y por la normativa que había a escala nacional”, ha concluido.