El trato preferente de Emaya con los hoteles destapa las tarifas obsoletas del agua

PalmaCuando una familia de Palma aumenta el consumo de agua, también lo hace el precio que paga por cada metro cúbico. Es el principio sobre el cual se construye la tarifa de Emaya: los primeros bloques son más económicos y, a medida que el consumo crece, a partir de superar determinadas cantidades, cada tramo es más caro. La progresividad pretende incentivar el ahorro y penalizar los grandes consumos.

Los hoteles, sin embargo, no entran en este sistema de la misma manera. Pagan también un precio diferente por metro cúbico si superan determinados tramos, pero tienen que consumir mucha más agua para llegar a las tarifas más caras. En la práctica, esto hace que una proporción mayor del consumo se facture a los precios bajos, que es a 0,60 euros el metro cúbico. “Es un ejemplo de la obsolescencia tarifaria de la empresa municipal” explica el portavoz de la Alianza por el Agua Juan Calvo.

La diferencia queda oculta en la manera de calcular los bloques de consumo. Antes de aplicar la tarifa progresiva, Emaya reparte el consumo entre unidades equivalentes de dos plazas hoteleras. Esto hace que una parte mucho mayor del agua se facture dentro de los primeros tramos, los más baratos. El mecanismo continúa recogido en la ordenanza municipal vigente. Es una regla prácticamente desconocida fuera de los círculos técnicos, pero hace décadas que forma parte de la política tarifaria de Palma.

La historia la destapó Miquel, un extrabajador de Emaya. Sostiene que “este sistema reparte el consumo entre las plazas del hotel, de dos en dos”. “Para un hotel de 240 plazas, lo tiene en cuenta como si tuviera 120 contadores, cuando en realidad tiene uno. Así, nunca se pasan, o casi nunca, del tramo básico, y se ahorran miles y miles de euros en agua, cosa que las familias no pueden hacer”, explica a el ARA Balears.

“Están dividiendo el consumo en múltiples pequeños consumidores, y así no se aplica la progresividad”, lamenta este extécnico de la empresa municipal. Uno de los casos estudiados por este extrabajador de la compañía corresponde a un hotel de la Playa de Palma con 240 plazas y un consumo de 3.760 metros cúbicos. Según los cálculos facilitados, si este mismo volumen de agua se hubiera facturado aplicándole la progresividad doméstica, el importe habría sido de 21.225,60 euros. En cambio, con la tarifa real aplicada por Emaya, el pago es de 2.356 euros.

Aunque el ARA_Balears ha intentado que algún portavoz de Emaya explicara este sistema y ha pedido información sobre las diferencias tarifarias, no ha obtenido respuesta por parte de Cort. Sí, en cambio, que ha hablado Neus Truyol, la regidora que, durante su etapa al frente de la empresa municipal de aguas y alcantarillado hizo una primera reforma tarifaria. Si bien no atacó directamente la desigualdad entre hoteles y familias, sí que emprendió el camino de reducir la desigualdad.

“El objetivo principal era reforzar la progresividad porque quien más consumiera pagara más y, al mismo tiempo, proteger a los pequeños consumidores”, recuerda. La reforma congeló los primeros bloques domésticos, introdujo bonificaciones sociales para las familias vulnerables y modificó el tratamiento de las familias numerosas para que también quedaran sometidas a un sistema progresivo adaptado al número de miembros.

Los de más estrellas, beneficiados

Pero el gobierno municipal también actuó sobre las tarifas hoteleras. Hasta aquel momento, los establecimientos de más nivel disfrutaban de un sistema todavía más favorable que el resto de los establecimientos, de manera incomprensible. “En un momento dado, se quería fomentar que se hicieran hoteles de alto nivel, de cuatro y cinco estrellas, y se regalaba el agua”, explica un técnico de Emaya que pide el anónimo. La misma documentación interna de la empresa municipal reconocía esta diferencia.

A partir de 2017 todos los hoteles, independientemente de su categoría, pasaron a calcular la tarifa con el mismo criterio: una unidad equivalente por cada dos plazas hoteleras. Esto supuso incrementos importantes de la factura para los establecimientos de más categoría, y acabó con una irregularidad histórica. “Nuestra intención era eliminar aquella injusticia y que todos los hoteles pagaran igual”, recuerda ahora Truyol en declaraciones a ARA Balears.

La exconcejala defiende que el debate político de aquel momento no era si los hoteles debían tener un sistema específico, sino corregir una situación que hacía que los establecimientos de más categoría pagaran menos que los de categorías inferiores.

También admite, pero, que el gobierno no cuestionó el mecanismo de las dos plazas. “Los técnicos nos explicaron que tenía una lógica y nosotros no lo discutimos. Ahora sería hora de hacer una nueva revisión, muy profunda”, dice Truyol.

Por su parte, la Federación Hotelera asegura que los establecimientos no disfrutan de ventajas. “Los hoteles de Palma no tienen un precio bonificado por el agua. El precio por metro cúbico aplicado a cada tramo es el mismo que para los usuarios domésticos”, asegura la entidad. Según la patronal, la diferencia “se encuentra únicamente en la amplitud de los tramos, que se calcula en función del número de plazas del establecimiento y no como si todo el hotel fuera una única vivienda”.

Revisar la tarifa de los hogares  

Juan Calvo, portavoz de la Alianza por el Agua, introduce un matiz que desplaza el centro de la discusión. No rechaza que el consumo de un hotel se reparta según las personas que puede alojar. “Detrás de 240 plazas hay 240 personas y tiene sentido tenerlo en cuenta”, explica. “El problema es que este criterio solo se aplica a los hoteles”.

Para Calvo, la cuestión es por qué esta adaptación desaparece cuando se trata del resto de usuarios. “En los hogares el consumo no se reparte entre nadie”, señala. Según sus cálculos, con un consumo idéntico por persona, una familia de seis miembros puede pagar casi el triple por cabeza que una persona que vive sola, porque el consumo conjunto sube más bien a los bloques caros. En definitiva, considera que es hora de revisar las tarifas y adecuarlas siempre con el criterio de desincentivar el consumo y premiar a los que gastan poco.

La situación es aún más clara, afirma, en los edificios con un único contador comunitario. “Son la única categoría de usuario colectivo de toda la ordenanza que paga la progresividad entera hasta llegar al bloque más caro. No se reparte ni por plazas ni por viviendas”. Calvo defiende la progresividad como una herramienta fundamental para que quien consume más pague más, pero considera que debería rediseñarse para adaptarla mejor a cada tipo de usuario.

Pone como ejemplo Málaga, que calcula los tramos domésticos según el número de personas empadronadas, y Barcelona, que amplía los bloques en función del tamaño del hogar.

La Alianza propone repartir el consumo de los edificios con contador único entre las viviendas que abastecen, calcular los bloques domésticos según los residentes empadronados y adaptar la tarifa hotelera a la ocupación real, no solo a las plazas autorizadas. “Así se fomenta el ahorro”, sentencia.

Escala propia

También reclama una tarifa propia para el sector turístico. Los primeros bloques de la tarifa doméstica, explica, están pensados para cubrir las necesidades básicas de una familia, mientras que un hotel incorpora piscinas, jardines, lavanderías, cocinas y zonas comunes. “El consumo de una piscina acaba cobrándose al precio pensado para la ducha de una familia”, resume. Su propuesta consiste, sobre todo, en penalizar a los hoteles por su ineficiencia: una tarifa asumible para los establecimientos con consumos responsables y más cara para los que superen los umbrales adecuados por plaza ocupada.

El extrabajador de Emaya que ha puesto este debate sobre la mesa, Miquel, considera que “ya es hora de que se lleve a cabo una revisión de las tarifas, y se deje de beneficiar de esta manera a los hoteles”. “Además, cuando usamos agua desalada, se paga a dos euros el metro cúbico, mientras que el hotel la paga principalmente a 0,60 euros. ¿Quién paga la diferencia?”, se pregunta. “Hay que pedir a Emaya_una auditoría de costes, nos ocultan la información del agua”, denuncia Juan Calvo.