Tirme niega tener "beneficios estratosféricos" y defiende las aportaciones del Consell

PalmaTirme rechaza que obtenga "beneficios estratosféricos" por la gestión de los residuos de Mallorca y defiende que las aportaciones económicas del Consell sirven para abaratar el servicio a los ayuntamientos. La concesionaria ha respondido este miércoles al informe de la Intervención General de la institución insular que cuestiona el sistema tarifario y alerta de desequilibrios en la concesión. La empresa sostiene que las valoraciones del documento no reflejan su realidad económica y asegura que ha conocido el contenido a través de los medios de comunicación.

La respuesta llega después de meses de controversia sobre las tarifas y las aportaciones extraordinarias del Consell, que superan los 103 millones de euros desde 2023. Tal como ha publicado el ARA Balears, el informe de Intervención advierte que los incrementos tarifarios habrían superado la evolución real de los costes del servicio y cuestiona la actualización con el IPC de la amortización de infraestructuras. La plataforma No a la importación de residuos y MÉS per Mallorca denunciaron en agosto una rentabilidad "estratosférica" y reclamaron una revisión de la concesión.

Una rentabilidad del 6,08%, según la empresa

Tirme argumenta que calcular los beneficios únicamente en relación con los recursos propios ofrece una imagen incompleta, porque deja fuera la financiación externa necesaria para ejecutar las inversiones del servicio, que cifra en más de 620 millones de euros.

Según la compañía, si se tienen en cuenta tanto los recursos propios como los financiados, la rentabilidad media de los últimos seis ejercicios es del 6,08%. Tirme asegura que este dato figura en el mismo informe de Intervención y que la sitúa en la décima posición entre las 52 empresas más representativas del sector en España. Si el cálculo se extiende a toda la concesión, iniciada en 1992, la empresa rebaja el porcentaje al 2,95% y lo considera moderado para un contrato público de larga duración.

La defensa del sistema tarifario

La concesionaria también rechaza las objeciones al mecanismo de revisión anual de la tarifa. Explica que el procedimiento combina estimaciones iniciales con liquidaciones posteriores basadas en datos reales, que, según afirma, auditan los técnicos del Consell. Los ajustes tienen en cuenta variables como las toneladas tratadas, el IPC, el precio del gasóleo y el de la electricidad.

Uno de los puntos centrales de la discrepancia es la aplicación del IPC a las amortizaciones de las inversiones. Tirme defiende que este mecanismo está previsto expresamente en el contrato de 1992 para preservar el valor de la inversión ante la inflación. También sostiene que se ha mantenido en las modificaciones contractuales aprobadas por el pleno los años 2001, 2007, 2013, 2018 y 2023, y que cuenta con el aval de cuatro dictámenes del Consell Consultiu.

Precisamente, el consejero insular de Hacienda, Llorenç Bosch, reconoció en el pleno de septiembre que la aplicación del IPC a determinadas amortizaciones era uno de los principales aspectos cuestionados. Bosch afirmó que el Consell compartía la preocupación expresada por Intervención, pero defendió que era necesario disponer de nuevos informes jurídicos y de una auditoría independiente antes de modificar las condiciones de la concesión, por las posibles consecuencias judiciales.

Aportaciones públicas para abaratar el servicio

Tirme niega que reciba subvenciones del Consell y distingue entre una subvención a la empresa y las aportaciones previstas en el contrato para financiar el servicio. Según su explicación, la institución asume una parte de la tarifa general para reducirla un 10% y paga íntegramente el tratamiento de la materia orgánica recogida selectivamente para que sea gratuito para los ayuntamientos.

La compañía cifra este último coste en 14,5 millones de euros anuales, de acuerdo con los informes técnicos que cita. El Consell abona esta cantidad a Tirme, pero la empresa sostiene que los beneficiarios de la medida son los municipios, que se ahorran tener que sufragar el tratamiento.

Para defender esta interpretación, el comunicado se remite a un informe de Intervención del 2 de febrero de 2026, elaborado en respuesta a la Sindicatura de Cuentas. Según el fragmento reproducido por Tirme, estas aportaciones derivan de los contratos de concesión y se deben regir por la normativa contractual, en lugar de la de subvenciones. La concesionaria asegura que, sin estos pagos del Consell, cobraría el mismo importe, pero lo facturaría íntegramente a los ayuntamientos.

El PSIB reclama detener los pagos

La defensa de la empresa llega después de que el PSIB anunciara, el 1 de octubre, una moción para suspender la tramitación de la tarifa de 2026 y paralizar el pago de los 41,4 millones de euros aprobados en julio, hasta que se revisen los costes reales del servicio.

Los socialistas también reclaman revisar los 50 millones comprometidos por el Gobierno para financiar el traslado y el tratamiento en Mallorca de los residuos de Ibiza. Según denunció el partido, el Ejecutivo ya habría transferido 41 millones al Consell sin un informe económico que justificara el importe.

Tirme, por su parte, reivindica el modelo de gestión vigente y reitera la disposición a colaborar con las instituciones. El comunicado defiende los resultados ambientales de la concesión, pero no anuncia ningún cambio en el sistema tarifario cuestionado.