PalmaLa simplificación administrativa no se nota. Al menos, no lo suficiente. Las empresas, los agricultores y los autónomos parten de un sistema tan farragoso, con tantos trámites acumulados, administraciones que no siempre comparten información y procedimientos que se duplican, que las medidas impulsadas en los últimos años por el Gobierno son, para buena parte de los sectores consultados, una gota de agua disuelta en un mar burocrático construido durante 40 años. No niegan que se hayan dado pasos. Lo que cuestionan es que hayan conseguido cambiar sustancialmente la relación cotidiana entre los administrados y la Administración.
Y eso a pesar de que la simplificación ha sido una de las banderas de la legislatura. La Ley de simplificación administrativa modificaba decenas de disposiciones de sectores muy diferentes e incorporaba desde cambios en procedimientos administrativos hasta urbanismo, agricultura y medio ambiente.
El presidente de PIMEM, Jordi Mora, recuerda que la norma “estaba mezclada también con otros temas ambientales” y la define gráficamente como “un batiburrillo”. Entre las medidas que se tramitaron bajo el paraguas de la simplificación había una que sí ha tenido consecuencias muy concretas sobre el territorio: la creación de un procedimiento extraordinario para legalizar edificaciones, construcciones y usos en suelo rústico fuera de ordenación cuando ya no se puede exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística. La ley establece un plazo de tres años para acogerse a ella y el Consell de Mallorca activó formalmente el procedimiento en febrero de 2025. Esta medida sí que ha sido un éxito, pero los consultados y los especialistas en tramitación administrativa coinciden en el hecho de que esto no tiene nada que ver con la simplificación:“Era un compromiso político que seguramente dará muchos votos, pero nada tiene que ver con el hecho de simplificar el caos administrativo que sufrimos”, afirma Carmen, una técnica de la Administración que pide ocultar el apellido, ya que trabaja directamente en la materia. “Se han dado pasos, pero es imposible arreglar esto con una norma. Hacen falta años y un cambio mucho más profundo si queremos resultados”, espeta.
Cuando se pasa de la norma al día a día de las empresas, la valoración tampoco es entusiasta. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca asegura que la simplificación sigue siendo una de las principales reclamaciones del sector porque “no se ha producido ningún avance sustancial que contribuya a reducir las cargas que soportan las empresas”.
La patronal hotelera reclama frenar la “sobrerregulación”, pero sobre todo insiste en una cuestión que se repite en todas las conversaciones mantenidas por el ARA Balears: que la Administración deje de reclamar al ciudadano y a la empresa información que otra –incluso el mismo departamento– ya tiene. De hecho, los hoteleros reclaman una verdadera ventanilla única y más cooperación interna entre organismos.
Según Miquel Àngel Benito, socio de Tot Herba y miembro del Comité Ejecutivo de PIMEM –en representación del sector industrial–, simplificar tampoco significa dejar de controlar. “Abordar una simplificación administrativa real sin perder el control exige pasar de un modelo basado en la desconfianza y el trámite a uno basado en la gestión de riesgos y la tecnología. El objetivo no es eliminar la supervisión, sino hacerla inteligente”, defiende.
Su receta implica más interoperabilidad entre administraciones. Es decir, que “puedan cruzar datos y no hacerte ir a diferentes lugares a acreditar cosas que ya tienen internamente”, controles a posteriori en los procedimientos en los que sea posible, inspecciones orientadas según el riesgo y sanciones efectivas en caso de incumplimiento. También añade un principio que considera esencial para las pequeñas empresas: la proporcionalidad. “No se puede pedir lo mismo a un pequeño comercio que a una gran superficie”, añade Benito.
Dos inspecciones para contar cabras
El coordinador de Unió de Pagesos (UP), Joan Gaià, aporta un ejemplo que muestra hasta qué punto este principio todavía falla. Este verano, explica, los veterinarios fueron a su explotación de cabras para realizar las pruebas anuales de tuberculosis. Durante la inspección identificaron a los animales mediante los chips y la información quedó registrada por la misma Administración.
Cinco días después, Gaià recibió una llamada: tenían que volver a la finca para realizar una inspección vinculada a la PAC y volver a contar a los animales. “Les dije: ‘Han venido hace cinco días, un funcionario ha hecho el control, ha hecho la lectura de los chips y tenéis esta información dentro de la Conselleria’”, relata. No sirvió. Gaià asegura que incluso trasladó la situación a responsables de Agricultura y del Fogaiba, que entendieron el problema e intentaron evitar la duplicidad.
“En diez días vinieron a hacer una cosa que ya teníamos hecha dentro de un ordenador, que había hecho un funcionario y que era totalmente válida”, lamenta. Y contrapone el coste administrativo de la inspección con el importe de la ayuda que justificaba aquel control: unos 500 euros vinculados a prácticas ambientales, según explica.
“Perder una mañana y tener estos quebraderos de cabeza no me compensa”, afirma. “No, evidentemente”, responde cuando se le pregunta si los agricultores han notado la simplificación.
PIMEM introduce un matiz respecto de la crítica contundente de los hoteleros y de los agricultores. Jordi Mora considera que la Ley de simplificación va en la buena dirección. “Lo que salió nos pareció bien”, dice. La patronal incluso valoró públicamente de manera positiva aquel primer paso. Pero añade inmediatamente una segunda parte: “Todavía hacía falta hacer mucho más”.
Mora recuerda que, antes de las elecciones de 2023, Marga Prohens se comprometió ante PIMEM a impulsar una política continuada de simplificación. La candidata del PP anunció en campaña una ley ómnibus para reducir lo que definía como una “telaraña” o “enredo” legislativo y agilizar los trámites. Según Mora, la promesa que se les trasladó era avanzar con una ley de simplificación cada año. “La simplificación administrativa es un camino que no se acaba nunca, que se tiene que trabajar constantemente. Con una ley no lo haces todo de golpe”, afirma.
El Ejecutivo defiende que la simplificación sí está avanzando y pone sobre la mesa datos concretos. Una de sus principales apuestas es la automatización de tareas repetitivas mediante robots informáticos. Entre julio de 2024 y junio de 2026, según el Gobierno, estos sistemas analizaron 432.440 expedientes y 70.674 documentos en 16 procedimientos relacionados con áreas como la agricultura, la vivienda y los servicios sociales. El Ejecutivo calcula que esto equivale a más de 45.500 horas de trabajo administrativo.
También reivindica medidas como el pago de tributos mediante Bizum, la tramitación automatizada de ayudas de autoconsumo, la posibilidad de evitar determinadas valoraciones duplicadas en dependencia y discapacidad y la integración de datos sanitarios entre residencias y el servicio de Salud.
El Gobierno prepara una nueva extensión de las declaraciones responsables, una figura que permite iniciar determinadas actividades sin tener que esperar una autorización administrativa, aunque la Administración mantenga la capacidad de inspección posterior. El debate no es tanto si se han hecho cosas como qué ha cambiado realmente para la persona que espera al otro lado del procedimiento. Pero empresas y agricultores plantean otra pregunta: si después un departamento continúa pidiendo una documentación que otro ya tiene, o dos funcionarios tienen que comprobar con días de diferencia los mismos animales, ¿quién ha notado la simplificación?
La técnica de la Administración consultada responde: “Hemos llegado al ridículo de que la Administración que gestiona un tributo te pide que declares que estás al corriente”. Es decir, “la Administración prefiere que tú digas con una declaración, que es un simple papel, que estás al corriente, a mirar realmente si lo estás. Son muchos años de malos vicios y no siempre voluntad de servicio público. Costará mucho cambiar esto”, sentencia esta trabajadora.
El récord de lo absurdo: 30.000 tipologías de trámites
Los ciudadanos de las Islas –y los del resto del Estado– pueden elegir entre 30.000 tipologías diferentes de trámites, en función de sus necesidades. Una aberración en la que coinciden todos los expertos, y en la que el Govern trabaja para intentar simplificar la realidad de nuevo. Los datos los aporta el Colegio de Gestores Administrativos, que confirma la necesidad de una revisión “mucho más profunda de la realidad, porque si no se hace, las reformas no tendrán prácticamente ninguna incidencia”, según advierte su presidente, Miguel Ángel García. En su opinión, “hay tal cantidad de realidades, de opciones y de modelos, que primero es imprescindible coger cada uno de los trámites, ver a qué responde, si está justificado, o si se puede eliminar, porque con una simple comprobación automática la Administración ya tiene la información que actualmente reclama”, afirma.
Pero insiste en que “si no se hace desde una visión transversal, al final lo único que se consigue son detalles aislados, y no atacamos el problema que, por supuesto, es gigantesco”, concluye.
En este sentido, el Colegio de Gestores Administrativos se ha ofrecido al Govern y ya trabaja “con el equipo del conseller Antoni Costa, porque nuestros servicios no tienen ningún interés sectorial, nosotros somos puramente gestores y nos encontramos con ello cada día”.
El Govern ha explicado al ARABalears que la colaboración social administrativa, que es el concepto que se estudia, “es una fórmula que pretende extender al resto de la Administración el modelo de las entidades colaboradoras urbanísticas, empresas que hacen una parte de la tramitación en esta materia para reducir la carga sobre los funcionarios”.
Miguel Ángel García considera que “sería una gran apuesta”. “Los gestores administrativos conocemos los procedimientos y podemos asumir parte del camino de una tramitación, cumplimentarla y después entregarla a la Administración. Además, el grado de error sería mínimo. Ya lo hacemos con la Dirección General de Tráfico, con los cambios de propietario de un vehículo, y funciona perfectamente”, asegura García.