Relevo en Medicina Legal tras años de tensión por la falta de recursos

PalmaLa forense Marisa Ariño sustituye provisionalmente en el cargo a Consuelo Pérez, que ha estado al frente del Instituto de Medicina Legal (IML) durante 11 años. Pérez había dirigido el organismo hasta que el Ministerio de Justicia la destituyó en abril. Próximamente, el Ministerio competente convocará la plaza de libre designación, a la que podrá optar cualquier forense del Estado con un mínimo de cinco años de antigüedad.

Después de 11 años en cargos de dirección, la etapa de la patóloga Consuelo Pérez ha llegado a su fin en un contexto de malestar y crispación dentro del IML, derivado de la creciente carga de trabajo y de la falta de recursos, tanto humanos como de infraestructura. En este sentido, la hasta ahora directora asegura haber hecho todo lo posible por gestionar la sobrecarga de trabajo que afronta la clínica forense, que durante los meses de verano puede llegar a triplicarse sin que este incremento de actividad se compense con un refuerzo de personal.

Asimismo, admite que la destitución no la sorprendió del todo, porque las discrepancias con otra funcionaria de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia eran constantes, especialmente por las diferencias de criterio sobre la realidad de la situación del Instituto, según ha podido confirmar el ARA Balears. Pérez reclamaba constantemente sobre la falta de personal y de convocatoria de plazas por parte del Ministerio de Justicia, sin conseguir un cambio de talante desde Madrid.

A pesar de ello, Pérez afirma que la relación con los compañeros "era cordial y propia de la normalidad de un entorno laboral". Un extremo que también han confirmado al ARA Balears otras fuentes del Instituto, que coinciden en señalar que este era el clima habitual con todo el mundo, excepto con Javier Alarcón, que fue jefe de los forenses y fue destituido en 2013, cuando hacía ocho meses que ocupaba el cargo. Alarcón fue sustituido por la forense Aina Estarellas y, posteriormente, la dirección recayó en Consuelo Pérez.

La precarización del Instituto de Medicina Legal, sin embargo, no es nueva, según confirman diferentes fuentes conocedoras, sino una situación que se arrastra desde hace años y que tiene como principales causas la falta de personal, la inestabilidad de los técnicos, el aumento de población, el envejecimiento de las instalaciones y de la maquinaria, además del contexto socioeconómico de las Baleares.

Así lo recogen las sucesivas memorias publicadas por el Ministerio de Justicia, como refleja textualmente la memoria del 2024: “El año en curso ha requerido una gran actividad pericial y de valoración, un esfuerzo adicional por parte de todos los integrantes del grupo de compañeros que trabajan en este servicio, con constantes modificaciones del personal facultativo, con la incorporación de titulares a falta del personal interino y la estabilización de plazas, sin poder evitarse tampoco la actividad, ya de por sí misma desmesurada por la ràtio de actividad”. De hecho, esta situación no es propia sólo de Baleares, ya que la situación en otros institutos dependientes de Justicia, como el de Badajoz y Canarias es semejante.

Con todo, aunque Marisa Ariño esté ahora al frente del organismo de manera provisional, lo más probable es que continúe en el cargo. Otra de las problemáticas que afronta el Instituto es la falta de personal, ya que la mayoría de los facultativos, funcionarios del Ministerio de Justicia, prefieren, según han explicado diferentes voces del organismo, optar a plazas de la Península antes que de Baleares a causa del encarecimiento del precio de la vivienda.