Reclaman a Prohens que intervenga para garantizar la seguridad de los seis activistas baleares de la Flotilla por Gaza
Marchas de Mallorca por Palestina exige explicaciones tras la interceptación de la Global Sumud y pide una respuesta institucional ante lo que califican de “acto de piratería ilegal”
PalmaLa intercepción de la Flotilla Global Sumud en aguas griegas continúa generando reacciones en Baleares. La Assemblea General de Marxes de Mallorca per Palestina ha reclamado este sábado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que dé pasos para aclarar lo que consideran un “acto de piratería ilegal” y que se asegure del estado de los seis activistas baleares que viajaban a bordo de la embarcación con destino a Gaza.
La organización pro Palestina, reunida este fin de semana en Sineu, ha expresado preocupación por la situación de los tripulantes después de que Israel interceptara la flotilla y trasladara a sus integrantes a Creta. Entre ellos había una treintena de ciudadanos españoles, seis de los cuales son residentes en las Islas.
Según han denunciado, la prioridad ahora es garantizar la integridad física de los activistas y saber en qué condiciones se encuentran después de la intervención de la marina israelí. Por ello, también han instado al delegado del gobierno español en Baleares, Alfonso Rodríguez, a hacer todas las gestiones necesarias para que los miembros de la flotilla puedan continuar el trayecto con seguridad y para que se condene públicamente esta actuación.
Marxes per Palestina considera que el episodio no es un hecho aislado, sino una muestra más de la tensión que rodea cualquier iniciativa de apoyo humanitario hacia Gaza. Por ello, durante la asamblea hecha en Sineu, también se ha acordado convocar cuanto antes mejor un encuentro con entidades, plataformas y colectivos de Mallorca vinculados a la defensa de los derechos humanos, la paz y la denuncia del conflicto palestino.
El objetivo es reforzar una respuesta conjunta y mantener la presión institucional ante una situación que, aseguran, no puede quedar sin respuesta política ni diplomática.
La organización insiste en que la sociedad civil no puede normalizar este tipo de actuaciones y apunta que la protección de los activistas y la defensa de los derechos humanos se han de situar por encima de cualquier posicionamiento geopolítico.