Rechazan en Son Sardina la incorporación del profesor Miquel Roldán, condenado por acoso a un alumno

PalmaLas familias del CEIP Maria Antònia Salvá de Son Sardina han emitido un comunicado donde muestran su "absoluto rechazo" a la incorporación del docente Miquel Roldánen el centro escolar. Cabe recordar que el maestro de Primaria fue condenado por acoso a menores. Concretamente, la Justicia condenó al docente a un año de cárcel, pero no le inhabilitó, una situación que firmó las manos en la Conselleria a la hora de apartarle de la docencia, aunque es interino.

Aún así, las familias del centro educativo de Palma han enviado la carta a la Conselleria de Educación donde le exigen que "actúe inmediatamente para retirar a este docente de cualquier centro educativo y que impulse las reformas legales necesarias para que ninguna persona condenada por acoso a menores pueda ejercer la docencia" y remarcan, con contundencia, que las familias "no aceptaremos que se ponga en riesgo la integridad y el bienestar de nuestros hijos e hijas". "Ningún interés individual puede estar por encima del derecho de los niños a crecer en un entorno seguro. Los niños y niñas, primero. Siempre", sentenciaron.

En este sentido, aseguraron, al mismo tiempo, que denunciaban que la presencia de un profesor condenado por acoso a un menor "genera alarma, desconfianza y miedo". De hecho, aseguraron que sus hijos tienen "derecho a crecer y aprender en un entorno protegido y libre de riesgo". antecedentes judiciales suficientes que harían incompatible su labor docente, y han remarcado que consideran que "no es admisible" que una persona con este historial esté en contacto diario con menores dentro de un aula. atenta contra este principio".

Cabe recordar que durante el curso pasado, y después de la polémica que se vivió en el centro educativo donde Roldán daba clase, el CEIP Gabriel Janer y Manila, la Conselleria de Educación pidió al gobierno de España que modificara la legislación para evitar que personas como él, condenado por sitiar a un menor, puedan ejercer la docencia. Ante la negativa del ejecutivo español, la solución fue poner un segundo docente que "vigilaba" al maestro condenado mientras éste estaba en el aula con los alumnos.

Otra de las polémicas surgió también durante el curso pasado, cuando la Mesa paritaria entre la Administración y los sindicatos que debían decidir sobre el futuro del profesor condenado por acoso decidió que no debía someterse a evaluación obligatoria en cuanto a su estado de salud.