La reacción a los abusos sexuales, tanto camino por recorrer
PalmaEl caso que hoy publica el ARA Baleares es de una dureza que sacude. Una mujer explica cómo, durante 35 años, fue violada de forma reiterada por tres religiosos; también lo había hecho su padre. Una historia de una crudeza que cuesta leer y asumir, pero que no puede volver a esconderse. El silencio, durante demasiado tiempo, fue el mejor aliado de los abusadores. Es cierto que la reacción social, política y judicial hacia los abusos sexuales –también los cometidos por miembros de la Iglesia– ha cambiado sensiblemente respecto a los años en los que las denuncias eran silenciadas, desacreditadas o resueltas con traslados discretos y peticiones de silencio. Hoy, las víctimas son escuchadas, los hechos suelen reconocerse y las instituciones se ven obligadas, como mínimo, a dar explicaciones. Es un adelanto indiscutible. Pero insuficiente.
El reciente acuerdo entre el gobierno del Estado y la Iglesia católica para que indemnice a las víctimas de abusos sexuales perpetrados por sus miembros es un paso importante, muy reclamado. Sin embargo, todavía falta concreción: hay que saber cómo se articulará, quién tendrá acceso y con qué garantías. El reconocimiento simbólico no puede sustituir a la reparación efectiva ni a la responsabilidad institucional. Hay que decir que en este camino ha sido clave el trabajo de colectivos como Infancia Robada, un nombre que no es una metáfora: a estas personas se les ha robado la infancia, se les ha destrozado la vida y se les ha negado durante años el derecho a ser creídas.
Queda mucho por hacer también dentro de la Iglesia. El derecho canónico muestra todavía graves lagunas y una mirada anacrónica, sobre todo en los abusos contra mayores de edad. En el caso de la esposa de Palma, el papa Francisco llegó a decretar la expulsión de uno de los agresores, pero no se hizo efectiva. En Baleares hay otros casos con condenas judiciales firmes por los que la Iglesia ha pedido disculpas, pero ha mantenido a los responsables en la institución. Las cartas de perdón no pueden convivir más con la impunidad. Aunque la sociedad balear no es ajena a estos hechos, todavía tienen peso el poder de la Iglesia y el lastre de los convencionalismos aparte de la población. Romper con la cultura del silencio exige valentía política y compromiso sostenido.
Aquí está uno de los principales peligros. Los avances conseguidos en la denuncia pública, en el apoyo a las víctimas y en las medidas políticas pueden retroceder –o detenerse– si la extrema derecha sigue ganando poder en el Estado y en las Islas. Vox niega la existencia misma de la violencia contra las mujeres, cuestiona las políticas de protección y relativiza las violencias sexuales. En ese marco ideológico, las víctimas vuelven a ser sospechosas y los agresores, invisibilizados. La lucha contra los abusos sexuales no puede quedar sometida al negacionismo ni al cálculo político. Escuchar, reparar y actuar no es concesión. Es una obligación social y democrática.
