"¿Para qué quieren un certificado? Sin papeles, todos somos vulnerables"

PalmaMás de 30.000 inmigrantes sin papeles en las Islas tienen ahora la posibilidad de salir de la invisibilidad. Desde el 16 de abril, las largas colas en los ayuntamientos se han convertido en la imagen de la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno de España. Llevan meses preparando la documentación, pero hasta última hora no supieron que también necesitarían un certificado de vulnerabilidad, y eso explica, en parte, la saturación del sistema. “No entiendo por qué lo quieren, si todos los que estamos sin papeles somos vulnerables”, reflexiona Abdou, senegalés de 32 años. A pesar de ello, la prioridad es clara. “Como si tenemos que perder días de trabajo: los papeles son los papeles”, asegura Khalid.

A diferencia de una regularización ordinaria, que se puede alargar durante años, este proceso permitirá obtener un permiso de trabajo por la vía rápida si se cumplen una serie de requisitos, entre ellos, haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, demostrar que hace al menos cinco meses que están en el Estado y no tener antecedentes penales. A escala estatal, la medida puede beneficiar a medio millón de personas. En las Islas, las estimaciones apuntan a 30.000 afectados. Con todo, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, precisó que se trata de un cálculo aproximado, porque no se tienen registros de las personas sin papeles. Este margen de incertidumbre hace pensar que el número de inmigrantes que se acojan a la regularización exprés podría ser superior.

La medida ha enfrentado al PP y Vox por un lado y a la izquierda por otro. La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular, Marga Duran, acusó al gobierno español de “querer provocar el colapso” de los ayuntamientos por haberles encomendado la expedición de los certificados de vulnerabilidad. En cambio, el PSIB sostiene que los alcaldes populares están haciendo “boicot” al procedimiento. Los socialistas han abierto sus sedes para dar información y asesorar a la gente al respecto.

En Palma, el Ayuntamiento (PP) ha admitido que dio la orden de no reforzar la Oficina de Atención Ciudadana (OAC). Testigos consultados por el ARABalears han apuntado que, en algunos barrios, la gente se levantaba a las cuatro de la mañana para poder tramitar su certificado. Además, entidades como Cáritas han advertido de la proliferación de estafas a los inmigrantes aprovechando las dudas que hay sobre el procedimiento.

A pesar de los obstáculos, los migrantes ven en la regularización una ocasión para evitar situaciones de explotación. Es el caso de Jessica, una arquitecta de 29 años que llegó hace menos de un año de América Latina. “Como no tengo papeles, no puedo ejercer mi profesión. Cuando acababa de llegar, cogí un trabajo de pintar una casa”, explica. A pesar de que los propietarios pagaron por el servicio, ella no recibió ni un céntimo: su jefe se lo quedó todo. “Lamentablemente, esta fue mi primera experiencia laboral en España”, relata. “No podía hacer nada, estoy sola, sin papeles, tuve que aceptarlo”, afirma.

“Los empresarios se aprovechan”

Khalid [nombre ficticio a petición del testigo] y sus cuatro compañeros hacen cola en la oficina ciudadana de la plaza de Santa Eulalia (Palma). “Los empresarios se aprovechan”, lamenta. Explica que en el sector de la construcción puede llegar a cobrar 30 euros por una jornada de trabajo exigente. “Al cabo de un día llego a levantar dos toneladas de peso”, dice. “No te puedes negar porque, si no, te quedas sin trabajo y puedes estar semanas sin encontrar nada”, añade. A su lado, otro joven apunta que en el sector de la hostelería pueden llegar a cobrar la mitad de un sueldo normal si no tienen papeles.

“Queremos trabajar y aportar a este país que amamos”, señala Abdou, que era profesor de inglés en Senegal. La mayoría de testimonios comparten el mismo objetivo: conseguir una ocupación estable. Es el caso de Mariana [nombre ficticio], colombiana de 37 años, que hace ocho años que está en España, pero que no ha podido regularizar su situación por la vía ordinaria porque no ha conseguido tener un contrato laboral: “Lo intenté en un restaurante y en un club de playa, pero no pude”.

A pocos metros, una madre y una hija colombianas, que sí que tienen los papeles, esperan su turno para pagar una multa. Observan la cola sin sorpresa: “En la administración, todo es lento”. Son limpiadoras del hogar, y consiguieron los papeles porque la madre convenció a uno de sus jefes para hacerle un contrato laboral, a cambio de asumir ella misma el pago de las cuotas a la Seguridad Social. “Lo hacen así, y no te puedes quejar, porque te están haciendo un favor”, explica la hija.

Las dificultades para encontrar trabajo tienen un efecto directo en el acceso a la vivienda, en un contexto de mercado tensionado y con precios elevados. “Si ya cuesta con papeles, imagínate sin”, lamenta un marroquí de mediana edad que hace un año que vive en la calle. Aunque durante un tiempo durmió en un albergue, ahora se encuentra en lista de espera para poder acceder a una plaza. En el mismo sentido, Khalid relata cómo muchos migrantes conviven amontonados “como sardinas”: él paga 160 euros por una cama en un piso donde duermen una decena de personas.

Una medida con “triple legitimidad”

La regularización ha intensificado la confrontación entre el gobierno español del PSOE y Sumar y las comunidades gobernadas por el PP. La presidenta Marga Prohens ha advertido sobre “el efecto llamada” que el proceso puede generar y ha anunciado que lo impugnará ante los tribunales. Sigue el rastro de otros barones del PP, como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En paralelo, los nuevos pactos de gobierno entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón hacen más énfasis en el discurso antiinmigración. Por primera vez, ambos han incluido una cláusula de “prioridad nacional” para dejar fuera de ayudas y derechos a los inmigrantes, y han registrado esta propuesta en una moción en el Congreso de los Diputados y un escrito en el Parlament balear [firmado por Vox].

El gobierno español nada a contracorriente en un momento en que en Europa toma fuerza el rechazo a la entrada de migrantes. Con todo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que la regularización se basa en una “triple legitimidad”: social, política y económica. Además, el proceso dispone de un amplio apoyo de organizaciones de todo tipo, desde las entidades sociales hasta la patronal, y también sectores de la Iglesia.

Aparte de dar derechos a miles de personas que ya viven en España, la regularización implica una lucha contra la economía sumergida, porque el dinero y puestos de trabajo que circulaban en negro ahora lo harán por vías legales. Según un informe que el BBVA ha presentado esta semana, la economía de las Islas podría mejorar en al menos un 0,5% como consecuencia del proceso de regularización. Así lo señaló el economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso, que explicó que trabajan sobre la base de que se acaben regularizando aproximadamente 22.000 personas en Baleares.

En declaraciones recogidas por EFE, Cardoso apuntó que el impacto podría mejorar si emerge empleo no registrado o si los migrantes que obtengan papeles acceden a trabajos mejor remunerados, lo que impulsaría el consumo de los hogares. Con todo, detalló que el impacto sobre los datos macroeconómicos será “moderado”, ya que buena parte del trabajo irregular está parcialmente recogida en los indicadores.

21 años desde el último proceso

Hacía más de 20 años que no se llevaba a cabo una regularización extraordinaria de inmigrantes. Pero el socialista Pedro Sánchez es el cuarto presidente español que activa un proceso de estas características. También lo hicieron Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. La más importante fue la de Zapatero, que tuvo lugar en 2005, porque se beneficiaron más de medio millón de personas.

El líder de la Asociación de Dominicanos de Mallorca, José Solano, fue una de ellas. “Padecía maltratos de los empresarios, recogía olivas y quizás me pagaban diez euros en un día, y otros abusos así”, cuenta. “Por las humillaciones que recibía, llegué a pasar hambre, aunque lo aguantaba con discreción”. Pero tan pronto obtuvo los papeles, su situación cambió drásticamente. “Con el primer DNI conseguí trabajo en un restaurante”, recuerda. “El cambio es enorme, quien tiene papeles tiene un respeto, y ya puede convivir en igualdad”, sentencia.