Prohens no responde a la petición de reunión del GOB y Terraferida, que avisan: "No pararemos"

PalmaJusto un día después de la manifestación del 26 de julio, el GOB y Terraferida pidieron una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Ninguno de los dos dirigentes ha dado señales de vida hasta ahora ni ha manifestado ninguna intención de encontrarse con los activistas, que reclaman que se escuche el clamor contra la saturación de las más de 70.000 personas que salieron a la calle el 26J. "No hemos recibido ninguna respuesta y nos preocupa", ha señalado la representante del GOB Tonina Siquier, además de lanzar una advertencia: "No pararemos. Acabamos de empezar". Siquier ha remarcado que Prohens y Galmés son "las dos únicas personas que pueden tomar medidas contra la masificación". "Prohens dice que está de acuerdo con las reivindicaciones y que el Pacto lo hizo mal, como si las responsabilidades actuales no fueran con ella", ha añadido.

Ambas entidades han presentado cinco medidas concretas para "empezar a reducir la presión". "No hay excusas, la ciudadanía lo ha pedido de una manera ejemplar", ha continuado Siquier. La activista del GOB ha recordado que la próxima protesta se hará el sábado en Sóller. "Damos apoyo y estaremos allí. Es un municipio que se colapsa de manera más evidente por sus circunstancias", ha dicho.

En cuanto a las medidas, el GOB y Terraferida reclaman que se ponga fin al alquiler turístico y que se recuperen viviendas para uso residencial a precios asequibles. De esta manera, consideran imprescindible "declarar toda Mallorca como zona tensionada" y "desplegar una actuación decidida contra el alquiler turístico ilegal". También piden que se detenga la urbanización del suelo rústico y que se decrete una moratoria inmediata a la construcción de nuevas piscinas, "un elemento clave del turismo de alto poder adquisitivo".

Otro punto es que se acabe con las políticas de desprotección del territorio. "Hay que derogar las normas de simplificación administrativa", han remarcado las activistas, que han puesto como ejemplo de destrucción territorial la ley ómnibus que el Parlament aprobó antes de finalizar el periodo de sesiones. "Bajo esta etiqueta se han desmantelado garantías ambientales y se ha favorecido la urbanización del territorio", han continuado.

Por otro lado, las entidades exigen que se limite el máximo de vehículos que pueden circular por Mallorca y que se potencie el transporte público de Mallorca. Y han puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar la seguridad climática con una estrategia integral de adaptación y mitigación que proteja a la ciudadanía y el territorio: reforzamiento de la infraestructura verde de los municipios, despliegue de una red de refugios climáticos e instalación prioritaria de placas solares en espacios industriales y degradados para preservar el suelo rústico agrario y forestal.