Consejo de Mallorca

Presentan más de 3.000 firmas contra la ley de la Serra: "Si es patrimonio de todos, no se puede cerrar"

Las entidades critican la prohibición de la BTT y la falta de base científica. También denuncian limitaciones de acceso vinculadas a la propiedad privada

PalmaLa ley de la Serra de Tramuntana en la que trabaja el Consell de Mallorca ha generado una oleada de alegaciones. La plataforma Dret de Pas es uno de los colectivos que se ha manifestado en contra del articulado actual de la norma, que consideran que cerrará el acceso de buena parte de los caminos y los dejará en manos de los propietarios de las parcelas. "Si es patrimonio de todos, la sierra de Tramuntana no se puede cerrar", ha reivindicado Pep Estopà, su portavoz. La entidad se formó de manera casi espontánea hace un mes y medio, cuando Estopà, que es ciclista, y otros compañeros se enteraron de los planes del Consell. En solo un mes y medio de campaña, han recogido 3.364 firmas de apoyo a sus alegaciones.

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Entre los principales puntos de crítica, la plataforma denuncia la prohibición general de la bicicleta de montaña (BTT), y presenta diversos estudios según los cuales esta no daña el territorio. Estopà también ha advertido de la usurpación de numerosos caminos públicos por parte de propietarios. "Estamos de acuerdo en que las cosas se regulen, pero se ha de hacer bien", ha explicado Estopà: "Esto es un cierre de facto de la Sierra, porque se pedirán permisos para poder pasar, permisos imposibles". A su entender, actualmente hay "un clima de convivencia", mientras que la prohibición del paso o someter su acceso a la presentación de permisos "es inviable".

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"La Serra es un patrimonio universal", ha continuado Estopà. "No tiene sentido cerrar caminos, cuando ni siquiera se ha hecho el catálogo de caminos públicos que debía nacer en 2018", ha continuado. El ciclista aficionado explica que disponen del apoyo de deportistas y senderistas aficionados, pero también de rocódromos, centros de yoga, gimnasios y centros excursionistas. Ha puesto un ejemplo del alcance de esta ley, si sale adelante sin modificaciones. "En el camino viejo entre Palma y Puigpunyent hay siete fincas privadas, y algunas no se puede saber de quién son", ha expuesto: "Si ya es complicado documentar los caminos, imagínate aclarar esto".

La plataforma se ha reunido con el conseller Toni Fuster y el director insular de la sierra de Tramuntana, Antoni Solivellas, para tratar la cuestión. "En principio, han mostrado disposición a aceptar algunas alegaciones", ha dicho. "Queremos que se hagan estos cambios".

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EL PSIB y El Pi presentan enmiendas

El PSIB ha presentado 35 enmiendas al articulado del proyecto de ley, cuyo periodo de exposición pública termina este miércoles. La líder de la federación socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha considerado que "la letra pequeña de la ley es preocupante". En este sentido, la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, ha pedido que la ley reconozca el papel histórico de las mujeres en la preservación de la Serra, que garantice el relevo generacional en los trabajos agrarios, además de un mayor equilibrio entre la propiedad privada y el interés general, por lo cual se debe dar acceso a los caminos públicos tradicionales con la elaboración de catálogos, sin pedir permisos. También ha solicitado que se incremente la financiación de los órganos rectores de la Serra, con un 1% del presupuesto anual del Consell de dotación, y una cantidad equivalente del Govern.

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Por su parte, El Pi (ahora Coalición por Mallorca) también ha presentado enmiendas. "Esta ley no puede convertir la Serra en un espacio vacío", ha dicho: "Se debe proteger el territorio, pero también la gente que vive en él". Entre las propuestas, destacan la incorporación de la actividad pesquera tradicional y la protección del patrimonio asociado, como los embarcaderos y las viviendas de pescadores, como permitida, además del reconocimiento de los porches de olivar, lo que permite compatibilizar el uso agrario con un uso residencial vinculado a la explotación. "Los mallorquines deben poder vivir en su tierra con trabajo y vivienda dignos", ha expuesto: "Sin esto, cualquier ley de protección está condenada al fracaso".