Precintan una casa turística ilegal en Santa Eulària y le imponen una multa de 275.000 euros
La Policía Local y el Consell de Eivissa acreditaron que la vivienda se alquilaba con finalidades turísticas sin el título habilitante
PalmaLa Policía Local de Santa Eulària, en colaboración con el servicio de inspección turística del Consell de Eivissa, ha precintado una vivienda turística ilegal situada en la villa del Riu y ha impuesto una sanción de 275.001 euros por comercializarla como alojamiento turístico sin disponer del título habilitante necesario.
Las actuaciones policiales y de inspección permitieron documentar durante el 2025 que el inmueble se comercializaba como vivienda de uso turístico a través de un portal especializado, a pesar de no disponer de la autorización exigida para ejercer esta actividad.
A raíz de estas actuaciones se inició un procedimiento sancionador en materia turística por los hechos, que han sido calificados como una infracción muy grave. El expediente se dirige contra diversas personas que, de acuerdo con la documentación recogida durante la investigación, estaban vinculadas a la comercialización de la vivienda.
Entre las personas expedientadas se encuentra quien comercializaba directamente el inmueble, el anfitrión que había publicado el anuncio en la plataforma de alquiler vacacional y las personas que tenían la vivienda arrendada y que, a la vez, participaban en la comercialización. El procedimiento también se ha abierto contra los dos propietarios del inmueble.
Un cambio de uso sin autorización
Según ha explicado el Ayuntamiento de Santa Eulària, la investigación permitió acreditar un cambio de uso de la vivienda, que habría pasado de residencial a turístico mediante el alquiler a través de un portal especializado, sin disponer del título habilitante necesario.
El Consell Insular de Eivissa es la administración competente para imponer las sanciones en materia de comercialización turística ilegal en la isla. En este caso, el expediente ha acabado con una multa de 275.001 euros.
Además de la sanción económica, se ha adoptado una medida cautelar de precinto del inmueble. El objetivo es impedir que la vivienda continúe siendo utilizada para desarrollar una actividad turística sin autorización. La actuación forma parte de los controles sobre las viviendas que se comercializan como alojamientos turísticos sin disponer de la habilitación correspondiente.