Palma quiere reducir o suprimir la vivienda protegida en nuevas promociones urbanísticas
La oposición denuncia "urbanismo a la carta" y el PP y Vox defienden que Palma necesita más autonomía
PalmaEl pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes una iniciativa que abre la puerta a reducir o incluso suprimir la reserva de vivienda protegida en promociones urbanísticas concretas. La propuesta, avalada por el PP y Vox y rechazada por la izquierda, se incluye en la petición de reforma de la Ley de capitalidad que Cort quiere elevar al Parlament. El gobierno municipal defiende que la ciudad necesita "un régimen actualizado y justo", mientras que la oposición alerta de que el cambio puede tener un fuerte impacto en el acceso a la vivienda.
La disposición aprobada permite que el pleno de Palma pueda pedir al Govern balear modificar la normativa urbanística para fijar, en determinadas actuaciones, un porcentaje de vivienda protegida inferior al general o directamente eliminarla. La concejala de Hacienda, Mercedes Celeste, ha remarcado que "nunca se tocará la reserva global de vivienda pública", pero ha justificado que en casos "técnicamente justificados", Cort debe tener capacidad de flexibilizar los requisitos.
La oposición, sin embargo, ha acusado al gobierno municipal de hacer "urbanismo a la carta" y de querer favorecer intereses privados. El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, ha asegurado que la iniciativa "permite reducir o eliminar la vivienda protegida y asequible", calificándola de "fraude" y "error gravísimo". De Unides Podemos, Lucía Muñoz ha advertido de que la reserva de vivienda pública es "la herramienta principal" para frenar la crisis de la vivienda, mientras que la concejala de MÉS por Palma, Neus Truyol, ha denunciado que es "una traición a los vecinos".
El PP y Vox han defendido la iniciativa acusando a la izquierda de "mentir" y de no haber impulsado nunca mejoras en la Ley de capitalidad. El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha responsabilizado al anterior gobierno municipal de la falta de vivienda y ha celebrado que Cort "gane autonomía" para gestionar excepciones urbanísticas.
Mientras, la reforma también reclama duplicar hasta los 60 millones de euros la aportación mínima del resto de administraciones a Palma, otro punto que ha generado tensiones políticas, pero que ha quedado eclipsado por la polémica de la vivienda protegida.