Polémica en Manacor por las obras que pueden restringir aún más el acceso al camino de la Roca
Las entidades aseguran que el Consistorio incumple la Ley de caminos y reclaman una decisión política para preservar un vial que consideran de titularidad pública
ManacorLa Plataforma Caminos Públicos y Abiertos, GADMA y diversas entidades en defensa del patrimonio público han expresado hoy preocupación ante el inicio de obras privadas en el camino de la Roca, en Manacor, y piden su paralización inmediata. El lunes 1 de junio, se constataron los primeros movimientos para la construcción de dos columnas de piedra en seco a fin de instalar una barrera que cerrará aún más el camino, a pesar de que inicialmente parecía que se reabriría para ser incluido en el Catálogo de caminos de Manacor.
La respuesta del Ayuntamiento ha sido que no se podía negar la autorización de estas obras porque el camino no está declarado oficialmente como público. Las plataformas reclaman que un camino es considerado público independientemente de su inclusión en un catálogo y acusan al Ayuntamiento de no defender los intereses de los ciudadanos: "Queremos recordar a la señora Hinojosa (concejala de Urbanismo) y al señor Oliver (alcalde de Manacor) que un camino es público por mucho que no esté incluido en el catálogo; el Ayuntamiento en este caso ha dejado de defender los intereses de los ciudadanos en general para favorecer uno particular".
Desde la aprobación de la Ley de caminos del Gobierno en 2018, el Ayuntamiento tiene la obligación de mantener actualizado el inventario de caminos públicos del municipio, aunque hace años que se ha desentendido de ello. De hecho, el Consistorio ha sido acusado de infringir esta ley por su dejadez. En el Plan General aprobado en 2019, los caminos no fueron incluidos, con la promesa de hacerlo inmediatamente después, un compromiso que no se ha cumplido en seis años. "Han pasado seis años y continúan infringiendo una ley aprobada por el Gobierno e impulsada por MÉS-esquerra y PSOE. ¡Se han seguido cerrando caminos y no habéis abierto ninguno!".
Los portavoces de las plataformas han recordado que el camino de la Roca es un camino público, como lo demuestra todo un dossier con documentos presentados y registrados en el Ayuntamiento de Manacor hace más de un año. A pesar de los compromisos adquiridos por el alcalde, Miquel Oliver, y la delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, para recuperar el camino, las obras actuales se interpretan como una contradicción a estas promesas. "Tanto la Sra. Hinojosa como el Sr. Oliver se comprometieron a llevar adelante la recuperación de este camino y, en lugar de ello, favorecen aún más su cierre, con la excusa de que no lo pueden evitar. ¡Sí que lo pueden hacer! Si realmente han iniciado el proceso de recuperación, pueden no autorizar una obra", critican.
"Hay que recordar que la gente que defiende los caminos hace un gran trabajo altruista, dedicándole muchas horas de su tiempo, dedicándole su espíritu de servicio público para hacer un trabajo que deberían hacer los ayuntamientos. No hace falta decir que nos sentimos completamente decepcionados, abandonados y con una sensación de impotencia. Hay que recordar que este camino ha recibido intervenciones públicas por parte del Ayuntamiento", recuerdan las plataformas.
Prevaricación
Con el apoyo ciudadano visiblemente demostrado durante la excursión por el camino el lunes de Pascua, cuando cerca de 800 personas marcharon hasta la Roca de Castellet, las plataformas han reiterado la exigencia de que se detengan inmediatamente las obras de cierre, expresando decepción e impotencia. "El alcalde y la Sra. Hinojosa con esta actitud están prevaricando e infringiendo la Ley de caminos de manera consciente y continuada. Estar al frente de un ayuntamiento implica tomar decisiones políticas; si no, ¿para qué estáis?", sostienen GADMA y la Plataforma Camins Públics i Oberts.
Los representantes de las plataformas consideran que tanto el alcalde como la Sra. Hinojosa están actuando de manera prevaricadora y conscientemente están infringiendo la Ley de caminos. La llamada es clara: los ciudadanos merecen la atención de las autoridades y una decisión política que defienda los intereses públicos ante las presiones particulares.