Pedro Bestard consigue imponer la caza en las fincas públicas de Mallorca

PalmaPedro Bestard ha conseguido sacar adelante una de sus principales apuestas al frente del Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca: abrir las fincas públicas a la práctica de la caza. La institución insular ha aprobado una regulación que permitirá cazar con escopeta y perro de muestra durante diez jornadas de la temporada 2026-2027 y recuperar la caza tradicional de zorzales con redes de collera en la finca pública de Tossals Verds. La decisión culmina una iniciativa que el vicepresidente segundo del Consell y dirigente de Vox empezó a impulsar en 2025 y ha provocado las críticas de MÉS per Mallorca, que le acusa de convertir el patrimonio natural público en su "coto de caza particular".

De hecho, según confirman fuentes consultadas por el ARA Balears, abrir las fincas públicas a la caza no era una prioridad del presidente del Consell, el popular Llorenç Galmés, que tampoco había mostrado interés en impulsar esta medida. Aun así, Galmés ha acabado aceptando una vez más las exigencias de Vox, que ha conseguido sacar adelante su agenda favorable a la caza desde el Departamento de Medio Ambiente. La decisión vuelve a poner de manifiesto el peso del partido de extrema derecha dentro del gobierno insular y las concesiones del PP a su socio.

La medida llega, además, en un momento políticamente delicado para Bestard, después de que la Fiscalía abriera diligencias por presunta malversación a raíz del uso de los coches oficiales del Consell. Los informes internos de la institución constataron que el consejero había dispuesto de tres vehículos de manera exclusiva sin ninguna asignación formal y había realizado desplazamientos que no figuraban en su agenda institucional. A pesar de considerar que esta conducta no era apropiada, el Consell decidió no sancionarlo. Los informes, sin embargo, tampoco acreditaron categóricamente un uso indebido de los vehículos.

Ahora, Bestard ve materializada una de las iniciativas que ha defendido durante el mandato: introducir la actividad cinegética en las fincas públicas gestionadas por su departamento. Según ha anunciado este jueves el Consell, la nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), prevé diez jornadas para cazar zorzales con escopeta y perro de muestra. La participación requerirá una inscripción previa y las plazas se adjudicarán por sorteo.

Las primeras jornadas serán los días 12, 19 y 26 de noviembre. El plazo para inscribirse se abrirá el 28 de octubre y terminará el 3 de noviembre. Posteriormente, habrá dos convocatorias más para las jornadas de diciembre y las de enero y febrero de 2027. El Servicio de Caza asignará las fincas según la disponibilidad y las necesidades organizativas, y los participantes deberán comunicar las capturas efectuadas.

Una iniciativa anunciada en una feria de caza de Madrid

La decisión no es improvisada: en marzo de 2025, Bestard ya anunció, durante una visita a la Feria Cinegética de Madrid, que el Consell había comenzado los trámites para permitir la caza en las fincas públicas. Entre los espacios que figuraban en aquella iniciativa estaban Tossals Verds, Son Fortuny, Son Massip, So n'Amer y la Coma d'en Vidal.

En aquel momento, el responsable de Medio Ambiente defendió que la declaración de cotos y la certificación de calidad cinegética permitirían compatibilizar la caza con la conservación de las poblaciones de cabra salvaje mallorquina. La institución presentaba la iniciativa como una herramienta de gestión de la fauna, mediante censos y seguimiento de las poblaciones.

La propuesta continuó avanzando y, durante la temporada pasada, el departamento impulsó pruebas piloto en fincas públicas como Tossals Verds y Son Fortuny. Ahora, con la regulación aprobada para la temporada 2026-2027, aquella iniciativa deja de ser una prueba puntual y pasa a disponer de un calendario de jornadas de caza.

La nueva normativa también prevé recuperar la caza tradicional de tordos con redes en collados (filats a coll) en Tossals Verds. Para ello, se rehabilitarán al menos seis collados, con la posibilidad de llegar a doce, especialmente en emplazamientos históricos que conservan el topónimo. En este caso, la participación se canalizará a través de las asociaciones integradas en el Consell de Caza, que gestionarán los turnos entre los socios.

El Consell defiende que las actividades se harán de manera "ordenada y regulada", con la supervisión de los agentes de medio ambiente. No obstante, el comunicado oficial no concreta qué limitaciones de acceso se establecerán para los excursionistas y otros usuarios de las fincas durante las jornadas de caza.

MÉS denuncia que Bestard pone sus aficiones por delante del interés general

La decisión ha provocado una dura respuesta de MÉS per Mallorca. La portavoz ecosoberanista en el Consell, Catalina Inés Perelló, acusa a Bestard de haber confundido sus responsabilidades institucionales con sus aficiones particulares.

"Las fincas públicas son de todos los mallorquines, no el patio particular de Pedro Bestard. Si quiere ir a cazar, que no utilice el patrimonio de todos para satisfacer sus caprichos", ha advertido Perelló.

La formación considera que abrir estos espacios a la caza recreativa supone alterar las prioridades de gestión de un patrimonio que debería estar destinado principalmente a la conservación de la naturaleza, la educación ambiental y el disfrute de la ciudadanía.

"Bestard parece haber confundido las responsabilidades de su cargo con sus aficiones particulares. No es el consejero de Caza de sus amigos, es el consejero de Medio Ambiente de todos los mallorquines. Su obligación es proteger las fincas públicas, no convertirlas en un coto de caza a medida", ha criticado la portavoz.

MÉS también cuestiona las consecuencias que la actividad cinegética puede tener para los excursionistas, las familias y las personas que habitualmente recorren estos espacios. "No tiene ningún sentido que el Consell promueva el senderismo y el acceso a la naturaleza y, al mismo tiempo, quiera introducir una actividad que puede generar riesgos, conflictos de usos y limitaciones para el resto de visitantes", ha señalado Perelló.

La formación insiste en que hay que diferenciar el control de las poblaciones animales por motivos de conservación de la apertura de los espacios públicos a la caza recreativa. "Una cosa es gestionar las poblaciones animales con criterios científicos y ambientales, y otra muy distinta es abrir las puertas de las fincas públicas para que unos cuantos puedan ir a cazar", ha remarcado.

Un consejero bajo la lupa de la Fiscalía por los coches públicos

La nueva decisión vuelve a situar a Bestard en el centro de la polémica. El pasado agosto, la Fiscalía abrió diligencias después de que el PSIB denunciara el presunto uso fraudulento de vehículos oficiales de la institución.

La denuncia se presentó a raíz de las informaciones periodísticas sobre el uso de coches del Consell sin identificación institucional y los desplazamientos del consejero a actos de Vox, además de la presencia de vehículos oficiales ante su domicilio.

Los informes encargados por el presidente insular, Llorenç Galmés, constataron el uso exclusivo de tres vehículos sin que existiera ninguna autorización formal que lo justificara. También detectaron al menos una veintena de desplazamientos que no figuraban en la agenda pública del consejero. Entre los trayectos examinados había desplazamientos relacionados con actividades cinegéticas, como la feria de caza de Madrid. El informe del mismo departamento de Medio Ambiente fue concluyente y muy claro, pero no lo fue el secretario de la institución, que intentó salvar a Bestard.

Los técnicos concluyeron que esta conducta no era apropiada, pero que no se podía determinar de manera categórica que se hubiera producido un uso indebido de los vehículos. El gobierno insular optó por no sancionar a Bestard y regular mediante una nueva instrucción el uso de los coches oficiales. El caso, sin embargo, llegó a la Fiscalía, que abrió diligencias para investigar si los hechos podían constituir un delito de malversación. Bestard ha defendido que los desplazamientos cuestionados respondían a su actividad institucional y ha negado haber utilizado los vehículos para finalidades particulares.

Entre los episodios documentados figura un viaje a Madrid para asistir a la Feria Cinegética, en marzo de 2026, junto con su jefa de gabinete. Según el informe interno del Consell, ambos viajaron en ferri hasta Denia y después se desplazaron en coche oficial hasta Madrid. El gasto total del viaje ascendió a 2.612 euros. Los técnicos también examinaron otro desplazamiento a Madrid para asistir a reuniones de la Federación Española de Caza, para el cual no constaba una autorización previa ni un informe justificativo.