Palma solicita a los tribunales el desalojo de los 80 residentes de la antigua prisión

PalmaEl Ayuntamiento de Palma solicitará a los tribunales que se ejecute el desalojo forzoso de las últimas 80 personas que residen en la antigua cárcel, después de desestimar las alegaciones presentadas. Así lo ha confirmado la portavoz y concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de gobierno, en la que se ha aprobado este paso nuevo para recuperar la posesión del inmueble que llegó a estar habitado por más de 200 personas.

Se trata de un proceso que se inició en febrero de este año, a raíz de unos informes técnicos que alertaban del "peligro existente" para las personas que residían allí y era una situación que "afectaba" la convivencia vecinal.

Después de censar a unas 206 personas, se les notificó el inicio de estas actuaciones y los plazos para presentar alegaciones. Una vez agotada esta vía y después de los cinco días hábiles que otorgó el Consistorio para abandonar voluntariamente el inmueble, se ha acordado elevar el expediente a los juzgados para disponer de la orden de desalojo correspondiente.

Durante estos meses, Celeste ha afirmado que han ofrecido una atención "permanente" al dar acompañamiento a "todas las personas" residentes en la prisión, aunque ha advertido que el acceso a estos recursos es "voluntario".

De esta manera, ha detallado que 45 personas han sido derivadas al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) para acudir a centros de acogida temporal y programas de inserción sociolaboral. En otros casos, ha remarcado que también ha habido personas que han abandonado la antigua prisión para irse a la Península, incorporarse al mercado laboral o han sido recluidas en centros penitenciarios.

La representante local ha sostenido que "la mayoría" de las personas que aún quedan "no cumplen los requisitos" para ser atendidas por los servicios municipales o bien porque no están empadronadas en Palma, o bien porque están en situación administrativa irregular.

Preguntada por el tiempo de que podrían disponer estas personas antes de tener la resolución judicial, ha mantenido que "no pueden prever" los tiempos y forma de la justicia. Aun así, ha destacado que en el Consistorio están "abiertos" para continuar con la labor de acompañamiento.

Sobre cuántos de los últimos habitantes cumplen el perfil para acogerse al proceso de regularización extraordinaria de migrantes y por tanto podrían acceder en un futuro a otros recursos, el Consistorio no ha ofrecido una cifra concreta, pero ha atribuido al gobierno estatal que si se hubiera "preocupado", los podrían haber asistido. Aun así, ha puntualizado que Servicios Sociales ha estado "en contacto" con ellos.

Aun así, la concejala ha recalcado que el Consistorio asume "todo el impacto social y económico" de este operativo, cosa que, a su manera de ver, "excede" las competencias locales, por lo que ha criticado que haya habido "implicación cero" por parte del gobierno estatal.

Al mismo tiempo, ha remarcado que se ha mantenido en contacto con otras entidades para explorar diferentes soluciones y se envió una carta al Obispado de Mallorca para plantearle que, si dispone de recursos para alojar a estas personas, los ponga a disposición del Ayuntamiento de manera "inmediata".