“Oficialmente, no vivo aquí”: la emergencia residencial también se extiende al suelo rústico

Palma‘Si no tenéis casa, ni dinero para hacerla (...) poned una caravana / en medio de un terreno / o ampliad una caseta / sin permiso para hacerlo’, cantan los Ànimos Parrec. La canción Veniu a es Pla, ya se ha convertido en un himno a una tierra que no para de acumular transformaciones al margen de la legalidad. Con esta letra, Julià Picornell ironiza sobre la proliferación de viviendas irregulares y asentamientos en suelo rústico del Pla de Mallorca.

En un tramo relativamente corto de una de las carreteras que rodean Petra se pueden encontrar caravanas, casetas de herramientas y otras estructuras reconvertidas en viviendas. La emergencia residencial se extiende más allá del área metropolitana de Palma y de los principales núcleos de población de Mallorca y llega, implacable, al suelo rústico del interior de la isla.

Francisco Lorca es murciano y trabaja haciendo pequeñas reformas. Después de pasar por Alemania y otros países del norte de Europa, se instaló en Mallorca con su pareja y las dos hijas, de cuatro y ocho años. Ahora viven en los cerca de 70 metros cuadrados que ha obtenido uniendo dos remolques de tráiler. “No son contenedores: son remolques y tienen ruedas”, remarca. Compró por 7.200 euros una propiedad dividida en tres parcelas de 4.000 metros cuadrados cuando todavía estaba en el extranjero y decidió establecerse allí con la familia. “Mi mujer se fue a un cámping que costaba once euros al día y yo vine a dormir aquí”, explica.

Dio forma de hogar a los dos remolques de camión, comunicados por dentro y revestidos con una fachada con puerta y ventanas. Instaló placas solares, un depósito de agua y un sistema de depuración. Asegura que los remolques no están anclados al terreno y que no ha hecho ninguna cimentación. “Todo se puede desmontar”, insiste. Entre la compra del terreno, los dos vehículos que, según dice, le costaron 6.000 euros cada uno, y el trabajo, calcula que ha invertido entre 35.000 y 40.000 euros.

La legalidad, sin embargo, no depende solo de si una estructura tiene ruedas. El Ayuntamiento de Petra precintó la construcción el mes de mayo. La actuación comenzó a raíz de una denuncia ciudadana. Tras una inspección ocular, la Policía Local constató que se utilizaba como vivienda sin licencia urbanística ni cédula de habitabilidad. El Ayuntamiento trasladó el expediente al Consejo de Mallorca y la Agencia de Defensa del Territorio ya ha abierto expediente para determinar las medidas necesarias para restablecer la realidad física alterada, que pueden conllevar la retirada de la construcción y la restitución del terreno.

Francisco afirma que los agentes le ordenaron detener los trabajos cuando acababa de colocar el revestimiento exterior y que ha dejado sin instalar el resto del material. Ante el precinto, se defiende con una frase que resume la contradicción en la que vive: “Oficialmente, no vivo aquí”. Legalmente nadie puede residir en un espacio sin cédula de habitabilidad; materialmente, sin embargo, es el lugar donde él, su pareja y sus hijas han construido su vida cotidiana.

No llegó allí, asegura, por gusto. Antes había tenido que vivir en casa de su hermano y había probado suerte fuera de la isla. Con los terrenos comprados y los remolques instalados, él y su pareja completaron el espacio con un cierre de marés y malla metálica que también ha sido denunciado. “Aquí no hay nada para alquilar. Hace tres años que buscamos”, lamenta. Cuenta que incluso se ha ofrecido a terminar casas vacías del pueblo a cambio de poder vivir en ellas: “Hay muchísimas casas en Petra que no tienen ni ventanas. Yo les he dicho: “Yo te la termino y me dejas estar”, pero no entran en razón. Ni alquiler, ni nada”. Y añade: “Me entran ganas de llorar”.

Con el procedimiento abierto, teme que en cualquier momento pueda quedarse sin nada. “Yo no quiero que mis hijas se queden en la calle”, dice. Por eso ya piensa en vender lo que pueda e irse hacia Asturias, donde ha oído que hay aldeas que necesitan habitantes. La sombra de la retirada y el desalojo planea sobre lo que ahora considera su hogar. Si el expediente acaba con una orden de restablecimiento, puede perder buena parte del dinero invertido. “Solo pido vivir, nada más. Si no tengo medio millón de euros, ¿qué culpa tengo yo? Llevo toda la vida trabajando”, insiste.

Prohibido, por ley

La Ley 6/1997, de suelo rústico de las Islas Baleares, establece que fuera de las zonas que el planeamiento general haya habilitado expresamente no se pueden disponer caravanas, remolques y otros elementos móviles susceptibles de ser habitados. Es decir, solo se pueden implantar en espacios delimitados para esta finalidad, como por ejemplo los campings reconocidos por el planeamiento. En el resto del suelo rústico no es un uso que pueda obtener autorización ordinaria, sino una actuación sometida a la disciplina urbanística.

La tesis doctoral de Jaume Munar sobre el régimen urbanístico del suelo rústico balear refuerza el argumento jurídico: fuera de las zonas delimitadas expresamente, estos elementos habitables no se pueden autorizar, ni siquiera de manera provisional. La previsión legal quiere impedir que una licencia temporal sirva para esquivar la prohibición general. Por tanto, que una caravana o un remolque conserve la movilidad no convierte el uso residencial permanente automáticamente en legal.

La competencia para actuar ante estos casos depende de cada municipio. Cuando el ayuntamiento ha delegado la disciplina urbanística en suelo rústico al Consell, corresponde a la ADT inspeccionar, instruir los expedientes y ordenar, si procede, la restitución. Si no la ha delegado, la responsabilidad recae en el consistorio.

Fuentes de la Administración conocedoras de la normativa advierten, además, que muchas de estas implantaciones no se detectan mediante inspecciones de oficio, sino tras denuncias de particulares.

Casos en toda Mallorca

El de Petra no es, ni mucho menos, el único caso de esta tipología de vivienda precaria que se extiende por el suelo rústico de Mallorca. En Manacor, en septiembre de 2025, el Servicio de Inspección de Vivienda del Gobierno detectó 11 barracas que se utilizaban como vivienda cerca del hipódromo. Según la investigación, el propietario cobraba alquileres irregulares a personas vulnerables y los habitáculos compartían solo dos baños y dos cocinas.

En Sencelles la ADT tenía avanzado en 2025 un expediente contra un asentamiento de caravanas en una finca rústica. En estos casos, la sanción puede llegar al 175% del valor de las instalaciones y se pueden añadir multas coercitivas mientras no se restablezca la legalidad. Si el infractor no cumple, la Administración puede retirarlas subsidiariamente, pero fuentes del Consell avisan de que el procedimiento puede durar años. Además, todo se complica cuando el propietario del terreno y los titulares de los vehículos no son la misma persona.

En Santa Eugènia también se han documentado una quincena de caravanas destinadas presuntamente al alquiler residencial por unos 250 euros al mes. Vivían allí familias y trabajadores que no habían podido acceder a una vivienda convencional. El asentamiento, con caravanas, casetas prefabricadas e instalaciones improvisadas, no disponía de agua corriente. La Administración actuó allí por el uso residencial en suelo no urbanizable.

La proliferación de infraviviendas se añade a décadas de edificaciones irregulares y consumo territorial en el campo mallorquín. La disciplina urbanística puede sancionar y ordenar la retirada de lo que la ley no permite, pero no resuelve por qué una familia acaba viviendo dentro de dos remolques.

El precinto de Petra expone la colisión: la Administración debe restaurar la legalidad mientras los residentes no encuentran una alternativa asequible. Entre una norma que prohíbe el asentamiento y un mercado que los expulsa, Francisco y su familia continúan diciendo que aquello es su casa, aunque, oficialmente, no vivan allí. “Si encontrase una casa por 50.000 euros yo me quedaría, porque Mallorca me encanta y mis hijas necesitan estabilidad, pero no hay nada”.